Cuando el Gobierno abrió la discusión sobre la ley de alquileres, todavía vigente pese a los amagues de voltearla, se metió en un lodazal. Así lo admiten abiertamente funcionarios y legisladores ligados al problema, y esa misma sensación quedó flotando en el aire este miércoles luego de la reunión convocada por el secretario de Comercio, Roberto Feletti, de la que participaron representantes de las inmobiliarias y los desarrolladores urbanos, de un lado, y las agrupaciones de inquilinos, por el otro.
Feletti fue el primero en atreverse a tomar ese fierro caliente y sentar en la misma mesa a todo el espectro de actores e intereses alrededor del tema. Lo hizo fundamentalmente preocupado por el encarecimiento de “un precio de la economía”, tal como definió él mismo al alquiler, aunque reconoció que en esa variable no sólo impacta el juego de la oferta y la demanda, sino que se trata también de un “derecho humano, social” y que el Estado debe intervenir para que se cumpla. Ese tramo de su breve alocución (Feletti se ocupó sobre todo de escuchar, algo que por ahora no hizo la diputada massista Marcela Passo, a priori encargada de la confección de una supuesta nueva norma) fue el más festejado por las organizaciones sociales, que se retiraron mayormente conformes.
“Para nosotros fue positiva. A un año y medio de la sanción de la ley era importante que el Gobierno pusiera sobre la mesa que los inquilinos necesitamos políticas públicas activas. Pudimos dejar en claro que esta ley puede ser perfectible, pero derogarla en función del lobby empresarial sería un gran retroceso. Es más, nuestro reclamo fundamental es que el Estado la aplique en su totalidad, con todas sus herramientas, e intervenga donde la ley no llega, sobre todo el mercado informal, que es mayoritario”, le dijo a El Grito del Sur Leandro Vera, investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del CELS.
Las organizaciones centraron sus planteos en la relación cada vez más desigual entre salarios y alquileres, en la creciente concentración de la oferta, en el abuso de las inmobiliarias, en la ausencia de una política de alquileres sociales y en el altísimo porcentaje de contratos informales (más de la mitad según un informe del CELS), donde las condiciones para el eslabón más débil de la relación son aún peores. Pero el argumento de peso fue que el Estado debe tomar el alquiler como un derecho, lo que choca de frente con el sector inmobiliario y propietario, cuyo enfoque está puesto en el derecho a la propiedad y en la actividad económica de quienes viven de ese mercado.
La presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) y militante de la UCR, Marta Liotto, culpó en su exposición a la ley vigente por la retracción de la oferta. “Nosotros advertimos que esta ley iba a ser problemática para los propietarios, y tuvimos razón. Ahora estamos haciendo esfuerzos enormes para que vuelvan a poner en alquiler, porque con estas condiciones nadie quiere hacerlo”, dijo. En la misma sintonía se había expresado antes su correligionario Martín Tetaz, quien pidió tratar una nueva ley ni bien se inauguren las sesiones ordinarias, el primero de marzo. El temor de algunos referentes de la problemática es que el Gobierno pierda la iniciativa frente a Juntos por el Cambio.
Este jueves a la mañana, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, insitió con la idea ya expresada en noviembre pasado de que la ley “fracasó” y que el Gobierno “está dando pasos en el buen camino” para reemplazarla. Esa posición no es unánime en el Frente de Todos y muchos consideran el problema como un arma de doble filo, porque no están dadas las condiciones para abrir otro frente de conflicto con un sector del poder económico, pero tampoco para seguir golpeando el bolsillo de las y los trabajadores, que con o sin ley siguen pagando alquileres cada vez más caros, en muchos casos incluso por encima de la inflación.
“Para los trabajadores sigue siendo un problema pagar el alquiler. La vivienda está ligada a la canasta básica, y con el nivel de inflación que tenemos ocupa cada vez más un porcentaje del salario. El problema es que no sólo están caros, sino que para colmo los propietarios consideran que faltan aumentos y las inmobiliarias quieren recuperar el negocio de cobrar comisiones cada dos años, otra vez, o incluso cada año. Sabemos que es un problema complejo, pero no debe dejar de encararse como un problema de derechos humanos”, reflexionó Glenda Gómez, de la Comunidad Federal inquilina y no propietaria y e integrante del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
De la reunión del miércoles se consensuó un temario para un próximo encuentro con eje en la duración de los contratos, el precio inicial de los alquileres, la política de alquiler social y, sobre todo a pedido de Feletti, la búsqueda de estrategias para ensanchar la oferta. Aunque la agenda, como durante el primer encuentro, sigue abierta: algunos sectores plantean incluso la creación de un observatorio de la vivienda.
“Nos preocupa que además hay muy pocos datos fehacientes, porque en la AFIP casi no hay contratos registrados. Hicimos dos encuestas durante la pandemia con un resultado llamativo: el 50 por ciento de los inquilinos en la Provincia no tiene contrato. También nos parece importante que se haga un estudio actualizado sobre las viviendas vacías a nivel nacional, en los principales centros urbanos. Pero siempre discutiendo desde un piso que es garantizar los derechos básicos, como los tres años de contrato, que establece la ley”, dijo Vera, del CELS.
