“Sin identidad no hay futuro”, dice una de las consignas con que organizaciones civiles y sociales se movilizarán este sábado hacia la Legislatura porteña para denunciar que Buenos Aires se está quedando sin su patrimonio arquitectónico histórico. “No sólo estamos perdiendo parte de nuestro propio legado cultural, sino también calidad de vida: la expansión de la especulación inmobiliaria está haciendo que casi todos los barrios estallen de cemento, cuando necesitamos todo lo contrario, como quedó demostrado con la pandemia”, explicó en diálogo con El Grito del Sur el arquitecto Mauro Sbarbati, miembro de la ONG Basta de Demoler.
La intención de las organizaciones es plantear la necesidad de una serie de políticas públicas que protejan de su demolición a unos 141 mil edificios construidos antes de 1941, año que se fijó por ley como punto de partida para ser declarados patrimonio arquitectónico. De ese universo de edificios, sólo un 13 por ciento, unos 18 mil, están a resguardo, aunque en una suerte de “limbo legal”, dado que para prohibir su demolición la Legislatura debe aprobar un proyecto de ley por cada uno, y en su mayoría están cerca de perder estado parlamentario. El organismo encargado de determinar el “valor” de los edificios de la Ciudad es el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), que no reconoce la participación de les vecines ni de sus ONGs.
“Nosotros no decimos que no hay que construir, sino que no hay que demoler. De hecho, una de nuestras propuestas es tomar el modelo de Montevideo, que utilizó las viviendas de su casco histórico para refaccionarlas, ampliarlas y utilizarlas para construir vivienda social”, argumentó Sbarbati. Otras de las propuestas del colectivo es la creación de un organismo de control vecinal de todo el patrimonio.
Parte del problema que denuncian las organizaciones tiene que ver con el nuevo código urbanístico, que permitió ampliar la capacidad constructiva hacia el cielo en todos los barrios porteños, y las excepciones para construir que distintas empresas consiguieron mediante convenios puntuales con el Gobierno porteño. “Solicitamos que de forma urgente se suspendan los efectos del Código Urbanístico, aprobado en el 2018, que permite la destrucción de la identidad de los barrios residenciales de casas bajas e impulsa la sobreconstrucción en otros barrios ya consolidados sin que se haya establecido cómo se incrementará la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, necesaria para soportar el aumento de la densidad constructiva y demográfica”, dijo por su parte Jonatan Baldiviezo, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad.
“Necesitamos repensar la planificación de la Ciudad y de su área Metropolitana frente a la crisis habitacional, ambiental y sanitaria. La nueva Planificación debe responder a una Democracia Participativa y Ambiental. Las comunidades y la ciudadanía somos quienes debemos decidir cómo vivir. Necesitamos que dejen de defender los intereses económicos de unos pocos en contra de los derechos colectivos de la ciudadanía. La construcción de mega edificios no resuelve en absoluto el déficit habitacional de larga data en la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.
“La nueva Planificación debe responder a nuevos paradigmas urbanos basados en criterios de justicia ambiental, climática, de género y social. Necesitamos mejorar el ambiente urbano con más espacios verdes, protegiendo el arbolado público y recuperando la totalidad de la costanera para el disfrute y goce del conjunto de la ciudadanía”, señaló por su parte María Eva Koutsovitis, de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la UBA.
