Si bien a partir de la llegada del Covid-19 el teletrabajo se impuso como única opción para sostener muchas actividades, esta lógica generó problemas físicos y sociales, afectando la lógica laboral en su conjunto. Con la merma de la crisis sanitaria, varias organizaciones sindicales en Argentina abrieron el debate acerca de las implicancias desfavorables de esta modalidad y la chance de que llegue a implementarse de forma exclusiva cuando acabe la pandemia.
Las tensiones entre seguir realizando labores a distancia o retornar a las oficinas enfrenta hoy a las organizaciones sindicales con las entidades empleadoras, cuestionando a quién beneficia o perjudica cada una. Mientras las empresas abaratan costos manteniendo el “home office”, los sindicatos ven que se agudiza la fragmentación y la vulneración de derechos del movimiento obrero. En ese sentido, los especialistas coinciden en que es necesario ir reduciendo el trabajo a distancia en los sectores de servicios que tuvieron que reconvertirse abruptamente desde marzo de 2020 y articular con el retorno gradual a la presencialidad. “Debemos ir hacia una modalidad mixta porque la atomización y el aislamiento es algo que no le hace bien a nadie y atenta contra la salud mental de quienes trabajan”, señala en diálogo con El Grito del Sur Vanesa Núñez, dirigente sindical de UTEDYC y especialista en nuevas tecnologías.
En julio de 2020 se sancionó la Ley 27.555 con la finalidad de proteger y garantizar los derechos y establecer reglas claras de contratación de quienes teletrabajan; sin embargo, la norma aún no es de aplicación obligatoria y recién entrará en vigor a partir de abril de 2022, lo cual resulta insuficiente teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria sigue vigente. “La ley tardó en llegar y la coyuntura de pandemia hace que su aplicación plena esté muy demorada, entonces todavía nos vemos condicionados a la hora de negociar con los empleadores porque todavía no tienen la obligatoriedad legal de adaptarse a los cumplimientos de la ley”, sostiene Núñez en tono crítico, y agrega que “aún estamos en una nebulosa entre que tenemos la normativa pero todavía no es de implementación obligatoria”.
Además, no puede pasarse por alto que la normativa deja algunos aspectos importantes librados a la correlación de fuerza que se establezca en la negociación colectiva, como por ejemplo a quién le corresponde poner a disposición los dispositivos tecnológicos, quién se hace cargo del gasto de luz o del servicio de Internet, lo cual podría significar un retroceso ya que en la mesa de negociación colectiva la voluntad que más pesa es la del empleador. “El teletrabajo como formato exclusivo no es saludable y puede fomentar mayores márgenes de informalidad en el empleo. ¿Cómo hacemos como sindicatos para ver cuántas personas están trabajando en determinada tarea si cuando vamos al establecimiento no las encontramos?». “Si se instala se corre el riesgo de que en dos o tres años se empiecen a desconcentrar las comunidades organizadas, básicamente porque las compañeras y compañeros al no verse las caras no se conocen entre sí, lo que afectaría el sentido de pertenencia colectivo y las posibilidades de lucha. Organizar a una comunidad laboral atomizada es muy complejo”.
Ya superado el peor momento de la pandemia, el desafío laboral es cómo readaptarán las distintas actividades que se volcaron forzosamente al teletrabajo. Para los sindicatos esto representa un desafío importante, ya que una masa de miles de trabajadores y trabajadoras en la calle reclamando por sus derechos no tiene el mismo poder de fuego que las iniciativas virtuales a través de redes digitales. Históricamente, cuando el movimiento obrero se planteó ir a fondo por sus reivindicaciones lo hizo unido y organizado en sus lugares de trabajo o movilizando en las calles. Sin embargo, la pandemia provocó una tendencia a la fragmentación del movimiento y a la individualización. Por lo tanto, es necesario pensar en los recursos que deberán adoptar las organizaciones gremiales para fortalecerse y los nuevos horizontes de negociación colectiva que serán necesarios para que se produzca el cambio en las relaciones laborales.
“Cada sindicato tiene una construcción de sentido colectivo propia y tradicionalmente está muy basada en la presencialidad: hablar en persona, en el encuentro y el contacto directo. En este sentido, considero necesaria la conversión de esa construcción de sentido colectivo en base a otros medios de comunicación, en otros lenguajes, no que reemplacen al encuentro físico, pero sí que sean complementarias”, señala Núñez.
Según el último informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a comienzos de octubre de 2021 la proporción de personas plenamente vacunadas a escala mundial alcanzó el 34,5 por ciento, aunque con una marcada disparidad entre naciones. Pese a que en los países de altos ingresos se registra la mayor proporción de personas plenamente vacunadas, con el 59,8 por ciento, esa proporción es mucho menor en los países de ingresos medianos y bajos, del 14,6 por ciento, y de sólo el 1,6 por ciento en los países de ingresos bajos. Se estima que por cada 14 personas vacunadas con las dos dosis, durante el segundo trimestre de 2021, se creó un puesto de trabajo equivalente a tiempo completo en el mercado de trabajo a escala mundial. En Argentina, gracias al avance del plan de vacunación nacional contra el Coivid-19, ha habido una paulatina recuperación de la economía y las actividades productivas y de servicios comenzaron a recomponerse. Sin embargo, la orientación de las políticas económicas aplicadas para paliar la crisis son la punta de lanza en momentos de plena incertidumbre donde no puede perderse de vista que las variables impredecibles juegan un rol fundamental a la hora de pensar nuevos horizontes, como por ejemplo el surgimiento de nuevas cepas del virus.
Brechas digitales
Uno de los grandes conflictos del teletrabajo tiene que ver con el acceso desigual a los servicios de Internet por banda ancha. En marzo de 2020, el ENACOM informó que las conexiones con velocidad superior a 20 Mbps alcanzan a un 47,97 por ciento de los hogares en todo el territorio argentino, mientras que el 52,03 por ciento de los hogares cuentan con servicios inferiores a 20 Mbps (una velocidad poco eficiente para el tráfico que requiere el teletrabajo). Si se desagrega este último porcentaje, se evidencia que el 31,19 por ciento tiene conexiones con una velocidad menor de 6 Mbps. Esta asimetría se incrementó con la pandemia a la par del elevado costo que adquirieron los servicios de Internet en comparación a la evolución de los salarios.
Por esa razón, Vanesa Núñez considera que el trabajo remoto puede traer aparejados motivos de discriminación en el acceso al empleo. “Si esta modalidad se instala como tendencia exclusiva para determinadas labores, entonces cuando voy en busca de un empleo no sólo me van a preguntar por mi experiencia sino que también va a empezar a jugar el sitio en donde vivo, qué acceso a internet tengo, con qué dispositivos tecnológicos cuento. Y esto podría generar una brecha entre los niveles socioeconómicos de les laburantes a la hora de calificar para un puesto”, afirma.
Debido a la asimetría en el acceso a los servicios de Internet y acorde a los debates que se están dando actualmente, desde distintas organizaciones gremiales recomiendan que los puestos presenciales de trabajo no sean menores al 70 por ciento de las personas contratadas bajo convenio colectivo, para de este modo garantizar el derecho a la reversibilidad. Asimismo, se apuesta a que dentro del plantel de trabajo cada empresa no tenga más de un 30% por ciento de sus trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo simultáneamente. El derecho a la desconexión y a la reversibilidad laboral es una lucha que debe ser encarada con unidad sindical. El movimiento obrero argentino cuenta con una ley de teletrabajo, ahora se trata de plasmarla en la realidad concreta de cada actividad.
