Este jueves, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti anunció en conferencia de prensa que el Gobierno trabaja en la creación de una Empresa Nacional de Alimentos para garantizar precios «bajos» y ayudar a los pequeños y medianos productores. La iniciativa despertó expectativa en las organizaciones que desde hace varios años bregan por la soberanía alimentaria, aunque hacia fuera prefirieron mostrar cautela. «Estamos plenamente de acuerdo con la creación de esta empresa, hoy no existe una planificación para producir alimentos con lo cual está todo librado a la oferta y demanda», señaló a El Grito del Sur Agustín Suárez, referente nacional de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT).
La posible creación de una Empresa Nacional de Alimentos por parte del Gobierno nacional posee una razón de fondo con nombre y apellido: la lucha contra la inflación. Al inicio de la gestión de Alberto Fernández, en junio de 2020, se había propuesto la intervención y expropiación de Vicentin, cuestión que finalmente quedó trunca. Lejos de la ambición de intentar el control de una de las principales exportadoras de granos de nuestro país, la flamante iniciativa gubernamental pretende lograr que los pequeños productores puedan llegar a distribuir sus mercaderías y que los productos estacionales logren desacoplar su valor de los precios internacionales, algo que constantemente empuja la inflación al alza.
Durante la conferencia de prensa, Cerruti admitió que «la inflación es un daño para la mesa de los argentinos y el Gobierno evalúa una solución, no porque le interese políticamente, sino porque es su deber modificar la vida de la gente». Recientemente se conocieron los datos de inflación del INDEC correspondientes al mes de enero, que alcanzó el 3,9 por ciento -el indicador más alto desde abril anterior- pero en particular contó con una fuerte suba del 4,9 por ciento en la canasta de alimentos y bebidas.
«Una Empresa Nacional de Alimentos, directamente asociada con los productores, permitirá impulsar el rol activo del Estado, en cuanto a la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos, en un mercado que hoy está fuertemente concentrado y en manos de grandes corporaciones», explicó el Director Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer. Otro de los funcionarios nacionales que viene empujando la iniciativa es el secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien ya planteó que se requiere mayor intervención estatal en los precios de los alimentos.
Del otro lado de la grieta aparecieron los halcones de Juntos por el Cambio para rechazar esta posibilidad. «Presidente Fernández, crear una ¨Empresa Nacional de Alimentos¨ es recurrir a prácticas que fracasaron. Ya se hizo en Venezuela con PDVAL y el resultado es conocido: más corrupción, más hambre, una inflación de casi 700% anual y 76% de pobreza extrema», cuestionó la titular del PRO, Patricia Bullrich. Por su parte, el diputado nacional Ricardo López Murphy afirmó que «son incapaces de administrar el Estado y ahora pretenden crear una Empresa Nacional de Alimentos. El control que quieren ejercer destruye al país. Dejen a la iniciativa privada que se ocupe de la producción. Lo último que necesitamos son más cargos, más empleados y más déficit».
Los precios de los alimentos, un problema estructural
En abril de 2020, el diputado nacional Federico Fagioli presentó un proyecto para crear una Empresa Nacional de Alimentos que contribuyera con la estabilización de los precios de producción y comercialización de alimentos. De esta forma buscaba incidir en el precio de los productos desde una perspectiva en favor del interés común.
«Hoy el Estado no planifica sobre la producción de alimentos. No tiene que ver con una intervención, donde muchos quieren llevar la discusión. Hay momentos de sobreproducción, donde al productor no se le paga nada y se tiran esos alimentos, y otros momentos donde hay poca producción -o problemas climáticos- y aumentan los precios, que se suma a la especulación de los distintos eslabones», explicó a este medio Agustín Suárez.
Desde la UTT vienen exigiendo una Ley de Acceso a la Tierra, que atraviesa su tercer intento en el Congreso (ya perdió estado parlamentario en 2016 y 2018). El proyecto establece la constitución de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, administrado por el Banco Nación, como política rural de promoción del derecho a la vivienda. «Queremos resaltar que el proyecto de ley de Acceso a la Tierra también aporta a la solución del problema de los precios en los alimentos de forma estructural. Con tierra propia, buena parte de la especulación desaparece y además se le brinda dignidad al pequeño productor», concluyó Suárez.
