«Este será el año de la educación para recuperar lo que postergó la pandemia», afirmó Alberto Fernández durante su visita a la Planta Gráfica Argentina, donde se imprimen más de 7 millones de libros para el programa nacional Libros para Aprender, a pocos días de que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, fuera ampliamente repudiada por sostener que “es muy tarde para salir a buscar a los chicos» después de casi dos años de pandemia, porque «esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades del narcotráfico”.
“Los chicos no se pierden en las villas. Vivimos en el laberinto de las injusticias y los derechos incumplidos, de las políticas educativas excluyentes y la falta de vacantes”, respondió el referente de la organización villera La Poderosa, Nacho Levy, en sus redes sociales al repudiar los dichos de la funcionaria porteña mientras amplió la discusión sobre la Educación en todo el país y señaló cómo afectan las faltas de políticas públicas sobre los sectores populares, entre ellas la falta de vacantes y conectividad, las demoras en la entrega de las notebooks, el desfinanciamiento y la falta de creación de escuelas, en un contexto donde también son afectados de cerca por el narcotráfico.
En ese sentido, Levy criticó a los que “se indignan” al escuchar los dichos de Acuña, cuando durante meses intentaron “enterrar una realidad que conocen” como “el abandono absoluto que padecían miles de niñas, niños y adolescentes expulsados de la escuela en todo el país”. Y llamó a “dimensionar el poder real del narcotráfico”, palabra que para Levy pasó inadvertida a los oídos de casi toda la clase política.
Falta de datos de deserción escolar
A los dos días de los dichos de Acuña, el Ministerio de Educación porteño volvió a ser noticia por una resolución que emitió el Órgano Garante del Derecho de Acceso a la información en el que le ordenó entregar, en el plazo de 10 días hábiles -es decir, este jueves 3 de febrero- los datos estadísticos del sistema educativo que permitan conocer «el impacto de la pandemia y la profundización de desigualdades sobre las trayectorias escolares de niñas, niños y adolescentes».
Esta intervención del Órgano fue solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en octubre del año pasado luego de que el Ministerio porteño le respondiera de forma “insuficiente e incompleta” al pedido de acceso a la información pública en la que pidieron datos como la tasa de abandono interanual y sobre la implementación local del «Programa Acompañar: Puentes de Igualdad», destinado a revincular a niños, niñas y adolescentes que se alejaron de las escuelas en el contexto de pandemia, entre otros.
A su vez, la Asociación también le había solicitado indicadores educativos relacionados al abandono escolar durante el período de pandemia al Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Salta.
En diálogo con El Grito del Sur, Bárbara Zanino, abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ dijo que lo que los alertó para hacer el pedido de acceso a la información fueron, entre otras cosas, los datos oficiales de la Evaluación de continuidad pedagógica. Este relevamiento realizado por el Gobierno nacional encontró que aproximadamente 1.100.000 niños, niñas y adolescentes de todo el país se habían desvinculado de las escuelas como consecuencia de las medidas de aislamiento y la falta de conectividad.
“Entendíamos que había una situación de riesgo extraordinaria respecto a la continuidad educativa. Luego salió otro dato correspondiente al programa Acompañar, pero no teníamos datos jurisdiccionales, entonces hicimos pedidos de acceso a la información”.
El Ministerio de Educación de la Nación respondió el pedido de informe a ACIJ a fines de la semana pasada y si bien se encuentra en análisis por la Asociación, Zanino adelantó que “tampoco nos brindaron el detalle que el ministro dijo públicamente, de que de los 1.100.000 niños, niñas y adolescentes, 600.000 ya habrían vuelto y 500.000 aún no estarían vinculados con sus escuelas. Esos datos todavía no los podemos constatar”.
En Provincia de Buenos Aires, el pedido de acceso a la información fue similar y continúa en trámite, y en Ciudad de Buenos Aires, si el Ministerio de Educación no brinda la información correspondiente el 3 de febrero, el siguiente paso para ACIJ será hacer un amparo judicial por acceso a la información pública, que a diferencia del reclamo administrativo será en sede judicial.
En cuanto a las responsabilidades sobre los datos escolares, Zanino explicó que, por la Ley de Educación Nacional, siempre hay responsabilidades concurrentes de la Nación, las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. “Nación realiza un relevamiento anual de datos estadísticos a través de las provincias, pero también cada jurisdicción tiene que poder llevar los datos correspondientes a su propia jurisdicción y según sus propios parámetros”, apuntó.
Desinversión en Infraestructura y falta de vacantes
Paralelamente, la legisladora porteña por el Frente de Todos (FdT) María Bielli realizó otro pedido de informe al Gobierno de la Ciudad pero ante la Legislatura, solicitando los datos de matrícula y deserción escolar en el 2020 y 2021 en territorio porteño, “para saber cuáles fueron las medidas que tomó específicamente para revincular a aquellos estudiantes que hayan abandonado sus estudios” y, según mencionó a este medio, se sumaron otros cuestionamientos como la baja en la cantidad de becas estudiantiles y la disminución en infraestructura educativa.
“Si bien para este año las becas estudiantiles tendrán un presupuesto de $2.348.943.730 en la Ciudad que implica un aumento del 41 por ciento con respecto al sancionado en 2021, se establecieron como meta 69.061 becas y significan 6.331 becas menos que en 2021”, advirtió Bielli y ponderó: “Esto tiene un correlato con los dichos de la ministra si uno da por sentado que hay menos pibes en el sistema y que entonces se van a entregar menos becas”.
“El Estado no brinda alternativas para quienes no podemos pagar una cuota en una institución privada -publicó también Nacho Levy-. Este año, más de 30 mil niñas y niños no tienen escuela en la Ciudad. Las dificultades en el acceso a la educación son una realidad en nuestros barrios, y el Gobierno de la Ciudad es responsable y en lugar de garantizar la conectividad en los barrios empobrecidos para que podamos estudiar, prefirieron seguir desfinanciando”.
El porcentaje de inversión destinado a Educación en la Ciudad, pasó de 26,6 por ciento en 2010 a 19,5 por ciento en 2022, según información del Gobierno porteño.
Sin embargo, la legisladora Bielli señaló que el porcentaje de la participación del presupuesto de Educación en el presupuesto total de la Ciudad es de 17,6 por ciento para 2022 porque “hicieron un recorte fuerte en infraestructura (escolar) de alrededor del 60 por ciento entre el 2020 y el 2021. Entonces si se compara el presupuesto del 2022 con el del año pasado, se compara con un presupuesto de recontra ajuste y da como resultado un aumento (de partida), pero si se compara con el 2020 son presupuestos a la baja. Además, subejecutó más del 40 por ciento del presupuesto 2021, entonces ni siquiera utilizaron toda la plata que tenían que ya era magra en lo que respecta a infraestructura”.
La falta de presupuesto para infraestructura escolar en la Ciudad, seguido del déficit de vacantes también es un tema que preocupa a la ACIJ. “Tenemos constancia de que no hay un plan de obras certero para lo que queda de la gestión que terminaría en 2023 -aseguró la abogada-. Lo sabemos de primera mano porque ACIJ es la organización que interpuso el amparo por faltas de vacantes en el año 2006 y tenemos reuniones bimestrales con el Ministerio debido a esta causa judicial, sin respuestas hasta el momento, no más que una obra aislada o alguna ampliación, la última respuesta fue un aula de ampliación”.
Promesas de conectividad
Según un informe publicado por ACIJ en diciembre, durante la pandemia se evidenciaron y profundizaron situaciones de desigualdad entre las niñas, niños y adolescentes que acceden a dispositivos electrónicos y conexión a internet y quienes no cuentan con estos recursos en el país. El Ministerio de Educación nacional informó que cerca de un 60 por ciento de quienes asisten a escuelas de gestión estatal no poseen una computadora disponible en el hogar para uso educativo ni una conexión a Internet de buena calidad que les permita cumplir con las tareas escolares de forma adecuada, y los datos mostraron que la situación empeora en barrios populares y áreas rurales.
En la encuesta realizada a las y los habitantes de los barrios reconocidos por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), sólo el 13,9 por ciento respondió tener netbook o PC en el hogar y el 77 por ciento refirió utilizar celulares para las actividades escolares.
“La conectividad se volvió relevante en distintos sentidos, no solo en el contexto de pandemia donde fue esencial, sino también en el contexto ‘post pandemia’ en el escenario de la vuelta a la presencialidad porque hoy es la puerta de entrada al conocimiento, a la información y a muchos otros derechos y además también porque parte de las obligaciones que tiene el Estado en materia educativa es brindar recursos tecnológicos y que puedan aplicarse. Es una obligación garantizar la conectividad”, define Zanino.
Sobre este tema, ACIJ también hizo un pedido de acceso a la información a fines del año pasado. “Vimos que se había ejecutado un porcentaje muy bajo de recursos asignados al plan Juana Manso y nos respondieron que se habían entregado alrededor de 25 mil computadoras, que luego enseguida fue actualizado a 45 mil, pero la promesa eran 633 mil, venían muy atrasados. Accedimos a fuentes del Ministerio de Educación y recibimos la explicación de que las demoras tienen que ver con las empresas encargadas de ensamblar las partes de las notebooks y los insumos. En función de eso había un atraso. Pero vamos a seguir haciendo un seguimiento porque ahora hay nuevos anuncios que lo asocia con el programa Conectar Igualdad, que había lanzado Cristina Fernández (en 2014)”.
La promesa, detalló Zanino, es que van a entregar en 2022 más de 1 millón y medio de computadoras y repartir hasta 2023 2.6 millones de computadoras. “Teniendo los porcentajes de cumplimiento tan bajos que hemos tenido en 2021 vamos a monitorear esto de cerca durante el ciclo lectivo porque tenemos algunas dudas de que se llegue”, adelantó.
Por su parte, Bielli también destacó que junto al plan Conectar Igualdad a nivel nacional se desarrollan diversos planes para que los estudiantes que se vieron obligados a suspender sus estudios vuelvan a las aulas, como las Becas Progresar. Según informó el ministro de Educación, Jaime Perczyk, «más de medio millón de adolescentes de entre 16 y 17 años se inscribieron a la primera convocatoria de la beca Progresar».
Presencialidad
¿Será el 2022 el año de la educación como afirma el Presidente? No se sabe, pero el año de la presencialidad seguro. Perczyk y su par de Salud, Carla Vizzotti, se reunieron este martes con expertos y gremios docentes por la presencialidad en las escuelas de cara al comienzo de clases en la que abordarán la importancia de avanzar con la vacunación de niñas, niños y adolescentes, así como con las tercera dosis para el personal docentes y no docente de las escuelas, y propuestas de protocolos en base a las recomendaciones científicas y la situación epidemiológica actual para “garantizar la plena presencialidad cuidando la salud”.
