Decidir sobre el final. Legislar sobre la vida, pero también sobre la buena muerte. Ampliar derechos y contemplar la voz de quien padece. Todo esto persigue el proyecto presentado por los diputados nacionales Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace, que busca debatir la regulación de la eutanasia en nuestro país. «Creemos que es superador de la iniciativa de Muerte Digna, que queda incompleta y en muchos aspectos transforma a la muerte en indigna», explicó el líder de la UCR el día de la presentación del proyecto en conferencia de prensa.
Sufrimientos graves e incurables, padecimientos crónicos e imposibilitantes. Un dolor de tal magnitud y gravedad tanto física como psíquica que sea incompatible con la dignidad humana. En el marco de la presentación y en diálogo con El Grito del Sur, la diputada radical por Mendoza, Jimena Latorre, explica: «La inciativa surge de una demanda social que existe desde hace tiempo, no solo en Argentina sino en todo el mundo. En particular, como mendocinos, nos tocó muy de cerca el caso de Daniel Ostropolsky, un jurista reconocido en nuestra provincia que padece ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica)», señala Latorre. «Daniel empezó a levantar su voz pidiendo esta regulación en nuestro país y con una mirada muy generosa, porque pudiendo apelar a un amparo para su caso particular es consciente de que era una discusión de derechos y que se tenía que dar en el marco constitucional que tenemos, que reconoce el derecho a la vida, a la salud psíquica y física, y que también era nuestra obligación legislar sobre este derecho a la buena muerte y regular su ejercicio», explicó Latorre.
El caso de Ostropolsky es icónico: jurista y ex miembro del Consejo de la Magistratura, cuando le diagnosticaron ELA este mendocino comenzó un largo periplo que lo encuentra desde hace años reclamando por la sanción de una legislación que le otorgue la libertad para elegir cuándo y cómo poner fin a su vida. “Amo la vida. Me siento muy conmovido que en este lugar surja un proyecto que permita amar la vida”, explicó el jurista y subrayó: “Este proyecto es una entrada a la vida que le queda a la gente que padece las enfermedades incapacitantes y progresivas e incurables. Sabiendo que se respeta su libertad de elegir cómo quieren terminar su vida, es sin duda un homenaje a la vida”.
Actualmente, en nuestro país se encuentra vigente la ley 25.529 que reconoce el derecho del paciente de rechazar el tratamiento que lo mantiene con vida. Sin embargo, la legislación habilita solamente conductas omisivas y anticipadas, mientras que las acciones que impliquen asistencias para la muerte digna siguen estando penadas. La presente propuesta de ley busca despenalizar (en casos concretos y con una regulación normativa que establezca procedimientos, derechos y garantías) el derecho a morir dignamente. La eutanasia activa (propuesta en el texto en cuestión) señala la necesidad de una asistencia, de una actuación positiva para interrumpir la vida y la ley también busca amparar a los profesionales médicos que intervengan en el caso. Padecimientos irreversibles o sufrimientos que atenten contra la dignidad humana entrarían dentro del marco jurídico que propone esta legislación presentada de conjunto con el senador mendocino y exvicepresidente de la Nación, Julio Cleto Cobos.
Países Bajos, Nueva Zelanda, Canadá, Colombia, varios estados de Estados Unidos y la flamante incorporación de España componen el cuadro de los países que han legislado sobre la eutanasia activa. El reciente caso del país ibérico fue utilizado como referencia por los autores del proyecto, ya que data de marzo de este año y contempla muchas actualizaciones de los debates que hacen al tema. «Tomamos mucho de España porque, al ser el último, ha recogido mucha jurisprudencia internacional. En un país sumamente católico, el 85% de su población apoyó y está de acuerdo con la regulación de la eutanasia», agrega Latorre. Pese a la flamante legislación, los números señalan las deudas en la materia: es que, desde que se aprobó la ley, solo han sido admitidos cinco casos de solicitudes de buena muerte, muy por debajo del total de asistencias pedidas.
La Iglesia, sectores evangélicos, conservadores de todo tipo y algunas corporaciones médicas ya se han pronunciado en contra del acceso a este derecho. «Creo que el debate va a ser transversal a los partidos. En todos lados hay adeptos para poder legislar sobre esta ampliación de derechos. La Iglesia se ha opuesto en nuestro país y en el mundo, pero tengo esperanzas de que la madurez de muchos debates plantee otro escenario», reflexiona Latorre. Desde la bancada radical esperan poder debatir el proyecto en el recinto el próximo año, sumando adhesiones de distintos bloques y plasmando en convertir en ley una demanda histórica de ampliación de derechos en nuestro país.
