Presentan informe sobre la situación de las trabajadoras sexuales en pandemia

👠 A partir de un convenio entre el CONICET y AMMAR se presentó el "Estudio diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de COVID-19: acceso a la vivienda y violencia institucional en el Barrio de Constitución".

El lunes 13 de diciembre en la sede central del CONICET se presentó el “Estudio diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de COVID-19: acceso a la vivienda y violencia institucional en el Barrio de Constitución”, realizado por el equipo de investigación de la antropóloga Cecilia Varela a partir de un convenio con el Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR).

Este relevamiento tuvo como base a una muestra de 99 trabajadoras sexuales, la mayoría de ellas (97 por ciento) que se contacta con sus clientes en la vía pública. Del total, casi la mitad fueron mujeres cis, mientras que el 48 por ciento dijo autopercibirse trans, el 5 por ciento travesti y el 1 por ciento como no binarie. Además, se encontró una fuerte presencia de migrantes (57 por ciento nacieron en otro país y el 17 por ciento fuera de la Ciudad de Buenos Aires), niveles educativos bajos (la mayoría con secundario incompleto) y el promedio de edad rondó los 38 años. 

“Desde AMMAR creemos que este estudio es fundamental porque muestra las distintas vulnerabilidades que atravesamos las trabajadoras sexuales y cómo se agudizaron en el contexto de pandemia”, explicó a El Grito del Sur Georgina Orellano, secretaria general de  AMMAR. “Por un lado deja ver el impacto positivo de la intervención, tanto del Estado como de la organización, para dar asistencia a los compañeros y compañeras, pero por otro muestra el recrudecimiento de la violencia institucional y las denuncias de los vecinos. Esto termina de evidenciar que para la sociedad somos consideradas sujetos criminales y es necesario el reconocimiento del trabajo sexual para poder terminar con el estigma y la persecución”.

La metodología de estudio contó con tres etapas entre las cuales se encuentran la caracterización de la situación habitacional en hoteles y pensiones, el trabajo de campo a través de encuestas presenciales y la consulta con un grupo cerrado de coordinadoras de AMMAR. En ese sentido, les investigadores aseguraron que no se trata de “una mera recolección de datos, sino de un proceso de interpretación colectiva de la información y de co-teorización”.

Orellano, por su parte, consideró que el ingreso de las trabajadoras sexuales a la academia como sujetos políticos y no como casos de estudio representa un cambio de paradigma y un paso fundamental en la lucha por el reconocimiento social. “Este proyecto surge a partir de una necesidad propia. Nosotras venimos trabajando con el equipo de antropología hace casi una década y al comienzo de la pandemia decidimos contarles cómo habíamos transformado el sindicato en un centro de asistencia integral donde se ofrecieron un montón de servicios que tienen que ver con construir un puente entre el Estado y las trabajadoras sexuales. Queríamos poder evidenciar lo que atravesamos desde el confinamiento hasta el día de hoy y los cambios que generó en la realidad del colectivo la organización”, aseguró.

Históricamente el sindicato ha denunciado la marcada desigualdad en la situación habitacional de las trabajadoras sexuales, pero el estudio logró constatarlo. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires los hogares inquilinos comprenden el 35 por ciento y las piezas en alquiler (inquilinatos, hoteles-pensión, etc.) un 3 por ciento, en el caso de esta población el porcentaje que habita en viviendas alquiladas o hoteles-inquilinatos alcanza el 88 por ciento y llega al 93 por ciento para las mujeres trans, travestis o no binaries. 

Esta realidad puede llevar a que queden totalmente desamparadas y deban enfrentar situaciones límites. Si bien al momento de realizar el relevamiento el 8 por ciento indicó que vivía en un refugio o en situación de calle, un 24 por ciento dijo haber tenido que dormir al menos una vez en la calle y un 9 por ciento en un parador o refugio desde el inicio de la pandemia.

Del lado opuesto, sólo el 4 por ciento de las personas relevadas declaró tener una vivienda propia, algo que contrasta con el régimen de tenencia en la Ciudad de Buenos Aires, donde el 53 por ciento de los hogares son propietarios.

“Las principales emergencias que tenemos las trabajadoras sexuales tienen que ver con la violencia institucional y el acceso a la vivienda. Muchas llegan a la organización en situación de calle, viviendo en ranchadas, hoteles tomados, inquilinatos o piezas donde no tienen un contrato formal sino arreglos de palabra. Esto genera que cuando comienzan a exigir que se mejoren los términos del acuerdo o condiciones edilicias sean hostigadas o directamente desalojadas, quedando sin un lugar para vivir”, afirmó Orellano.  

Respecto a las condiciones habitacionales, si bien el hacinamiento crítico, es decir la convivencia de más de tres personas por cuarto, es relativamente bajo (12 por ciento), aún sigue siendo alta en comparación con el promedio de hogares con hacinamiento crítico en la Ciudad (2,5 por ciento). La situación edilicia y la falta de aseo de los hoteles familiares e inquilinatos, muchos de ellos con clausuras o sin habilitaciones, dificultó aún más llevar a cabo los cuidados sanitarios necesarios para evitar el contagio del virus durante la pandemia.

Según el relevamiento, el 93 por ciento de las encuestadas tuvo obstáculos para conseguir vivienda siendo el mayor de ellos (78 por ciento) la falta o insuficiencia de ingresos, seguido de la informalidad de la actividad laboral que torna casi imposible el acceso a seguros de caución, garantías o recibos de sueldo. Para marzo 2021, la población encuestada destinaba un promedio de $11.400 para pagar el alquiler, cifra que representa más de la mitad (53 por ciento) del salario mínimo a marzo de 2021 ($21.600) y es menor al subsidio habitacional del Gobierno. Además, si bien el a través del decreto  N°320/202016 el Poder Ejecutivo congeló el precio de los alquileres y prohibió los desalojos durante la emergencia sanitaria, en el caso de las trabajadoras sexuales esto no se cumplió: el 52 por ciento de las encuestadas tuvo que mudarse tres o más veces el año pasado.

Otro de los bemoles para conseguir vivienda es la discriminación. Según los datos del CONICET el 35 por ciento señaló que había sido discriminada por su identidad de género, mientras un 27 por ciento indicó discriminación por nacionalidad, raza u otro motivo. La discriminación por ejercer el trabajo sexual fue mencionada por el 25 por ciento de las encuestadas.

“Aún hoy con las regulaciones que existen, hay barreras que tienen que ver con el racismo, la transfobia y el estigma del trabajo sexual que imposibilita a las compañeras acceder a una vivienda en condiciones», enfatizó la secretaria general. “Dentro del informe finalizamos con una serie de recomendaciones entre las cuales están pensar políticas habitacionales donde no solo se ponga el foco en la clase media, sino en cómo se desarrollan día a día las trabajadoras sexuales. Los programas habitacionales de CABA tienen que ajustarse al valor real de los alquileres pero además deberían contemplar las diversas formas de organización comunitarias que tienen algunos colectivos, sobre todo les migrantes”, aseguró Orellano. 

Sobre el final, el informe indaga en el abuso de las fuerzas de seguridad y cómo es camuflado tras las normativas de control de la prostitución. En ese sentido al 73,3 por ciento de las encuestadas se les pidieron los documentos en la vía pública, al 53 por ciento las requisaron, un 39 por ciento fue hostigada y un 35 por ciento debió aceptar que le labraran actas por ofrecer servicios sexuales. Estas últimas, basadas en el artículo 96 del Código Contravencional que regula la oferta y demanda de sexo en espacios públicos, si bien no se traducen en condenas, permiten el hostigamiento y vulneración permanente de las trabajadoras.

“La policía se ampara en este artículo para generar situaciones de violencia que nos obligan permanente a pensar estrategias y articulaciones  para intervenir cuando una compañera es hostigada de manera arbitraria. En este tiempo sucedió que los operativos y las razzias no terminaban en la comisaría, de hecho la última condena por el artículo 96 data de 2016, lo cual si bien es bueno, al mismo tiempo significó que no quede registrado en ningún lado el abuso que se comete”, concluyó la dirigente.

Compartí

Comentarios

El Grito del Sur

El Grito del Sur es un medio popular de la Ciudad de Buenos Aires.
Fundado el 23 de septiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno.