Ningún territorio está libre de violencias, mucho menos en el Conurbano, pero el municipio de Moreno tiene al menos dos resultados para mostrar: logró reducir en los últimos dos años los homicidios dolosos en un 30 por ciento respecto del bienio 2018-2019 en base a una fuerte campaña de desarme y ya desactivó preventivamente unas 150 tomas de tierras con la premisa de no reprimir. Uno de los responsables de esa política pública exitosa y disonante en materia de seguridad es Nahuel Berguier, quien antes de asumir como secretario de Justicia local convocado por Mariel Fernández fue abogado de derechos humanos y de víctimas de gatillo fácil. En diálogo con El Grito del Sur, el funcionario reflexionó sobre el fusilamiento de Lucas González a manos de la Policía de la Ciudad y sobre el contexto de «inseguridad» y violencia que se vive en los territorios, donde muchas veces el Estado falla o mata, en el peor de los casos. «La responsabilidad en estos casos la tiene un sector de la política, la que difunde mensajes de odio y demagógicos, que no sólo nunca dieron resultado sino que comprometen finalmente a los propios agentes», dijo y pidió «animarse a un debate profundo» sobre la formación de las fuerzas.
El asesinato de Lucas tuvo lugar tan cerca en el tiempo de la proliferación de discursos de mano dura que resulta imposible no vincular una cosa con la otra. ¿Cuánto influye realmente ese clima mediático, político, con lo que después pasa en el territorio?
Los discursos de odio que reivindican la violencia como resolución de conflictos, siempre demagógicos, por supuesto que después terminan habilitando este tipo de ilícitos que comete la policía, este brutal homicidio de Lucas por el que los agentes tienen que ser juzgados con todas las de la ley. Pero sobre todo hay que entender que esos discursos de demagogia punitivista no empoderan a los agentes, como dice por ejemplo Patricia Bullrich, sino que por el contrario los perjudican, porque el que después paga es el eslabón más débil, el último de la cadena de mando, el agente que está en calle. No son los políticos que defienden el accionar de Chocobar los que después terminan (en el mejor de los casos) frente a un tribunal, sino los propios Chocobar. Estos hechos de la más cruda violencia institucional, como el de Lucas, nos deben convocar a un profundo debate sobre qué sociedad queremos, sobre qué rol tiene que tener el Estado: si el Estado está para resolver esos conflictos, para reducir los niveles de violencia en general, o para provocarlos, como en este caso, en una parábola tremenda que se paga con vidas.
Es curioso, además, que se pidan mayores penas cuando en los últimos años precisamente las leyes sancionadas en la materia han sido casi todas de endurecimiento. Al fin de cuentas, ¿termina dando resultado un enfoque punitivista de la seguridad?
Ese es otro mito, si querés. No sólo no hay evidencia “científica” de que aumentar las penas dé resultados, sino que además no se comprueba en la realidad concreta. No tiene ningún tipo de eficacia en la reducción de violencias. Nos la pasamos discutiendo aumentos de pena que se han traducido legislativamente que no dieron resultados y que lo único que lograron es que empeoraran los índices de violencia institucional.
¿Cuál es la salida, entonces?
Hay que plantear seriamente el abordaje de la cuestión de las violencias en la sociedad, que es un problema de toda Latinoamérica y que a partir de los años 90s está muy presente en los conurbanos. Hay que animarse a dar un debate muy fuerte sobre la formación de las fuerzas de seguridad, desde los límites del cumplimiento de la ley. Con el Código Penal en la mano se puede ser muy claro respecto de esos límites. También hay que mejorar en la capacitación de las policías, invertir en la logística y reforzar el equipamiento y la capacidad de despliegue de las fuerzas de seguridad, desde un enfoque preventivo y en actuaciones vinculadas a los delitos complejos. Yo creo que el gobernador Axel Kicillof y el equipo de formación profesional de la gobernación están haciendo intentos muy importantes en todos esos sentidos, y que hay voluntad. El Gobierno nacional también, a través de la recuperación del Fondo del Conurbano, por ejemplo, pero recién van dos años y hay mucho por hacer. Además, valoro mucho el acto que hizo el presidente Alberto Fernández junto a las cooperativas de trabajo que integran a pibes que salen de situaciones de cárcel. Es un lugar común, pero es indispensable que eso se traduzca en políticas públicas reales de reinserción laboral, tan necesaria para las personas liberadas, esos “ofensores primarios”, para que salgan de los circuitos delictivos y disminuyan las tasas de reincidencia.
El ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, dijo pocos días después del asesinato de Roberto Sabo mientras atendía su kiosko en La Matanza, que al progresismo y al peronismo les cuesta debatir frente a la sociedad sobre el problema de la violencia y la “inseguridad”. ¿Coincidís?
Creo que sí. Nos cuesta. En Moreno tenemos un ejemplo interesante, de todos modos. Tenemos una intendenta que viene de un movimiento social y de un trabajo muy fuerte en los barrios y que a la vez ha vivido la situación de inseguridad en carne propia: se tuvo que ir de su propio barrio porque grupos narcos entraron a su casa antes de asumir. Por lo que es un tema que tiene como máxima prioridad. Nuestra dinámica de trabajo tiene que ver con un abordaje multiagencial de las violencias, que se coordina con la Provincia, con el Ministerio Público Fiscal y a través de mesas de Seguridad, y la verdad es que dos años hay resultados: incautamos armas en un 40 por ciento más que la gestión anterior y pudimos bajar los homicidios dolosos en un 30 por ciento, además de haber evitado más de cien tomas de tierras sin represión el año pasado.
Algo que surge en las declaraciones de las víctimas es una gran impotencia frente a la impunidad y que “nadie se hace cargo” de lo que pasa. ¿Cómo se revierte esa sensación?
Esa sensación existe y va de los casos más graves a los más pequeños. Se requiere de una profunda reforma de los sistemas de administración de justicia, primero, para mejorar la intervención sobre la criminalidad organizada. También, como decía, más recursos, tanto humanos como logísticos. Falta dar una mayor resolución al conjunto de los casos, desde lesiones a un robo o un hurto en un barrio: el tiempo que tarda en el circuito policial judicial es eterno. Pero se puede dar respuesta a través de determinados tipos de intervención para combatir ese clima de impunidad, hay que tener voluntad política. Porque además, muchas veces esa no resolución de los delitos comunes es la que después hace permeable a los discursos de mano dura, cuando en realidad no tiene que ver una cosa con la otra.
El secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, volvió a insistir ayer con que el uso de pistolas Taser podría haber evitado el asesinato de Lucas. ¿Cuál es tu posición al respecto?
Que es una barbaridad y tiene que ver con avalar el formato de actuación de los policías. En el caso puntual de Lucas deberían explicar qué hacía una brigada de civil realizando tareas «preventivas». Fundamentalmente en la zona sur de la Ciudad vienen ocurriendo casos graves de violencia institucional que se fomentan desde la demagogia y el odio, hay una responsabilidad política.
Se difundieron audios, después del asesinato, en el que agentes de la Policía de la Ciudad llamaban «cacos» a los pibes. ¿Qué se hace frente a eso?
Prefiero hacer cargo a la política de eso. Los discursos de odio son los que llevan a estas cosas. Los policías son agentes públicos con una direccionalidad política. Son prácticas de años, culturales. Hay que invertir en la capacitación y promover un cambio cultural en la formación de las policías. Yo hago responsable a la política, a la que difunde mensajes de odio, ahí es donde tenemos que hacer el eje.
