Más de un centenar de personas reclamaron frente al Congreso de la Nación por el tratamiento en sesiones extraordinarias del proyecto de la nueva ley de VIH. El Gobierno había formalizado la inclusión de la iniciativa en el temario, pero las Cámaras siguen sin sesionar por problemas internos y el proyecto perdería estado parlamentario por tercera vez a pesar de contar con el apoyo de todo el arco político.
“Es evidente que la falta de voluntad política y la burocracia estatal impide que se trate la ley y eso va en contra de nuestras vidas”, dijo a este medio Manuel Ferreiro, coordinador de CABA de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap). “Desde que se presentó el primer proyecto hace seis años hasta ahora, fallecieron 15 mil personas por causas relacionadas al VIH y los boletines epidemiológicos dicen que los nuevos diagnósticos son entre 4 mil y 5 mil al año, no varía. Ahí hay una falta de respuesta al VIH del aparato estatal y por eso las organizaciones que estamos ahí somos importantes para contener”, afirmó.
Los Jueves Rojos nacieron como una iniciativa de la Rajap para manifestarse y presionar para que salga la ley todos los jueves de febrero, que es cuando deberían llevarse adelante las sesiones. Para el primero, recordó Ferreiro, fueron solo seis personas “sentadas como en un picnic hablando de VIH”, pero después se sumaron otras organizaciones que dan respuesta al virus y autoconvocades.
Para el jueves 17 a las 18 horas hubo pantalla gigante, corte de la avenida Rivadavia al grito de “No hay más tiempo”, discursos y la participación de representantes de todos los sectores políticos: les diputades Daniel Gollan, Mara Brawer, Natalia Zaracho y Carolina Gaillard del Frente de Todos; Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, y Romina del Plá del Frente de Izquierda. “Vamos a seguir trabajando para su inmediata sanción”, prometió Gaillard.
En octubre de 2021 el proyecto había logrado obtener dictamen en las comisiones de Salud, Presupuesto y Legislación General, pero al haber finalizado el año legislativo sin ser tratado ahora debe tener un tratamiento exprés en comisiones. “En diciembre, cuando se renovó la composición del Congreso, se perdieron los dictámenes que habíamos conseguido, que fueron resultado de muchísimas luchas -afirmó el coordinador de Rajap-. Lo contradictorio es que hay representación de todo el arco político, la votación debería ser favorable. Pero hay dilatación y si no lo hacemos notar nosotros, no va a salir nadie”.
De ser aprobado, el proyecto reemplazaría a la actual ley de VIH, sancionada en 1990 cuando todavía no existían los tratamientos con antirretrovirales. La nueva iniciativa busca brindar una respuesta integral no solo para el VIH sino también para las hepatitis virales, la tuberculosis y otras ITS y, además, al enfoque biomédico le suma derechos humanos y perspectiva de género. Las organizaciones que dan respuesta al VIH denuncian que buena parte de las muertes relacionadas al virus no tienen que ver con la falta de acceso a tratamientos sino con la exclusión y la vulnerabilidad social.
“En el día a día nos encontramos con situaciones donde el estigma y la discriminación persisten. Yo me enteré de mi diagnóstico en un test laboral, que es algo que no está permitido. Esta ley reconoce el VIH como una problemática social y no solo aborda el derecho a la salud, sino también los derechos sociales”, señaló Ferreiro.
Además de prohibir las pruebas diagnósticas de ITS en los exámenes preocupacionales, la nueva ley propone pensiones contributivas para personas con VIH y hepatitis virales en situación de vulnerabilidad social y la formación y capacitación obligatoria para todos los equipos que trabajen con ITS, incluyendo poderes del Estado, trabajadores de salud y comunicadores, entre otros aspectos.
El próximo jueves habrá una nueva movida frente al Congreso a las 18 horas. “Es el lugar en el que hay que estar si te importa la salud pública -afirmó Ferreiro-. Es importante y urgente que salga esta ley para prevenir muertes que son evitables”.
