Las prácticas laborales obligatorias en escuelas, un «agravio constitucional»

😠 El rechazo a las "prácticas laborales obligatorias” en empresas y organizaciones para estudiantes porteños del último año de la secundaria llegó incluso al ámbito judicial. "Esta medida viola leyes, se debe consultar con estudiantes y enviar a la Legislatura", dijo a este medio el asesor tutelar de Cámara Gustavo Moreno.

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció este jueves junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña, que a partir de 2022 implementará “prácticas laborales obligatorias” en empresas y organizaciones para todes les estudiantes del último año de la secundaria. La Resolución 3958, emitida por el Ministerio de Educación, recae sobre 29.400 adolescentes de 442 establecimientos educativos públicos y privados y provocó un amplio rechazo en la comunidad educativa, legislativa y judicial. Estudiantes, gremios docentes y familias de la comunidad educativa denunciaron a través de redes sociales la “precarización laboral” que significa y subrayaron que se trata de una medida inconsulta. 

Desde el Ministerio Público Tutelar, que integra el Poder Judicial de la Ciudad y tiene como objetivo el control de legalidad de los procedimientos, la promoción del acceso a la justicia y el respeto, protección de los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes, señalaron a su vez que la obligatoriedad viola el artículo 2 de la Ley 3541 de CABA que determina el carácter no obligatorio de las prácticas educativas preprofesionales y, por lo tanto, la Legislatura porteña es la única competente para decidir si modifica esta ley o no.

Luego de conocerse el anuncio del gobierno porteño, Gustavo Moreno, titular de la Asesoría Tutelar N° 1 ante la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo, señaló a través de un oficio dirigido a la asesora general tutelar, Carolina Stanley, que “la obligatoriedad de las prácticas laborales y la inclusión de la totalidad del estudiantado, no ha sido acompañada con el anuncio del envío a la Legislatura de un proyecto de ley que modifique la ley 3.541 que actualmente regula el ‘Sistema de prácticas educativas preprofesionales’, en consonancia con las previsiones de la ley nacional de educación[…]”. También explicitó que el accionar del Poder Ejecutivo local “constituye agravio constitucional, en tanto la determinación de la obligatoriedad o no de las prácticas educativas es competencia privativa de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá decidir si modifica o no la ley 3.541”. 

En diálogo con El Grito del Sur, Moreno explicó que “no estamos discutiendo si la práctica educativa es buena o es mala, señalamos que están reguladas desde la Ley 26.206 de educación nacional votada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, y a su vez incluidas ya en la Ley 3.541 de CABA dictada en 2010 durante el gobierno local de Mauricio Macri, y son actualmente de carácter voluntario”. 

«No puede venir una resolución de la ministra a decir ahora son obligatorias sin que esto pase por la Legislatura y tenga un debate con los estudiantes”, enfatizó. A su vez, subrayó que le llamó la atención que la Legislatura de la Ciudad no se haya expresado al respecto y que el Jefe de Gobierno porteño anuncie esto sin mencionar la ley vigente. “Las prácticas educativas no son para una secundaria del futuro, son algo que ya plasmó el expresidente Néstor Kirchner cuando envió el proyecto de la ley nacional de educación”, retomó.

Por otra parte, el funcionario judicial señaló que “hay una violación al principio de legalidad porque la reforma educativa debe realizarse con un acto administrativo y esto no sucedió”. Además, Moreno advirtió que es necesario garantizar que las escuelas cuenten con la infraestructura necesaria, con presupuesto y que les estudiantes participen y sean consultados.

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció este jueves junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña, que a partir de 2022 implementará “prácticas laborales obligatorias” en empresas y organizaciones para todes les estudiantes del último año de la secundaria.

Antecedentes

Pero todo esto no empezó ayer, sino en 2017, cuando la “reforma educativa” fue impuesta por la misma ministra y jefe de Gobierno y generó una fuerte reacción estudiantil en rechazo a la llamada “Secundaria del Futuro” que para les estudiantes significaba “reducción de contenidos específicos y flexibilización laboral en manos de empresas privadas”, contrapunto que motivó a que les estudiantes ocuparan de forma pacífica al menos 29 escuelas de la Ciudad durante un mes y provocó un conflicto social educativo que alcanzó relevancia mediática.

Según recordó Gustavo Moreno a este medio, en ese momento la asesora tutelar en primera instancia, Mabel López Oliva, junto a él presentaron una acción judicial contra el Gobierno porteño en el que sostuvieron los principales ejes del reclamo, entre ellos, la falta de participación estudiantil (contemplada por la ley de educación nacional, como por la Convención de los derechos del niño y el Comité de Naciones Unidas), la demanda de infraestructura edilicia y presupuesto adecuado y el tema de las prácticas educativas, que en ese momento la ministra ya adelantaba, iban a ser obligatorias “y fue uno de los puntos que más generaban conflictos”, indicó Moreno.

Con el amparo iniciado, les estudiantes levantaron la toma de escuelas y la jueza de primera instancia Cecilia Lourido falló a favor. Sin embargo, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso falló en contra y a partir de ahí “se interpuso un recurso de inconstitucionalidad o un recurso de queja que desde el 7 de septiembre de 2020 (hace más de un año) se encuentra en el Tribunal Superior por resolver”, lamentó el defensor de menores.

Repudios

Los gremios docentes y estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires se enteraron de la medida a través de la conferencia de prensa del jefe de Gobierno y su rechazo fue instantáneo en las redes sociales.

Desde UTE-Ctera y Ademys sostuvieron que la decisión del gobierno de CABA «no contribuye al desarrollo de los jóvenes» y acusaron al jefe de Gobierno de querer impulsar el trabajo precarizado de estudiantes de forma inconsulta.

La secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, publicó en su cuenta de Twitter que desde el gremio van a exigir “que los estudiantes sigan formándose para ser hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables con centralidad en el conocimiento, el mundo del trabajo y la Universidad tal como dicen las leyes nacionales”. Y agregó que “en lugar de impulsar la precarización de los estudiantes, Larreta y Acuña tendrían que estar trabajando en la orientación e inclusión de los jóvenes en los circuitos de educación superior”.

En el mismo sentido, el secretario gremial de CTERA y secretario general adjunto de UTE, Eduardo López, dijo a Página/12 que “una cosa es formar para el mundo del trabajo y otra que los chicos vayan a hacer trabajos precarizados a las empresas”.

Estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires se enteraron de la medida a través de la conferencia de prensa del jefe de Gobierno y su rechazo fue instantáneo en las redes sociales.

A su vez, la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB-CABA) expresó a través de la misma red social que la medida no fue conversada previamente y bajo la consigna “ni trabajo gratis para empresas, ni reformas inconsultas” pidió que se deje de atacar a la educación pública.

Por otra parte, la actual legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, quien rechaza esta reforma desde 2017, cuando formó parte de la toma de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, donde cursaba sus estudios secundarios y a su vez presidía el Centro de Estudiantes, expresó a través de Twitter su crítica: “Prácticas educativas o más bien trabajo gratis de menores de edad en las empresas de mis amigos 👍🏻”.

En tanto la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, señaló en referencia a Larreta: “No le importan lxs jóvenes, quiere mano de obra barata para sus amigos empresarios”.

Lo anunciado por el gobierno porteño

A partir de 2022, las prácticas laborales obligatorias afectarían a 11.250 alumnos en 116 escuelas de gestión estatal y 18.150 alumnos en 326 escuelas de gestión privada.

La duración de las prácticas será de 120 horas que se distribuirán a lo largo del año, con el objetivo de que les estudiantes “desarrollen nuevas capacidades, tomen decisiones con autonomía, estimulen su creatividad, su pensamiento crítico y su potencial de trabajar en equipo”, enmarcado en el proyecto “Secundaria del Futuro”, una “profundización de la Nueva Escuela Secundaria (NES)” que promueve “la adaptación a las innovaciones tecnológicas”.

En este sentido, les estudiantes realizarían sus prácticas según su orientación escolar en diversos ámbitos, divididos en cuatro ejes: sector productivo (privado o público), sector de gestión de políticas públicas, ámbito cultural-comunitario o ámbito de la educación superior-científico-académico. 

A su vez, el Gobierno porteño indicó que se llevarán a cabo en horario escolar y serán incluidas en el proceso de evaluación a cargo de les docentes.

Por último, la resolución no incluye a les 3 mil estudiantes de las 52 Escuelas técnicas ubicadas en el territorio porteño, 39 de gestión estatal y 13 de gestión privada, ya que actualmente implementan prácticas profesionalizantes en 5° y 6° año.

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