El Ejecutivo porteño tiene en carpeta al menos otros 31 nuevos convenios a firmar con desarrolladores inmobiliarios para levantar torres de departamentos por encima de la altura que permite el Código Urbanístico vigente. El listado con cada uno de los expedientes, al que accedieron activistas nucleados en el movimiento “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos”, abarca futuros emprendimientos repartidos en diez barrios, con epicentro en Palermo, donde se ubican casi la mitad del total. Para aprobarlos, la administración de Horacio Rodríguez Larreta deberá ingresarlos para su tratamiento en la Legislatura local, donde ya logró aprobar una primera tanda de nueve convenios en la polémica sesión del jueves pasado, con el recinto vallado y movilizaciones de rechazo.
“Las excepciones inmobiliarias para construir torres no terminaron y estos nuevos convenios, igual que los que ya se aprobaron, no tienen evaluación de los impactos sociales y ambientales de cada torre, mucho menos una evaluación acumulativa y estratégica de lo que implica esta política para la Ciudad. Nos preocupa que la planificación urbana siga en manos de quienes tienen dinero para comprar normas de excepción, sin ningún criterio urbanístico”, advirtió en diálogo con El Grito del Sur el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que tuvo acceso a los documentos de los 31 convenios que están a tiro de la firma.
Las nuevas torres que buscarán obtener el permiso para construir por encima de lo permitido por el Código vigente se ubican en Rawson 359, en el barrio de Almagro; en Virrey Del Pino 1783, Arribeños 1530 y Figueroa Alcorta 6464, en Belgrano; en Fitz Roy 1192, Elcano 3820-3850 y Jorge Newbery 3431, todos en Chacarita; Estados Unidos 929, Constitución; Almafuerte 47, Pompeya; Vilela 1617/79 y Arribeños 3417, Nuñez; Avenida Colonia entre Uspallata y Luna, en Parque Patricios; Callao 1033 y Marcelo T. De Alvear 1560, Recoleta; y Olazábal 3731, en Villa Urquiza.
Los restantes 14 convenios se ubican en Palermo, el barrio más afectado: Jerónimo Salguero esquina Cabello, Luis María Campos 102/124, Figueroa Alcorta 3428, Avenida Santa Fe 4546, Cabello 3010, Arévalo 3045, Scalabrini Ortiz 1929, Godoy Cruz 2930, Bulnes 2711/19, Avenida Córdoba 4060, Mansilla 3640, Humboldt 2303, Cerviño 3602, Matienzo 1530, Niceto Vega 5541 y San Martin De Tours 2869/89.
Estos 31 convenios filtrados se suman a los nueve que la Legislatura sancionó como ley el jueves pasado, durante la última antes del recambio de la mitad de las bancas y pese a que habían sido rechazados por una mayoría casi absoluta en las audiencias públicas convocadas para debatirlos. También se agregan a otros cuatro aprobados en 2020 y a un listado de otros seis más que ya fueron firmados, pero no fueron aprobados en la Legislatura. El Ejecutivo, a principios de este año, lanzó una convocatoria masiva para ampliar los convenios y juntó más de cien propuestas, movida que en su momento fue denunciada por la oposición local como un método de recaudación política. Según la oposición, el Gobierno porteño podría recaudar hasta 200 millones de dólares si logra aprobarlos todos.
Las organizaciones que forman parte de “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos” realizaron un mapa con la georreferenciación de cada uno de los convenios aprobados y por aprobar que se conocen hasta ahora, unos 50 en total. Vistos todos juntos sobre un mapa, da un panorama preciso de cómo convertir a la Ciudad en un enorme negocio inmobiliario. “Es una violación sistemática y organizada de la norma vigente, una gran feria VIP donde se compran y se venden derechos a edificar. Se aprueban torres de 50, 60 y 70 metros sin otra justificación que la voluntad del proponente. Esto se llama lisa y llanamente desregulación: no se le puede poner un tope a la rentabilidad del suelo urbano, sin importar las consecuencias para la mayoría de la población. Y lo que se pierde con la aplicación de estas excepciones solo queda claro cuando el hecho esta consumado”, describió a este medio la arquitecta Liana Battino, otra de las integrantes del espacio.
“La acumulación de excepciones tendrá relevantes impactos sociales y ambientales que solo serán conocidos cuando se aprueben todos los convenios surgidos de la convocatoria o fuera de ella. Así se cambia la planificación de la ciudad, sin información ni participación y debate público, en un proceso cerrado que solo se revela a medida que los convenios llegan en tandas a la Legislatura y se aprueban a ritmo exprés”, agregó.
“Los convenios urbanísticos son excepciones a la planificación de la Ciudad, específicamente, al Código Urbanístico. Literalmente, algunos sectores inmobiliarios compran leyes de excepción en la Legislatura, es decir, privilegios. Ninguna ciudad del mundo puede planificarse a partir de la acumulación de excepciones y privilegios. La Ciudad de Buenos Aires está sufriendo las consecuencias de la fragmentación de su planificación a través de la acumulación de excepciones. Carecemos de un Código Ambiental y de un Plan Urbano Ambiental actualizado, el Plan Hidráulico se encuentra completamente desactualizado con relación a los indicadores actuales de la crisis climática y, además, el Código Urbanístico no se respeta porque cada negocio inmobiliario que no se adecúa a sus parámetros genera una excepción que se termina votando en la Legislatura. Los Convenios se aprueban sin ningún tipo de evaluación de impacto ambiental, tal como lo exigen la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y la democracia participativa y ambiental reconocida en el Acuerdo de Escazú”, sumó por su parte María Eva Koutsovitis, ingeniera de la Cátedra CLIC de la FADU y también referente de “La Ciudad somos quienes la Habitamos”.
