Luego de que el caso de Lucas González, el joven brutalmente asesinado por la Policía de la Ciudad, tomara relevancia mediática, la agenda pública volvió a girar en torno al complejo entramado de complicidades que se esconden detrás de cada caso de gatillo fácil. Frente a la conmoción, las agrupaciones de familiares se organizaron para movilizarse y la sociedad quedó dividida entre quienes exigieron mano dura y quienes cuestionaron los abusos policiales. Sin embargo, poco se habla de qué sucede con las mujeres y feminidades víctimas de gatillo fácil: según el CELS, entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías, y de los 229 femicidios contabilizados este año por el Observatorio de Violencias de Género «Ahora que Sí nos Ven», 19 fueron perpetrados por policías, cuatro por efectivos de las Fuerzas Armadas y uno por la Gendarmería.
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Florencia Magalí Morales tenía 39 años, vivía en San Luis y trabajaba de mucama en un hotel cuando fue interceptada por la policía provincial. El 5 de abril de 2020, Florencia fue detenida yendo a comprar comida bajo la excusa de estar violando la cuarentena y conducir su bicicleta a contramano. Ese mismo día, la muchacha quedó presa en la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara y horas después los agentes la reportaron muerta, fruto de un supuesto ahorcamiento. Si bien las autoridades sostuvieron desde el primer momento que se trató de un suicidio, la familia negó rotundamente la posibilidad e insistió en que había sido asesinada al intentar resistir el abuso policial. “Desde el primer momento el perito no realizó estudios que eran fundamentales, como por ejemplo el hisopado en las uñas, lo que generó que con el paso del tiempo se perdieran pruebas por el estado de descomposición del cuerpo. Nosotros no nos rendimos e insistimos en que se estaban encubriendo porque siempre tuvimos razones, entre ellas el testimonio de otros detenidos, que nos permitieron sostener que no fue un suicidio”, aseguró a El Grito del Sur Andrea Morales, hermana de la víctima quien reside en Mendoza, de donde ambas eran oriundas.
A pesar de la indiferencia estatal, los Morales continuaron la investigación logrando repetir la pericia, que terminó de confirmar que la joven contaba con signos de autodefensa. “En San Luis todos saben lo que pasó pero nadie quiere hacerse responsable, son cómplices entre ellos y se tapan. Es un feudalismo. Cada vez que la visitaba mi hermana me decía que los policías eran unos babosos y miraban a las mujeres. No sé si se la quisieron llevar para una red de trata o cuál fue el móvil, pero que se suicidó ya está comprobado que no”, agregó Andrea.
La invisibilización de las mujeres víctimas de gatillo fácil se da por diferentes motivos, entre ellos algo de lo que denunciaron familiares y amigos de Lucas: hay un estereotipo de víctima de los abusos policiales que se limita al varón joven, morocho, de barrio popular vestido con gorra y camiseta. Según la legisladora porteña electa del Frente de Izquierda Alejandrina Barry (asume el 10 de diciembre), para resolverlo no basta con promover capacitaciones aisladas, sino que se es necesario revisar la función de las fuerzas de seguridad en el capitalismo. “Esto tiene que ver con el rol que cumple la policía en esta sociedad, que es el control y la represión a quienes se corren del sistema. Sin duda está atravesada por una perspectiva de clase, pero cuando más casos de represión a la juventud se ven es cuando están amparados por los representantes políticos y eso es lo que estuvimos escuchando durante la campaña de todos los sectores, desde Patricia Bullrich hasta Berni, pasando por Espert”. “El discurso de mano dura solo envalentona a las fuerzas de seguridad en una práctica sistemática de represión a la juventud de los barrios populares”, sostuvo.
“En el problema es que los casos de violencia institucional difícilmente trascienden y eso tiene que ver con un posicionamiento muy peligroso que va ganando terreno y es el de que todo castigo que recaiga sobre alguien que haya cometido un delito es válido o no sería tan grave”, enfatizó por su parte Victoria Montenegro, legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. “La sociedad no ve con tanto espanto la violencia sobre alguien que supuestamente cometió un delito. Después hay que probar si lo hizo o no, pero como punto de partida ya resulta menos grave”, continuó Montenegro, quien se presentó personalmente ante los tribunales federales para pedir que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita entre policías y funcionarios de la Ciudad.
Para Andrea, el silenciamiento de las mujeres víctimas de gatillo fácil es parte de la misma arquitectura patriarcal. En su opinión, la indiferencia es otra de las arista más de la hipocresía y la falta de atención real que el Estado tiene hacia los colectivos feministas “Esto sucede porque Argentina sigue siendo un país machista. No se habla de las mujeres víctimas de violencia institucional, somos ignoradas en nuestros reclamos y cuando nos manifestamos nos reprimen. Todo entra en una lógica de complicidades por la cual la policía abusa y el Estado adormecido mira para el otro lado”.
A la familia de Gisela Dupertuis (32) también intentaron decirle que se trataba de un suicidio. La joven, que trabajaba en el comando de patrullas de Ezeiza, fue encontrada muerta el 26 de diciembre de 2018 de un tiro en la cabeza en la misma cama que compartía con su novio, el agente municipal Jonathan Giuliano. Mientras Giuliano declaró que la mujer se había suicidado tras una crisis de nervios luego de una discusión de pareja, sus allegados descartaron la hipótesis y siguieron investigando. La pericia balística ampliada encontró que en la habitación había más de un disparo y logró el cambio de carátula de “averiguación de muerte” a «homicidio agravado por vínculo», por lo cual intervino la UFI N°2 de Ezeiza. Más de un año después del asesinato, el 14 de febrero del 2019, la Justicia ordenó la detención de Jonathan, quien estuvo prófugo por un día. Según aseguró el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la familia no duda de la complicidad de la Policía Bonaerense para encubrir el crimen.
“Siempre las que se han puesto a la cabeza de la lucha por denunciar e impedir los entramados y el ocultamiento de la Justicia han sido mujeres: madres, hermanas, amigas y compañeras. Así como en la dictadura las referentes de las búsquedas eran mujeres, en los casos de gatillo fácil también cumplen un rol protagónico”, agregó Barry que, como hija de desaparecidos, conoce en primera persona la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.
“En los casos de gatillo fácil, lo que uno encuentra es que son las mujeres las que arman y fomentan estos colectivos donde reunir las experiencias, que siempre son complejas, y marcar los caminos a transitar después del hecho. A veces es muy difícil discutir estos temas en la sociedad porque surgen discursos nefastos que vienen de las peores épocas de nuestra historia. Ahí es donde las mujeres cumplen un rol fundamental para que no vuelva a pasar y no tengamos que escuchar de nuevo ese grito que cada vez es más desgarrador”, agregó Montenegro.
Como se vio en el caso de Lucas, el uso de las armas reglamentarias es uno de los principales factores de riesgo a la hora de pensar en la violencia ejercida por parte del personal de seguridad, tanto en servicio como fuera de horario. Esto afecta especialmente a las mujeres que conviven en el círculo íntimo del agente. Según el informe “Cuando el macho dispara”, del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (INECIP) entre 2013 y 2018, un 23% de los femicidios se realizaron con armas de fuego, siendo 1 de cada 4 atacantes parte de las fuerzas de seguridad. Además, el CELS registró que entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías y 17 eran funcionarias de seguridad. Asimismo, de los 229 femicidios contabilizados este año por el Observatorio de Violencias de Género «Ahora que Sí nos Ven», 19 fueron perpetrados por policías, cuatro por efectivos de las Fuerzas Armadas y uno por la Gendarmería.
“Sin dudas, la Ley Micaela y su efectiva implementación es fundamental para sensibilizar, concientizar e incorporar la perspectiva de género en todos los funcionarios del Estado. Sin embargo, vemos que no es suficiente. Es necesaria una reforma completa de las fuerzas de seguridad y sus protocolos de intervención con la inclusión de una mirada de género e interseccionalidad, pero también con más y mejores recursos. No podemos eliminar la violencia de género ni la violencia institucional, sin presupuesto destinado a controlar, formar y capacitar a los agentes”, enfatizó Lara Andrés, integrante del Observatorio. “Necesitamos romper las estructuras corporativas y de connivencia que tienen las fuerzas de seguridad con la Justicia. Es por eso que mantenemos la lucha por una reforma judicial feminista, esto incluye también lo que corresponda al control de las fuerzas, quién mira y controla a la policía, quién controla que se implementen los protocolos y las medidas que aplica la Justicia”.
Camila Arjona será la última historia nombrada en esta nota, más por falta de espacio que de ejemplos. Ella tenía 14 años y estaba embarazada de cuatro meses en 2005, cuando fue asesinada por Adrián Bustos, miembro de la Policía Federal. El crimen ocurrió en la Villa 20, Lugano, luego de un altercado entre tres policías y un grupo de jóvenes que se negaban a ir a comprarles cocaína. Preocupada por los ruidos, Camila salió junto con su novio a averiguar qué sucedía. En ese momento recibió el disparo de Bustos, quien luego la levantaría de los pelos para ver si estaba viva y le pisaría la cabeza. Según explicó en ese momento el abogado defensor, José Vera, en la escena del crimen se secuestraron ocho envases de cerveza, lo que permitió inferir que los policías estaban alcoholizados al momento del hecho. «Soy un excelente tirador y estoy seguro que la bala que mató a la chica no fue disparada por mí», dijo el ex policía federal, cuando fue condenado a cadena perpetua por el crimen, en 2008.
“En la Policía de la Ciudad, la mayoría son chicos y chicas jóvenes de barrios populares del conurbano que una vez que se forman replican de diferentes maneras la violencia institucional. El desafío está en la formación, no solo al momento en que ingresan sino a lo largo de toda su trayectoria. Hay que darles herramientas para que sepan sobre derechos humanos, para que conozcan las historias de violencia que hubo en nuestro país, para diferenciar los delitos de los casos de salud mental. Los y las policías no son máquinas, pueden tener stress postraumático por la pérdida de sus compañeros o estar atravesados por los consumos problemáticos. Hay que gestionar efectivamente los recursos con los que cuenta la fuerza para que los y las agentes se puedan nutrir y combatir el crimen de manera legítima, algo que lamentablemente no sucede en la Ciudad de Buenos Aires”, subrayó Montenegro.
“Por acción, omisión o negligencia hay un sistema patriarcal que convive y es cómplice de la violencia de género y la violencia institucional. Conocemos los casos de violencia institucional a mujeres que intentaron hacer una denuncia por violencia de género y que no se la tomaron, como por ejemplo el femicidio de Úrsula Bahillo, el caso de Rubén Martínez, policía de la Ciudad de Salta, que violó a la mujer que debía proteger, o como aquellos casos de femicidas dentro de las fuerzas. No son sucesos aislados, son claros ejemplos de violencia machista en el marco del poder institucional”, concluyó Lara Andrés.
