Esta semana se conoció el índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec para 2021. Un 50,9 por ciento de inflación, muy por encima del 36,1% de 2020. En diciembre último, solo la carne subió un 10% y el rubro alimentos trepó cerca del 50,3% en el año. Poco después de publicarse los datos inflacionarios, el presidente Alberto Fernández lanzó la nueva etapa del programa Precios Cuidados, que contempla una canasta de 1.321 productos de consumo masivo. En su discurso, el Presidente indicó que hay una senda descendente de la inflación y que «así como estamos preocupados por la cuestión fiscal, y tratamos de ir ordenando las cuentas públicas sin que esto signifique una merma de derechos y que el pueblo sufra lo que no debe sufrir, del mismo modo nos preocupa que la inflación no crezca y se consuma el ingreso de los que viven de un sueldo».
Lo cierto es que varios economistas sostienen que la aceleración de precios produce mayor recaudación. Se baja el rojo fiscal, a costa de seguir ajustando jubilaciones y salarios. Para este 2022, se proyecta una inflación nada menos que del 55 por ciento.
Gran parte de las empresas que concentran el mercado alimenticio firmaron el acuerdo para esta segunda etapa de Precios Cuidados (entre ellas Arcor, Quilmes, Molinos, Unilever, Procter & Gamble, Mastellone y Coca-Cola) y también lo hicieron los grandes supermercados: Carrefour, Cencosud, Coto, Changomás, Día y La Anónima. Además de los referentes de la ASU, la FASA y la CAS, que son las principales cámaras sectoriales.
En 2020 Precios Cuidados se lanzó con 311 productos y en septiembre ya tenía el doble de bienes. El desafío es ver que el acuerdo se cumpla y que la mercadería se encuentre en las góndolas.
Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central y referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) prefiere no entrar en polémica sobre las cifras del Indec y remarca la importancia de tener un precio de referencia y defender así el bolsillo de la gente.
Además, insiste en que para tener una política seria para controlar los precios de la fruta y la verdura se tiene que planificar todo el esquema de producción y distribución. Contar con una proyección agropecuaria y eliminar los costos de producción en dólares. Asimismo, fiscalizar muy fuerte la cadena de distribución.
“El modelo de producción está dolarizado: los costos —semillas, fertilizantes y plaguicidas—, el alquiler de la tierra, el gasoil para la maquinaria. Vendes en pesos y producís en dólares. Con una devaluación todos esos costos se van para arriba y se trasladan al precio”, explicó Levaggi.
En la Argentina, los precios están totalmente desconectados de la demanda, de la oferta, del costo de los insumos, de los salarios o del volumen producido. La lógica de la libre competencia, eje fundamental de funcionamiento del mercado según Adam Smith, no es más que un anhelo. Por un lado están los productores que venden su mercadería a precios irrisorios, a mayoristas, frigoríficos, acopiadores. Esos compradores revenden a los supermercados, mayoristas, exportadores. Y estos últimos ofrecen esos productos al consumidor final.
Muchos compradores y pocos vendedores encarecen la cadena de valor. Terminar con esta lógica de los intermediarios requiere de una decisión política. Sobre todo en lo que hace a servicios y alimentos, indispensables para la existencia.
Para tener una idea, en el país el rubro alimentos es uno de los más concentrados. Seis grandes cadenas centralizan el 80 por ciento de las ventas de todo el sector supermercadista. El 74% de la facturación de los productos de góndola de esas cadenas corresponden a apenas 20 empresas.
En fideos, embutidos y productos de higiene los niveles de concentración en la firma dominante superan el 70%. El 75 por ciento del azúcar consumido lo produce Ledesma y el 78 por ciento de los productos enlatados son de Arcor. Bimbo controla el 80 por ciento de los productos panificados y Coca Cola y Pepsi el 87 por ciento de las gaseosas vendidas.
Sin competencia, la oferta y la demanda no funcionan. Si los precios los fijan las empresas, atacando la capacidad adquisitiva de los trabajadores, se genera una inflación crónica.
Esta inflación es responsable de la pobreza de una parte importante de la población que debe gastar la totalidad de su ingreso, para satisfacer sus necesidades básicas.
“La gran cuestión para la Argentina es desconcentrar la economía, con incentivos a los pequeños productores agrícolas y de la economía popular. Y no olvidamos la necesidad de frenar la extranjerización del aparato productivo. Sin enfrentar a los monopolios no hay forma de construir otro modelo”, opinó Gildo Onorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)
Para Levaggi “fuera de que cada intermediario incrementa el precio. Ese sector es necesario, porque los trabajadores de la economía popular con almacenes y ferias pueden ir del productor al consumidor, pero no es un modelo que se pueda trasladar al abastecimiento de millones de personas como es el caso del Mercado Central”.
Esteban “Gringo” Castro, secretario general de Utep, cree que acuerdo de precios es favorable. “Estamos de acuerdo con la medida que ha tomado el Gobierno, ya que es muy difícil en los barrios populares seguir soportando los aumentos de la carne y de otros alimentos”, concluyó Castro.
Del otro lado del mostrador, Alberto Samid, empresario frigorífico y ex vicepresidente del Mercado Central habló de políticas de maquillaje. “La medida del Gobierno de establecer cortes que no se puedan exportar es gatopardismo. Asado y falda el 70 por ciento es hueso. No son cortes que quieran en el exterior”, criticó Samid.
El empresario frigorífico reconoció los problemas que tuvo en su misión de llevar filiales del Mercado Central al interior: “Yo traté de armar sucursales del Mercado Central en otras localidades y choqué con los intendentes, porque están arreglados con los supermercados. Es muy difícil armar una cadena para que la gente compre más barato. Para romper con los intermediarios tiene que haber una decisión política”.
Levaggi reconoció que por el momento no hay una disposición gubernamental de llevar sucursales del Mercado Central a la Ciudad o los municipios y destacó las colonias agrícolas que la UTT tiene en Luján, Castelli y Gualeguaychú, como la que se está conformando en la provincia de La Pampa.
Más allá de estar a favor o en contra de Precios Cuidados, todos los consultados afirmaron que se necesita transformar el sistema agroalimentario.
Los terrenos estatales cedidos a sectores de la economía popular para que los produzcan, son un pequeño avance para tener alimentos más sanos, sin agrotóxicos, y lograr la tan deseada soberanía alimentaria.
Pero con una inflación que no da tregua y una proyección que ronda el 60 por ciento para este año, habrá que ver si el acuerdo de precios es suficiente para garantizar la alimentación de millones de argentinos.
