En las azucareras de Jujuy, las y los trabajadores están rotos. Los ritmos de producción, la falta de elementos de protección, las pagas magras y la desidia empresarial hacen que muchos de los laburantes de la empresa Ledesma lleguen a los 40 años con enfermedades derivadas de su actividad laboral. Pero no hay descanso en las tierras de Morales y Blaquier, porque los señores feudales de Jujuy volvieron a la ofensiva.
Esta semana se conoció que la empresa Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, despidió al menos 18 trabajadores del sector frutales que habían tenido accidentes laborales. Además, desvinculó a obreros que se desempeñaban en la fábrica papelera y en la producción de azúcar. La denuncia partió de la seccional 887 de la UATRE, que señala que además de estos casos existen despidos a trabajadores con sobrepeso y hernias. Para conocer a fondo la cuestión, El Grito del Sur se comunicó con Benjamín Ramírez, secretario general de la UATRE en Ledesma.
«Ledesma venía recortando algunos beneficios a los trabajadores que tenían denuncias en la ART: les cortó los préstamos, las horas extra, algunos bolsones. A otros directamente no les permitía cambiar de área o no les daba trabajo, señalando que eran trabajadores por temporada», señaló Ramírez, quien insiste que esta situación se presenta mucho en el sector, donde prevalece el trabajo golondrina o estacional.
Ledesma es un gran monstruo en el norte argentino: fundada a principios del siglo XX, es el principal actor en la producción azucarera del país y ha diversificado sus rubros a los jugos, el papel, las frutas y los almidones. El año pasado se convirtió en la mayor exportadora de frutas de Argentina. Fue una de las grandes beneficiarias económicas de la última dictadura cívico-militar y la propia familia Blaquier fue responsable directa del secuestro y la desaparición de unos 400 trabajadores azucareros durante el episodio conocido como «La noche del apagón», ocurrido en 1976.
Pero pasan los años y en Jujuy las persecuciones patronales no perecen. «Cuando un trabajador sufre un accidente está en todo su derecho de reclamar a la ART, que es la aseguradora de trabajo. Encima, pareciera ser que la ART es de la misma empresa. Entonces Ledesma comenzó con los despidos directamente», explicó Ramírez.
Si bien no hay números exactos, desde la UATRE Ledesma estiman que son al menos 18 despedidos. El sindicato y la empresa mantuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo y en ese ámbito los representantes de Ledesma admitieron que la azucarera cuenta con más de 300 denuncias en la ART por accidentes laborales. Paradójicamente, el Ministerio le pidió las pruebas al sindicato, en lugar de instruir a la empresa para que justificara los despidos.
Pese a ello, el conflicto no se limita solamente a despidos de trabajadores accidentados. «Hay una compañera que tenía exceso de peso y otra con una operación de hernia de disco. Ninguna tenía denuncia a la ART pero sí incapacidad laboral», agregó el dirigente sindical.
La empresa despidió a estos trabajadores amparándose en el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dispone que en caso de incapacidad laboral la empresa puede finalizar el vínculo laboral. «Directamente los despidieron», dijo Ramírez.
Con esta decisión, la empresa busca generar terror entre las y los trabajadores, evitando reclamos y atentando contra la organización y la defensa de los derechos laborales. Sin embargo, el objetivo de fondo es otro: desde Ledesma no solo se ahorraron la indemnización sino que buscan reducir la prima de riesgo en las aseguradoras de trabajo. Con más accidentados, mayor es la cuota que deben abonar. ¿La solución que encontraron? Sencilla, deshacerse de los accidentados. La cultura del descarte en su máxima expresión.
También hay otro objetivo latente. Fuentes de la causa informaron a este medio que Ledesma busca limpiar su imagen de cara a obtener beneficios para la exportación. La gran cantidad de accidentados y denuncias es un escollo ante la necesidad de certificados que den cuenta del «buen» ambiente laboral en la empresa, necesarios para vender sus productos en el exterior.
¿Y el Estado? ¿Y el gobernador radical Gerardo Morales? «El gobierno jujeño hace la vista gorda y mira a otro lado mientras dejan familias a la deriva y en la calle. Hay gente de más de 50 años que lleva mucho tiempo trabajando en la empresa y que no va a conseguir empleo en ningún lado», señala Ramírez.
Frente a esta situación, desde el sindicato están convocando a una acción el próximo 10 de marzo donde visibilizarán el conflicto junto a organizaciones sociales y espacios comunitarios para tomar medidas de conjunto que puedan generar soluciones para las familias despedidas.
