Cuatro proyectos de ley del oficialismo porteño que benefician al sector inmobiliario y terminan de privatizar la zona costera de Buenos Aires obtuvieron ayer dictamen favorable en un plenario de comisiones de la Legislatura local que terminó a los gritos y con acusaciones cruzadas. El bloque opositor del Frente de Todos alegó sobre el cierre de la reunión que se habían vencido los plazos establecidos en el reglamento del cuerpo para debatir los expedientes, buscando postergar la sesión convocada para aprobarlos, pautada para el próximo jueves. Pero el oficialismo, que cuenta con amplias mayorías, logró imponerse y levantó el debate. “Fue un acto de autoritarismo”, denunció la legisladora Lucía Cámpora.
El polémico paquete de cuatro leyes, todas con la firma de Horacio Rodríguez Larreta, abarca la rezonificación del predio de Costa Salguero para habilitar la construcción de un complejo de edificios VIP, la autorización de excepciones al Código Urbanístico vigente para “legalizar” una serie de torres ya en obra, y la aprobación del convenio para que IRSA construya un nuevo Puerto Madero en los ex terrenos de la Ciudad Deportiva de Boca y de otros once convenios redactados a la medida de empresas constructoras que proyectan nuevos edificios en zonas residenciales.
Los proyectos ya habían sido aprobados en primera lectura y fueron sometidos a debate durante varias audiencias públicas este año y el anterior, en las que cosecharon el rechazo de miles de porteñes. Varios de los textos ingresaron en la noche del jueves al temario del plenario de comisiones, con algunos cambios que, según dijeron legisladores del oficialismo, incluían una “escucha” de los reclamos de la ciudadanía durante las instancias de debate, lo que despertó mayores rechazos de la oposición. «Es una tomada de pelo. En la sede del Gobierno porteño de Parque Patricios funciona una inmobiliaria», disparó el jefe de bloque del FdT, Claudio Ferreño.
La estrategia de la oposición se basó en extender la mayor cantidad de tiempo posible el debate del plenario de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto, y para ello echó mano de unas 150 cartas que enviaron agrupaciones vecinales en contra de los proyectos, que fueron incluidas en el temario. Según el Frente de Todos, el oficialismo necesitaba aprobar los proyectos antes de las dos de la tarde del jueves para poder enviarlos al recinto una semana después, según el propio reglamento del cuerpo. La discusión de fondo era cuándo se sesionaría: a partir del recambio de bancas del 10 de diciembre, el bloque Vamos Juntos quedará muy justo para imponer mayorías (deberá hacer una alianza con el sector de ultraderecha encolumnado con Javier Milei) por lo que prefiere aprobarlos antes. Además, el proyecto de Costa Salguero perdería estado parlamentario.
Pasadas las cuatro de la tarde, el oficialismo aprobó los dictámenes y mandó los proyectos para la sesión del jueves 2 de diciembre. «A pesar del blindaje mediático que protege al Jefe de Gobierno, seguiremos luchando por una ciudad más justa», se resignó Ferreño. No se descarta, de todos modos, que la sesión sea objetada mediante un pedido de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo porteño, algo que ya sucedió con la venta de Costa Salguero, en 2019, frenada por una medida cautelar.
“Es de público conocimiento el rechazo que generó en gran parte de la ciudadanía el proyecto de venta de las tierras costeras, que motivó la audiencia pública más larga de la historia de la Legislatura. Con más de 7.000 inscriptos, el 98% de los participantes que hicieron uso de la palabra rechazó el proyecto que ahora Larreta pretende aprobar en claro desinterés por lo expresado por tantos porteños y porteñas”, afirmaron desde el Frente de Todos en un comunicado difundido ayer.
En paralelo a la sesión, diferentes organizaciones ambientalistas y vecinales se concentraron frente a la Legislatura. “Vamos a perder la costanera norte, vamos a tener torres en el humedal, otras once torres en los barrios ya más densificados, y vamos a legalizar obras ilegales. Si todo eso sucede, va a ser la sesión más escandalosa de los últimos 30 años”, denunció Jonatan Baldiviezo, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. “No nos quedará otra que ir a la Justicia”, aseguró.
