En 2006, a partir de la sanción de la Ley 26.160, Argentina declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras habitadas por comunidades indígenas preexistentes. Esta normativa vino a reafirmar el reconocimiento realizado por la reforma constitucional de 1994, donde se legitimó «la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan». A su vez, representó un avance en materia de derechos y un compromiso respecto a las obligaciones asumidas por el Estado frente a organismos internacionales.
Si bien es un avance en materia de Derechos Humanos, al ser una ley de emergencia, la normativa debe renovarse cada cuatro años, plazo que ya fue rectificado en dos oportunidades. El nuevo vencimiento está previsto para el 23 de noviembre si no se aprueba la prórroga en el Congreso, razón por la cual los pueblos indígenas exigen su tratamiento urgente en la Cámara Baja.
”Considerando que ya cuenta con media sanción en el Senado y que hoy se trata en la Comisión de Presupuesto estamos solicitando que la sesión plenaria sea convocada para jueves o viernes de esta semana, ya que estamos al límite”, explicó a El Grito del Sur Néstor Jerez, cacique pueblo Ocloya, que divide su tiempo entre las oficinas donde intenta concientizar funcionarios y la calle. “Entendemos que está en juego la vida de toda la humanidad y no solo de los pueblos indígenas, porque estamos hablando de los bienes naturales y lo que intentamos es frenar el saqueo y la destrucción de la madre tierra. Para eso es fundamental que las comunidades sigan habitando sus territorios porque somos guardianes de la naturaleza”.
A rasgos generales, la ley 26.160 establece que quedan suspendidos los desalojos y la desocupación de los territorios indígenas e impone que se realice un relevamiento técnico y jurídico de los mismos; algo que, según datos oficiales del INAI, para agosto de este año seguía sin concluirse en 1015 de las 1760 comunidades. En caso de no renovarse la legislación, los pueblos originarios quedarían expuestos a ser desalojados por grandes empresas, perdiendo la garantía legal sobre sus territorios y sumando aún mayores obstáculos a las comunidades que no han sido censadas.
“Esta ley no solo protege, sino que reconoce a las casi 2 mil comunidades preexistentes. Para que realmente se tenga en claro cuál es el territorio que debe garantizar el Estado, es necesario el paso previo que significa la delimitación de la ocupación actual», afirmó Jerez. «Los pueblos indígenas tenemos otra cosmovisión. Para nosotros, el territorio no solo es un bien material sino parte de lo cultural y espiritual”.
Respecto a las medidas a futuro que se deben tomar para saldar la deuda ancestral, Néstor entiende que es necesario que se reconozcan las propiedades de las comunidades indígenas y se avance hacia más derechos. Es por eso que en diferentes partes del territorio se están realizando manifestaciones, clases abiertas y acampes, consiguiendo adhesiones de organizaciones, referentes y universidades. Para este miércoles desde el mediodía se convoca a una jornada nacional de acampe y vigilia frente al Congreso, exigiendo que la Cámara de Diputados apruebe inmediatamente el proyecto enviado desde Senadores.
“Hemos estado siempre en los lugares estratégicos, conviviendo en armonía con los elementos naturales que dan sustento a toda la población y van a permitir sobrevivir a las siguientes generaciones. Ya estamos viendo las consecuencias de la explotación minera y eso puede llevar a que en un futuro no haya agua. Son grandes preocupaciones que si no reaccionamos ahora pueden ser terribles, por eso pedimos que nos acompañem todos, porque esta lucha es en verdad de toda la población”
