En otro diciembre de remates inmobiliarios, el bloque que responde a Horacio Rodríguez Larreta tiene todo listo para aprobar este jueves en la Legislatura un paquete de leyes de gran densidad política, económica y urbanística. El temario de la sesión, convocada para las 12 del mediodía, incluye nada menos que el convenio entre el Ejecutivo y el Grupo IRSA en Costanera Sur, la “rezonificación” del predio de Costa Salguero para levantar edificios y otros once convenios particulares que permiten edificar más torres en ocho barrios por encima de la altura fijada por el Código Urbanístico vigente.
“Se trata de la sesión más escandalosa de los últimos 30 años. Desde que el viejo Concejo Deliberante privatizó Puerto Madero en el 93, antes de la Constitución porteña, que no se vivía algo así. Si el Pro y sus aliados se imponen, Buenos Aires va estar más cerca de perder definitivamente su costa a manos de grandes grupos empresarios, lo que implica un retroceso en términos ambientales y de calidad de vida irreversible para varias generaciones”, denunció en diálogo con El Grito del Sur Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrante de “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos”, una de las agrupaciones que convocan a marchar esta mañana a la Legislatura, que amaneció vallada.
En la previa de la sesión, el bloque del Frente de Todos acusó al oficialismo porteño de buscar un tratamiento “express” de los expedientes y de manejarse con “autoritarismo”. Según la oposición, el paquete de leyes no debería votarse hoy, dado que no se cumplieron los plazos establecidos en el reglamento interno para darles dictamen. El bloque “Vamos Juntos”, compuesto por el Pro y sus aliados de la UCR-Evolución y la Coalición Cívica, busca aprobarlos por mayoría simple, 31 votos, y no con los dos tercios del cuerpo (40 votos) como a priori marca la Constitución. Ese será uno de los argumentos para continuar el debate en la Justicia, según confirmaron a este medio fuentes ligadas a distintas causas vinculadas a la venta de tierras públicas.
El plenario de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto del viernes pasado, donde el Ejecutivo presentó los proyectos con modificaciones, terminó a los gritos. “Actuaron por fuera del reglamento porque están apurados en votar proyectos que forman parte de sus negocios. Durante el plenario, ningún funcionario del Poder Ejecutivo habló. No dijeron ni una sola palabra, no tienen nada que decir a favor de lo que mandan a votar, mientras del otro lado, miles de personas los rechazaron en audiencias públicas, y con argumentos. Eso es una muestra de lo que va a pasar este jueves: la ciudadanía rechazando negocios inmobiliarios que el Ejecutivo pretende aprobar en silencio, escondidos. Funcionan como una empresa”, dijo a este medio la legisladora del Frente de Todos Maru Bielli.
El expediente más factible de judicializarse es el que aprueba el convenio entre Rodríguez Larreta y el dueño de IRSA, Eduardo Elzstain. El proyecto viene de larga data, más de 20 años. Fue rechazado cinco veces en la propia Legislatura; la última vez, en 2016, precisamente porque no se juntaron dos tercios de los votos. El apuro del oficialismo por votarlo a toda costa puede traerle a futuro dolores de cabeza, tal como sucedió con la venta de Costa Salguero en 2019. Además, el convenio no incluye un estudio de impacto ambiental, que todavía está realizando el ex titular de Aysa durante el gobierno de Cambiemos, José Luis Inglese.
El ex funcionario salió de su cargo en 2019 cuestionado por haber desviado un préstamo del BID que estaba destinado a priori al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, a la construcción de un caño costero para dotar de servicios los proyectos inmobiliarios que se votan hoy, y que se financiará con fondos públicos. “Es el círculo vicioso de siempre –apuntó Baldiviezo –. La Ciudad vende a precio vil un terreno sin urbanizar, aprueba los convenios para que la empresa que compra tenga la constructividad necesaria y adem[as hace la inversión para urbanizarlo. El terreno en cuestión pasa a valer cien o mil veces más, a costa del bolsillo de los porteños. Eso ya pasó con Tiro Federal, la Villa Olímpica y muchos otros negocios del estilo”.
Si todo sale dentro de lo esperado para el bloque oficialista, IRSA pasará de poseer un terreno que pagó 50 millones de dólares en la década del 90 a poseer uno que se estima en 1.500 millones de dólares. En cuestión de minutos, haría un negocio redondo. El problema está en que los terrenos en cuestión son los últimos humedales públicos que le quedan a Buenos Aires, con salida al Río de la Plata. Abarcan en total 70 hectáreas: superan, por ejemplo, la extensión del barrio de San Telmo. Por el diseño de los “croquis” que presentó la empresa a lo largo de los años, se la bautizó la “Dubai Porteña”, dado que se asemeja a esa ciudad artificial de los Emiratos Árabes.
El proyecto de IRSA fue rechazado por el 99 por ciento de les disertantes durante las audiencias públicas convocadas hace dos meses atrás. Fue la segunda audiencia pública que debatió el proyecto: la primera había sido en el año 2002, cuando el Jefe de Gobierno era Aníbal Ibarra. La empresa insistió más de una vez con el negocio y recién a partir de hoy puede hacerlo llegar a buen puerto. “Buenos Aires pasa a tener un poder más: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial e IRSA”, dijo el ex legislador Ramón Camps en diciembre de 2016, cuando la Legislatura porteña discutió por quinta vez el proyecto.
100 hectáreas costeras, privatizadas
Además de las 70 hectáreas a manos de IRSA, la sesión de hoy sumará otras 32 a privatizar: nada menos que Costa Salguero y Punta Carrasco. El proyecto ya fue votado en primera instancia en 2020 y fue debatido en las audiencias públicas más extensas de la historia de la Ciudad. El 98 por ciento dijo estar en contra. El expediente prevé modificar los usos del terreno, que hoy están catalogados como “parque público” y pasarán a ser susceptibles de construir edificios privados.
Este proyecto, de todos modos, está atado a la suerte del que se votó en diciembre de 2019, también un jueves, también en una sesión previa al recambio legislativo, y que habilitaba su venta. El predio forma parte del patrimonio del Estado, y hoy está concesionado en manos de Telemetrix SA, una empresa vinculada a Carmen Polledo, diputada nacional del Pro. La intención del Gobierno porteño, vencida la concesión, es venderlo. Ese proyecto se votó también con 31 votos, mayoría simple, y sin mediar audiencia pública, lo que permitió que fuera frenado por dos fallos del Fuero Contencioso Administrativo. La última palabra la tiene el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Como el proyecto en cuestión está cerca de perder estado parlamentario y hay varios legisladores aliados que vuelven al llano la semana que viene, el apuro del oficialismo es notorio y está dispuesto a volver a votarlo por mayoría simple.
La oposición y organizaciones civiles y ambientalistas tienen un proyecto alternativo, respaldado por 50 mil firmas, para reemplazar las torres por un parque verde público, pero el oficialismo no tiene intenciones de incluirlo en el temario. “La venta de Costa Salguero para hacer edificios, sumada a la mega-ciudad privada que levantará IRSA, hará que Buenos Aires pierda un gran biocorredor verde potencial, que nos prevenga de las olas de calor y las inundaciones sobre las que advierte la ONU como consecuencia del cambio climático. La vera del rio no se recupera más, esa es la gravedad de lo que estamos afrontando”, denunció Baldiviezo.
Un método de recaudación política
El proyecto restante, que aprueba 11 convenios urbanísticos en 8 barrios porteños para levantar torres por encima de la altura que permite el Código Urbanístico vigente, levantó polémica en la previa porque a cambio de su aprobación, el Gobierno porteño recibirá unos 36 millones de dólares.
“Es un método de recaudación para la campaña presidencial de Rodríguez Larreta”, disparó el titular del Observatorio. “El Ejecutivo, además, planea recaudar en total 200 millones con una batería de convenios que todavía no presentó. Se compran leyes para financiar gestión”, agregó. “Y si se tiene en cuenta que el negocio total de IRSA es inconmensurable, equivale casi a un tercio del presupuesto de la Ciudad para el año que viene, estamos hablando de muchos millones que van a parar a los bolsillos de la política, y la firma del propio Larreta está en todos y cada uno de los proyectos”.
“Supongamos que cualquier vecino quiere ampliar su casa o hacer una obra en la Ciudad. Tiene que pedir permisos, pagar, atravesar una serie de controles, y quizás, después de todos esos trámites, le digan que no. Estos once convenios que se van a tratar el jueves dan cuenta de que para algunos, muy poderosos y con mucha plata, hay excepciones. Para eso, distintas empresas constructoras firmaron convenios particulares con el Gobierno porteño, a cambio de millones de dólares, para construir donde no podrían hacerlo según el Código Urbanístico, que fijó topes de constructividad. Hay ley al mejor postor”, apuntó Bielli.
Un ejemplo: uno de los que pagó para que una torre de Belgrano tenga 20 pisos en lugar de los 12 permitidos a priori se llama Eduardo Cohen Watkins, empresario cercano a Mauricio Macri.
“También hay que saber que esto no se queda en esas once torres. Las consecuencias vamos a padecerlas en toda Buenos Aires: lo que se van a construir son departamentos para los sectores de clase alta y media alta, inaccesibles para la mayoría de les porteñes, lo que además de profundizar un modelo de ciudad para pocos configura una causa más de la suba del valor del metro cuadrado y del costo de los alquileres. Hay que hacer todo lo contrario: una ciudad inclusiva, con vivienda social, planificada por el Estado y no por los privados”, concluyó la legisladora.
