El modelo que todo lo incendia

🔥 Mientras el presupuesto para Manejo del Fuego se redujo significativamente, once provincias del país arden en llamas. ¿Qué puede hacer el Estado para combatir este flagelo?

La situación se repite, se agrava, el modelo se profundiza.  Al igual que en 2020 y 2021, el año 2022 comenzó con múltiples focos ígneos en distintas provincias de nuestro territorio. La semana pasada, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declararon la Emergencia Ígnea en todo el país, mientras once provincias se encontraban bajo fuego: Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Misiones y Corrientes.

En un escenario complejo de crisis climática, calentamiento global, olas de calor, profundización de las sequias y ausencia de precipitaciones, los incendios son cada vez más difíciles de controlar. Bajo estas circunstancias, diferentes ecosistemas de nuestro país se encuentran en extremo peligro. Tal es el caso de los humedales, que continúan siendo arrasados por acciones antrópicas: tan solo entre 2020 y 2021 se destruyeron más de 740.000 hectáreas de humedal en el Delta del Paraná. En este dramático contexto, el proyecto de Ley de Humedales está a punto de perder estado parlamentario por tercera vez en 10 años y estos valiosos ecosistemas, que ocupan el 21,5% de nuestro territorio, aún no cuentan con protección legal. Pese a los múltiples esfuerzos de movimientos socio ambientales que recolectaron más de 600 mil firmas en apoyo a la Ley, los intereses de los sectores agropecuarios, inmobiliarios y mineros presionan en contra de la normativa y paralizan su tratamiento. Un triple lobby que busca mantener en estado subterráneo el proyecto.

Otras situaciones recurrentes en los últimos días fueron los incendios en la Patagonia. La localidad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, fue la más afectada, con más de 80 mil hectáreas incendiadas. Además hubo diversos focos en el Lago Aluminé (Neuquén) y en municipios de la provincia de Río Negro como Bariloche o la Comarca Andina, que durante 2021 perdió más de 15 mil hectáreas de bosque patagónico, afectando a cientos de pobladores.  

De incendios y cambio climático

Los efectos del cambio climático crean un escenario propicio para la propagación de incendios. Por tal motivo, es fundamental que se redoblen los esfuerzos de parte del Gobierno Nacional y las provincias en políticas de prevención más eficaces. Es evidente que las acciones que se están llevando adelante no son suficientes, estamos comenzando el 2022 y en pocos días ya se extinguieron miles de hectáreas. Los recursos tampoco parecen ser los necesarios, ya que el presupuesto para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego se redujo y pasó de $441.000.000 en 2020 a de $282.876.000 en 2021.

La militancia socio ambiental, muy organizada en varias provincias, deberá seguir luchando para exigir políticas públicas reales que permitan combatir los incendios a lo largo del presente año, donde en palabras del propio viceministro de Ambiente Sergio Federovisky, «muy probablemente puedan presentarse temporadas de fuego a lo largo de todo el año como resultado del cambio climático”.

Son tiempos difíciles para el ambientalismo, que está librando batallas de resistencia contra el extractivismo en diferentes frentes. Hace pocas semanas, el pueblo de Chubut le dijo no a la megaminería contaminante; hoy las ciudades de la Costa Atlántica se oponen al avance de las petroleras sobre el Mar Argentino.

En este marco de luchas colectivas, más de 380 organizaciones de todo el país le solicitan al presidente Alberto Fernández a través de una carta que incluya en el temario de las sesiones Extraordinarias el tratamiento del proyecto de ley de humedales que establece presupuestos mínimos nacionales para la conservación, el uso sostenible y la restauración de estos espacios. Vale sintetizar este planteo en las palabras de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN): “Necesitamos que todos los Poderes del Estado estén a la altura de las circunstancias de la crisis ecológica y climática que atravesamos, y que reconozcan el trabajo colectivo y el reclamo ciudadano de más de una década detrás de la Ley de Humedales”.

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