La frontera colombo-venezolana es extensa y porosa, una larga línea divisoria que se prolonga desde el mar Caribe hasta la Amazonía. Su traza actual se remonta al Laudo Arbitral Español de 1891, firmado tiempo después de que las mezquindades nacionales y los intereses imperialistas llevaran a la división de la gran Colombia, el sueño de Bolívar y Miranda, que unía -además de estas dos naciones- a Panamá y Ecuador.
Una zona rica en recursos donde abundan el petróleo, el coltán, el carbón, el oro y -como es costumbre en nuestra región- las actividades legales e ilegales que hace cuatro décadas desatan una intensa conflictividad en la zona.
«La situación de violencia en la frontera colombo-venezolana no es nueva. Viene desde hace décadas y se da en un territorio muy poroso donde interactúan cerca de 6 millones de personas», explicó a El Grito del Sur Javier Calderón Castillo, sociólogo colombiano e investigador de CELAG. Sin embargo, durante los últimos meses las escaladas de violencia entre las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han vuelto a llamar la atención sobre lo que sucede en el límite entre ambos países.
La semana pasada, la organización popular venezolana Corriente Revolucionaria Bolivar y Zamora (CRBZ), de base campesina y profundo arraigo territorial en las regiones fronterizas, denunció que «hombres armados del ELN colombiano invadieron las Comunas La Gran Unión y Víctor Díaz Ojeda, bajo el argumento de la guerra que libran con las llamadas disidencias del 10° Frente de las FARC».
«Desde hace casi cuatro décadas, los grupos insurgentes colombianos se ubicaron a la largo de la frontera venezolana con fuerzas que oficiaban como retaguardia», señaló Calderón Castillo. El origen de la actual disputa se enmarca en un historial de conflictividad diversa, pero surge al calor de los enfrentamientos entre dos grupos: el ELN, una guerrilla de origen cristiano revolucionario y de larga tradición en la región, y un sector de la disidencia de las FARC que se negó a firmar el acuerdo de paz y que actualmente se alejó de sus reivindicaciones político-ideológicas de origen y se nuclea en torno a los múltiples negocios que se mueven en la frontera.
«Las organizaciones del poder popular y de base venezolanas no somos parte de una guerra entre esos factores armados por la disputa de las rutas del narcotráfico y de los ilícitos fronterizos, pues es eso lo que está de fondo. En esas disputas no hay nada de ideología o proyecto político», plantea el reciente comunicado de la CRBZ. En el mismo tono se expresó el presidente venezolano Nicolás Maduro, que definió a estas fuerzas como TANCOL: Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos.
De hecho, el tercer actor en el conflicto es el gobierno venezolano. El año pasado, un sector de las disidencias de las FARC secuestró durante un mes a ocho militares venezolanos que se sumaron a otros ocho soldados bolivarianos que fallecieron en combates con los grupos armados que hacen vida en la zona. El Ejecutivo de Nicolás Maduro anunció ahora que movilizará fuerzas al territorio para recuperar algunas de las comunas que, según denuncian las organizaciones, permanecen bajo control de los «elenos».
Este conflicto se presenta en un año crucial para la región, en el que Colombia elige presidente y existen grandes chances de que un candidato de izquierda, Gustavo Petro, se imponga por primera vez en las urnas. «La disputa territorial favorece al actual gobierno colombiano», afirmó Calderón, quien destaca también el papel de Estados Unidos en la región y su alianza con la actual administración de Iván Duque. «El gobierno de Trump impulsó espacios llamados zona futuro, enclaves militares con asesoría norteamericana y despliegues de fuerza, muchos de ellos instalados en la frontera y que realizan un cercamiento no convencional en contra del gobierno venezolano». La inexplicable paradoja colombiana de aumentar el despliegue militar para cumplir un acuerdo de paz.
Cuarenta años de conflicto en un territorio caliente. Diversos actores implicados en un escenario dinámico y profundamente interrelacionado. Un año crucial en la historia colombiana, que busca cosechar la siembra de un proceso de paz donde más del 92 por ciento de las FARC se desmovilizó para pasar a la vida política civil. Una Latinoamérica en disputa y el estado de Apure como foco de tensiones.
