«De los 218 casos de desaparecidos en democracia, el 30% faltan los cuerpos»

🗣️ Luego de presentar su libro "Desaparecer en democracia", la periodista Adriana Meyer analiza la necesidad de reformas en la Policía y la Justicia, y pone la lupa sobre el manejo de las fuerzas de seguridad.

El libro Desaparecer en democracia reúne por primera vez las desapariciones forzadas a lo largo de las últimas cuatro décadas y analiza la trama de complicidades policiales, estatales y judiciales. Su autora, Adriana Meyer, es una periodista de extensa trayectoria en la investigación de estos crímenes de Estado, donde se repite un modus operandi: la intervención activa del aparato estatal y el ocultamiento de los cuerpos. «El Estado tiene una deuda impresionante. De los 218 casos que aborda el libro, el 30% no están los cuerpos», señala Meyer en diálogo con El Grito del Sur.

La periodista analiza a lo largo de esta entrevista el problema de la desaparición forzada de personas en democracia, la necesidad de reformas policiales y judiciales, así como los cambios y continuidades en el manejo de las fuerzas de seguridad con la llegada del gobierno de Alberto Fernández.

En las páginas de tu libro planteas que en los primeros años de la vuelta a la democracia hubo un muro de invisibilización en cuanto a las desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo se logró romper este cerco y cuándo empezó a hablarse públicamente de «desaparición de personas» en tiempos de gobiernos constitucionales?

En los primeros años de la democracia posteriores a la dictadura y al genocidio ocurrido en Argentina, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) explica -en palabras de su fundadora María del Carmen Verdú- que por aquellos años los organismos no tomaban en cuenta ni veían como una violación a los Derechos Humanos (DD.HH.) cuando aparecía un pibe golpeado en la comisaría. Lo que sucedía era que el inconsciente colectivo no podía tolerar que con el regreso a la institucionalidad ocurrieran este tipo de crímenes y sobre todo el crimen de crímenes, que es la desaparición forzada. Sin embargo, ya a los pocos días de la asunción de Alfonsín, José Luis Franco -un chico de 23 años- fue desaparecido por la policía en Rosario. Costó bastante visibilizar este tema, pero el caso bisagra fue el de Jorge Julio López, donde si bien había sectores que se resistían a calificarlo como una desaparición, no cabía otra palabra porque de él nunca se supo más nada y no se encontró su cuerpo. Ante la evidencia de este hecho, tanto la sociedad como los organismos de DD.HH. y los propios gobiernos sucesivos no tuvieron otra opción que asumirlo y decir las cosas por su nombre.    

También haces una descripción certera de las acciones que despliegan los agentes del Estado inmediatamente después de una desaparición. ¿Por qué el modo en que funciona el Estado hace que no pueda responder ante una desaparición?

La respuesta es muy simple: el Estado es cómplice. Por supuesto que el Estado no es unilineal y que hay matices, pero el denominador común que encontré al analizar los más de 200 casos ocurridos en períodos constitucionales es que rara vez hay una superioridad que reacciona rápidamente. La actitud en el 99% de los casos es encubrir a partir de la inmediata comisión del hecho. Pasó el año pasado por ejemplo con la desaparición forzada de Luis Espinoza en Tucumán. Además, el Estado -entendido como el Poder Judicial y las fiscalías- no tiene una actitud de pensar este crimen de crímenes e investigar a la fuerza que lo cometió, así como asistir y creerle a la familia. Tanto en las comisarías como en los juzgados se busca la impunidad y encubrir a la fuerza que perpetró esa desaparición. Con raras excepciones se encuentra algún funcionario que entiende lo que se está hablando y reacciona en consecuencia. A nivel de herramientas del Estado, faltan protocolos específicos y registros de NN, lo cual significa reflejos rápidos para este tipo de casos.      

¿En qué contribuiría poner en debate la necesidad de una reforma policial y judicial para democratizar dichos poderes? 

Ese es un tema muy importante. Algunas herramientas posibles surgen de las propias entrevistas a personas que saben de este tema. Luis Fondebrider, quien fuera presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense hasta hace muy poco, dice una cosa muy clara: «Nosotros tenemos un diagnóstico de lo que falta hacer, pero no hemos podido a lo largo de los últimos gobiernos sentar en la mesa a los diferentes actores para ponerlo en práctica». Es decir, más allá de la declamación y la buena voluntad de algunos funcionarios, hace falta que este tema se encuentre de verdad en la agenda política para que haya un cambio. Respecto a las fuerzas policiales y de seguridad, es muy complejo porque algunas de las personas que yo entrevisté hablan de fuerzas totalmente corrompidas. Todas las reformas de buenas intenciones han fracasado hasta ahora. León Arslanián y Felipe Solá cuentan, por ejemplo, que a los dos días de la reforma recibieron 50 llamados de intendentes del Conurbano quejándose porque les estaban tocando a sus soldados.    

Adriana Meyer

Al comienzo del mandato de Alberto Fernández, se habló de los «sótanos de la democracia» -refiriéndose principalmente a los servicios de inteligencia- pero finalmente estos temas quedaron en un segundo plano…

Los servicios de inteligencia son parte del entramado encubridor de las desapariciones forzadas. A Sergio Maldonado lo espiaron ilegalmente, le pincharon el teléfono. Tanto los servicios de inteligencia como algunas fuerzas policiales tienen cierta autonomía propia que no es solo política o ideológica, sino económica. Hace falta por supuesto una voluntad política, yo tengo la sensación de que con la gestión de Cristina Caamaño en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) algo estaría cambiando tenuemente. Por el nivel de autonomía que tienen los actores mencionados, no es fácil cambiar las cosas. 

Recientemente se produjo la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro en plena pandemia de covid-19. ¿Qué lecciones políticas dejó este caso para la lucha de los organismos de DD.HH.?

En primer lugar, la necesidad de actuar en forma conjunta: no habríamos llegado a conocer ni la décima parte del caso si no fuera por el equipo de abogados de la familia -Leandro Aparicio y Luciano Peretto-, el apoyo activo de la Comisión Provincial por la Memoria y el cambio de fiscalía. Al principio del caso, hubo un fiscal que solo se dedicó a encubrir y está denunciado en la Procuración. Hubo un antes y un después cuando Cristina Castro, la madre de Facundo, viajó a Buenos Aires para ser recibida en la Casa Rosada, así como cuando el procurador Casal sumó a dos fiscales especializados. A partir de estos cambios, hubo un trabajo coordinado y la lección fue esa: la necesidad de estar muy atentos, estar en el territorio, no hacer disputas de cartel, y sobre todo trabajar coordinadamente mediante la línea que va marcando la querella de la familia y de la víctima. Es clave tener reflejos rápidos porque la maquinaria encubridora actúa con total impunidad y cuenta con todos los recursos del Estado para hacer lo que se le da la gana, incluso con algunos operadores mediáticos jugando a su favor. En las desapariciones forzadas siempre hay una batalla de sentido en cuanto al relato de los hechos.

Durante el período macrista, Patricia Bullrich estuvo a cargo de la Gendarmería y la Policía Federal. Luego Sabina Frederic tuvo un paso fallido por el Ministerio de Seguridad de la Nación y hoy Sergio Berni maneja la Bonaerense. ¿Qué cambios y continuidades observas en el manejo de las fuerzas de seguridad desde 2019 hasta la actualidad?

Claramente hay un cambio: no es lo mismo que desde el Ministerio de Seguridad estén haciendo declaraciones en el Senado revelando la identidad de un testigo de identidad reservada como fue Patricia Bullrich en el caso Santiago Maldonado. Sin embargo, es tan profundo el nivel de arraigo que tiene la protección de las fuerzas sospechadas que, en el caso de Facundo, algunos funcionarios del Ministerio de Seguridad actual abonaban off the record que la Policía no tuvo nada que ver. Diferente fue la actitud del Ministerio de Seguridad cuando desapareció Luis Espinoza, allí los reflejos fueron rápidos y en relación a eso es que se pudo encontrar el cuerpo tan rápido.

Detrás de cada desaparecido/a en democracia hay historias de vida y familias que luchan por justicia. ¿Qué deudas y desafíos tiene el Estado argentino con sus desaparecidos bajo gobiernos constitucionales?

El Estado tiene una deuda impresionante. Por lo pronto, debe elaborar un listado oficial -yo para el libro tomé el listado de CORREPI-, un protocolo específico, que las familias no padezcan maltratos cuando van a hacer las denuncias en las comisarías, establecer un banco de datos de cuerpos NN encontrados, cruzar ese banco de datos con el ADN de las personas aparecidas. A nivel periodístico, también hay deudas: las versiones policiales de estos casos deben ser tomadas con pinzas y puestas en duda. Así como se ha logrado un abordaje específico respecto de la violencia de género y la violencia machista, uno esperaría que pase exactamente lo mismo con este tipo de delitos. De los 218 casos que aborda el libro, el 30% no están los cuerpos.

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Sebastián Furlong

Licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación (UBA). Periodista comprometido con los intereses populares.