Si hay algo en lo que el movimiento feminista viene insistiendo hace décadas, es que las violencias de género no pueden pensarse fuera de su contexto. Más allá de los gráficos de torta y los esquemas con forma de iceberg, la realidad demuestra que el entramado de violencia machista se asemeja más al mapa de una ciudad, con territorios diversos y diagonales donde las vulneraciones se intersecan entre sí.
Para entender cómo influyen los entornos en los casos de violencia de género, el Centro por una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP) elaboró el informe “Las violencias por razones de géneros en barrios populares”, en base a lo sucedido desde el comienzo de la pandemia hasta el primer semestre de 2021 en Villa 15, el Núcleo Habitacional Transitorio Av. del Trabajo y el asentamiento Santander.
“La intención del informe fue tener un documento que pueda contribuir a visibilizar cuáles son las formas de violencia que se dan en los barrios para aproximarnos a un diagnóstico y presentar algunos recursos. Hace cuatro años venimos sistematizando las consultas que recibimos para empezar a pensar en qué ejes hay que reforzar, qué intervenciones se pueden hacer y qué políticas públicas debemos exigir al Gobierno”, explica Betiana Cáceres, integrante de la organización que desde 2008 trabaja en articulación con los curas barriales y las instituciones que tienen presencia en el territorio.
El informe, presentado el último 25 de noviembre, registró que 9,35% del total de consultas recibidas desde el comienzo de la pandemia por el CEJIP fueron sobre violencias en el ámbito doméstico. Esto se condice con los datos del informe anual de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Ciudad de Buenos Aires, que durante 2020 identificó a la Comuna 8 como el territorio con más denuncias, con un 13% de los 12.766 casos totales.
Si bien estas cifras alarmantes se pueden analizar a la luz de la cuarentena, lejos de ser el detonador, el encierro fue un factor más para recrudecer una realidad preexistente: según la OVD, el 54% de quienes concurrieron lo hicieron en un contexto de situación límite y sólo el 5% en un primer episodio de violencia.
“Entendemos que si bien las mujeres, personas LGBTQ+ y niñas siempre tienen dificultades para acceder a la Justicia, quienes viven en barrios populares enfrentan mayores obstáculos por su condición económica. Esto genera que en las comisarías de los barrios se las revictimice o descrean de su relato, lo que implica tener que apelar a otras instancias. A veces deben viajar dos horas para llegar a la OVD o pedir el día en el trabajo, algo que no es fácil porque suelen estar empleadas de manera informal. Todo termina influyendo en que desistan de hacer la denuncia, lo que puede llevar a que se agrave la situación que ya están viviendo”, enfatiza la abogada.
Para responder a esta demanda, durante el periodo de cuarentena el CEJIP contribuyó asesorando y acompañando a las víctimas a realizar la denuncia, algo en lo que muchas veces no habían avanzado por desconocer la excepción dispuesta por el gobierno nacional para quienes tenían que recurrir a la Oficina de Violencia Doméstica o por el temor de exponerse a tener que dar explicaciones a las fuerzas policiales de por qué se estaba circulando.
Violencia patrimonial e incumplimiento de las cuotas alimentarias
Otro de los factores que atraviesa los barrios populares y acentúa las desigualdades de género tiene que ver con la violencia económica y patrimonial. Las dificultades para tener un empleo registrado o la ausencia de un ingreso fijo oscurece el panorama de las mujeres que intentan salir de una situación de violencia de género. Esto se acentúa cuando existen hijes de por medio, ya que muchas veces al quedar abocadas a las tareas de cuidado dependen del sustento económico masculino para subsistir, lo que coarta su posibilidad de irse del hogar común o subsistir por sus propios medios. “El dinero no es neutro: en el imaginario social, todavía en 2021 es asociado a rasgos atribuidos a la identidad masculina”. “En una pareja, esto se visibiliza especialmente frente a la ruptura del vínculo, cuando las mujeres asumen el cuidado personal y la crianza de les hijes en común y, como consecuencia, provoca sobre ellas la marginación y atenta contra la autonomía económica”, se asegura en el informe.
En ese sentido, Betiana subraya el trabajo que se realizó desde CEJIP para visibilizar la violencia patrimonial ejercida a través del incumplimiento de las cuotas alimentarias. Del total de las consultas recibidas por el centro en lo que va de la pandemia, el 19,42% refirieron al asesoramiento para iniciar reclamos de alimentos. De éstos, el 89% fueron realizados por mujeres y el 11% restante por varones que requerían asesoramiento frente a instancias de mediación iniciadas por sus ex parejas, es decir que de todos modos fueron comenzadas por ellas. Además, la informalidad laboral complejiza la ejecución del pago de alimentos, ya que imposibilita la retención directa al empleador o la posibilidad de embargar el sueldo. “La marginación económica de las mujeres produce mayor dependencia y visibiliza que son ellas quienes asumen el cuidado de les hijes y la crianza. Esto se pone en evidencia cuando impulsan las demandas por incumplimiento de cuotas alimentarias pero también cuando gestionan las redes comunitarias que les permiten salir a trabajar, irse de los hogares violentos y construir espacios en común”, afirma Cáceres.
La violencia patrimonial y doméstica también pueden superponerse entre sí: del total de las consultas recibidas sobre violencia de género durante el primer semestre de 2021, el 44,4% requirió la solicitud de alimentos en favor de sus hijes porque los agresores no cumplían sus deberes alimentarios.
Respecto a las deudas del Estado con las mujeres y población LGBTQ+, la entrevistada destaca la preocupación por la falta de servicios de patrocinio legal gratuito especializados en derecho de las familias, la ausencia de políticas habitacionales para quienes conviven con sus agresores y la necesidad de programas que promuevan la inserción laboral. Asimismo, destaca el rol de las mujeres que trabajan en comedores y merenderos y las promotoras de género, de quienes exige que sean consideradas en su rol de trabajadoras.
“Si bien hemos tenido muchos avances en cuanto a políticas de género, muchas veces éstas no se ven reflejadas en las mujeres que viven en los barrios. Creemos que en la reforma judicial transfeminista tienen que estar muy presentes los feminismos populares para que se escuchen y entiendan las realidades de quienes viven en barrios populares y cuáles son sus obstáculos a la hora de tramitar una denuncia por violencia doméstica. Si esto no cambia, van a seguir decidiendo sobre la vida de las personas jueces o juezas que nunca se acercaron al barrio o no comprenden las realidades”.
