El principal argumento del Gobierno porteño para desalojar el jueves pasado a unas 150 mujeres con sus hijes de una toma en la Villa 31 fue que “el predio (ocupado) está destinado a una nueva escuela para más de 200 chicos de nivel inicial y primario que comenzará a construirse en los próximos días”, según la comunicación oficial difundida por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore. La excusa, que intentaba de alguna manera poner en contradicción dos derechos (la vivienda y la educación), en realidad no terminó siendo más que eso, una excusa: el proyecto de una escuela primaria en esa parcela del barrio no figura en el presupuesto educativo de la Ciudad para 2021 ni tampoco se abrió un proceso de licitación para la obra. Hasta el día de la violencia policial, el supuesto edificio solo existía en la cabeza de los funcionarios encargados de la urbanización y de algunos referentes del barrio que habían oído hablar de él en las reuniones consultivas. Ante la consulta de este medio, fuentes del propio Gobierno porteño reconocieron que todavía no hay nada concreto para mostrar y que esperan que a lo sumo se inicie el proceso «antes de fin de año”.
“Cuando empezó la toma aparecieron algunos funcionarios sobre la existencia de una escuela en los terrenos. Pero la verdad quienes participamos de la Mesa de Urbanización ni los vecinos más comprometidos estábamos al tanto ni de las características que iba a tener ni de cuándo empezaría la obra. Es raro que ahora, después de cuatro años de urbanización, y cuando le rompen el inodoro a una nena y sale en televisión, aparezcan con esto”, describió en diálogo con El Grito del Sur Walter Larrea, docente y delegado de la Escuela Media «Padre Mugica», una de las escuelas del barrio a la que acuden varios de los pibes y pibas que padecieron el desalojo.
Según el croquis que difundió el Ministerio de Desarrollo, el proyecto -de «18 meses de construcción»- abarca una escuela inicial y otra primaria, con 18 aulas en total, de las cuales cuatro estarían reservadas para educación especial. La obra vendría a solucionar en parte un reclamo histórico de las familias del barrio, que necesitan de manera urgente una ampliación de las vacantes, demanda que el Gobierno porteño viene atendiendo con el Polo Educativo y las tres escuelas que remodeló e inauguró desde que empezó la urbanización. Según estiman en UTE, hay más de diez mil pibes y pibas en edad escolar y unas 4 mil vacantes garantizadas. El resto se traslada fuera del barrio, y no todos con el servicio de transporte escolar que debería garantizarles el Estado, algo que viene poniendo de manifiesto el asesor tutelar de Cámara Gustavo Moreno, que elevó varios reclamos al Ejecutivo en ese sentido.
El estado tan incipiente del proyecto contrasta con el apremio que tenían el Gobierno porteño y la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas 15, a cargo de Valeria Massaglia, en que se concretara el desalojo. El verdadero apuro radica en acelerar el proceso de escrituración en el barrio, en medio de la negociación abierta que mantiene el Ejecutivo porteño con la Rosada por el destino de los terrenos, atados a la resolución de la deuda con la CAF por el Paseo del Bajo, una herencia que les dejó Mauricio Macri a ambas administraciones. El PJ porteño ya le planteó este año, vía Máximo Kirchner, al ministro del Interior, Wado de Pedro, y al ex Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que Nación retome la propiedad del predio.
Dos resoluciones de mediados del mes pasado, firmadas por el flamante funcionario a cargo de la urbanización -Tomás Galmarini (quien asumió hace dos meses en la ex Secretaría de Integración, degradada a Unidad de Proyectos, en reemplazo de Diego Fernández)- dan cuenta de que la Ciudad avanza con la regularización dominial. El nuevo «Régimen de Formalización de Unidades Funcionales del Barrio Padre Carlos Mugica» está vigente desde el 16 de septiembre. Cualquier toma de terrenos, sobre todo si no se frena a tiempo, tal como sucedió, podría complicar los planes.
Al combo se suma la nueva ley de catastro porteña, que fue criticada por la oposición porque precisamente facilita la venta de las escrituras en los barrios populares porteños y favorece la gentrificación. El Gobierno porteño “avanza con medidas tendientes a otorgar títulos de propiedad, sin considerar la situación material de las viviendas. La titulación permitiría a les vecines vender sus viviendas y habilitar el avance del mercado inmobiliario. En este objetivo se inscribe la reciente aprobación de la modificación de la ley de catastro, que flexibiliza los requisitos para formalizar parcelas en los barrios populares”, denunció el CELS en un comunicado posterior a la represión.
Otro de los problemas que derivaron en la toma, además de la violencia machista de las que huían las madres que la iniciaron, fue que el ministerio a cargo de Migliore comenzó a poner cada vez más trabas para otorgar el subsidio habitacional porteño (conocido como el “690” por el decreto que lo implementó, hace más de diez años) a quienes alquilan en villas y asentimientos. De las 52 unidades familiares censadas por el BAP durante el desalojo, solo 17 lo cobraban. El alquiler más barato en el barrio, donde el ingreso promedio está muy lejos de la canasta básica, no baja de los 10 mil pesos.
