Además de presentar a trazo grueso el contenido del acuerdo inminente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente dedicó buena parte de su discurso de este martes frente a la Asamblea Legislativa a presentar iniciativas diversas y a repasar la acción de su Gobierno respecto de distintos temas relacionados con los sectores populares. Alberto Fernández negó que vaya a haber un ajuste y confirmó que no habrá ni tarifazos ni reformas laboral y previsional. Pero también anunció iniciativas destinadas a impulsar a los trabajadores de la Economía Popular, a resolver el problema de la vivienda y el encarecimiento del alquiler, y a garantizar una ley de la democracia para las personas con discapacidad. En el debe, quedó sabor a poco respecto de las políticas de género y diversidad -aunque anunció un proyecto de ley para crear un sistema integral de cuidados- y también a la situación ambiental: si bien anunció una modificación de la Ley de Bosques vigente, omitió referirse a la grave situación que atraviesa la provincia de Corrientes.
El Grito del Sur repasó una a una las descripciones, iniciativas y promesas que realizó el Presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso referidas a la “agenda popular”.
ECONOMÍA POPULAR
“Mientras alguien la necesite, la asistencia del Estado seguirá presente. Pero es hora de que los argentinos y argentinas que puedan hacerlo, vuelvan paulatinamente al empleo formal y puedan ir prescindiendo de los planes sociales”, aseguró el Presidente luego de que su ministro, “Juanchi” Zabaleta, dijera diez días atrás que Desarrollo Social cortaba la inscripción este año para nuevos ingresantes al programa Potenciar Trabajo y anunciara un convenio con la cámara de empresarios gastronómicos como parte del plan para “convertir los planes en trabajo”. Esa decisión había generado un contrapunto con las organizaciones sociales de la izquierda, que denunciaron un “ajuste” en el área, “dictado por el FMI”.
De todos modos, el Presidente plasmó en su discurso los tres principales puntos programáticos para el corto y mediano plazo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), una de las organizaciones que se movilizaron al Congreso a fin de apoyarlo. Se trata del plan de créditos productivos a través del INAES, el programa de compras del Estado a las cooperativas y la creación de un monotributo específico para el sector.
“Vamos a asumir el desafío que el Papa Francisco ha propuesto: empujar desde abajo hacia arriba -dijo Fernández, y dejó una definición que fue una de las más aplaudidas de su discurso-. La idea del derrame de la riqueza de los poderosos es solo una quimera que jamás se materializa. Ha llegado la hora de que los ingresos se distribuyan en términos de mayor equidad”.
Sobre el final de ese tramo específico, el Presidente elogió a las organizaciones sociales y dijo que “es hora de reconocer, visualizar y registrar las actividades de la economía popular. Debemos avanzar en su productividad y crecimiento construyendo nuevas generaciones de derechos”.
ALQUILERES
“A los problemas hay que llamarlos por su nombre”, introdujo sobre el tema alquileres y agregó enseguida que “es necesario reconocerlos para poder resolverlos”. Asoció el crecimiento en el precio del alquiler con la inflación y pidió una nueva ley que regule ese mercado. “Pensando en todos los argentinos y argentinas que hoy son inquilinos, le pido al Congreso de la Nación que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la ley actual y generar un mejor acceso a la vivienda”, dijo. Tanto en el Ejecutivo como en el sector ligado al massismo dentro de la Cámara de Diputados avanzan a tientas con una norma que modifique total o parcialmente los puntos centrales de la ley vigente, que modificó en 2019 algunos puntos del Código Civil y que el propio Gobierno reconoció como un “fracaso”, pese a que las agrupaciones de inquilinos no piensan lo mismo.
BARRIOS POPULARES
No hubo grandes anuncios en el área, más allá de la voluntad de continuar con el programa de urbanización que lleva adelante la secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Miño, que se financió en parte durante 2021 con fondos del Aporte Solidario y Extraordinario. “Avanzamos en la política de urbanización de barrios populares con 364 barrios donde viven 317 mil personas -repasó Fernández-. Continuaremos con el Programa Mi Pieza y lanzaremos el proyecto para el Mejoramiento del Espacio Público en los barrios populares”.
Respecto de la conectividad, uno de los problemas que más aquejaron a los barrios populares durante la pandemia y que generó varias denuncias de organizaciones como La Poderosa por las consecuencias de la falta de ese servicio, especialmente en el plano educativo, el Presidente se comprometió a “multiplicar la conectividad en las escuelas”, aunque no se refirió a los domicilios particulares.
“Pondremos en marcha un plan para expandir la tecnología informática para nuestros niños, niñas, jóvenes y nuestros docentes. En los próximos 90 días brindaremos conectividad a 2.700 escuelas que no tenían. Para el resto de 2022 tenemos previsto conectar 10.000 escuelas más. Esto significa que 3 millones de chicos y chicas que no tenían conectividad en sus escuelas pasarán a estar conectados. Sumados estos 3 millones a los 5.200.000 estudiantes que ya tienen conectividad en sus escuelas, terminaremos el año cubriendo el 90 por ciento de la matrícula total del Sistema Educativo argentino”, prometió.
JUVENTUDES
El Presidente anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso el Proyecto de Ley de Empleo Joven, “para facilitar la inserción de los y las jóvenes en el mercado de trabajo”, aunque no dió mayores precisiones. Luego se dedicó a repasar algunas de las políticas hacia el sector desplegadas el año pasado, como el “Programa Potenciar Inclusión Joven”, a través del cual, dijo, “generamos capacitación para casi 50 mil jóvenes junto a una beca de estímulo económico”. “En 2021 hemos otorgado más de un millón de becas Progresar”, agregó.
FEMINISMO Y DIVERSIDADES
“Frente a la situación de mujeres que no lograban salir de situaciones de violencia de género por falta de recursos económicos, creamos el Programa Acompañar y ya hay más de 130 mil mujeres a las que ha llegado esa ayuda y ese cuidado”, dijo Fernández en el tramo dedicado a la igualdad de género y a los derechos de las diversidades, que dejó sabor a poco. “Vamos a seguir apoyando a las cooperadoras. Y vamos a fortalecer la Educación Sexual Integral. Queremos que los niños, niñas y adolescentes, sepan cuidar de sus cuerpos y de su salud reproductiva y sean responsables y tengan respeto con sus pares y, en particular, con las mujeres y las personas de las diversidades sexuales”, agregó antes de elogiar el nuevo DNI no Binario.
“Todas y todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas. En la primera infancia y en la ancianidad. También en circunstancias de enfermedad o de necesidades especiales. La desigual distribución del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros. Al igual que otros países enviaremos un proyecto de Ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género que permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidadas”, aseguró Fernández.
DISCAPACIDAD
“Necesitamos avanzar en reducir las desigualdades que genera la discapacidad, para proteger los derechos de más de 4 millones de argentinos y argentinas”, dijo Fernández y se comprometió a que “este año, después de recoger las sugerencias de todos los sectores, enviaremos el Proyecto de Ley para proteger los derechos de las personas con discapacidad, para tener una Argentina justa e inclusiva”.
De concretarse, será la primera ley dedicada al colectivo de personas con discapacidad de la democracia: si bien durante el primer mandato de Cristina Kirchner, en 2008, el país adhirió a la Convención Internacional que garantiza un piso de derechos, la norma vigente data de 1981, en plena dictadura.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
“La Argentina tiene la obligación ética de prevenir y erradicar la violencia institucional”, definió y anunció que el Ejecutivo enviará un proyecto de Ley “que establezca estándares básicos de comportamiento de las fuerzas de seguridad en todo el territorio argentino”. La campaña Contra la Violencia Institucional ya tiene hace años el suyo propio.
CAMBIO CLIMÁTICO
En el apartado referido al ambiente, el Presidente combinó un anuncio importante con una omisión que hizo mucho ruido. Prometió que el Ejecutivo enviará una modificación a la Ley de Bosques vigente, que a una década y media de su sanción no sirvió para frenar la tala indiscriminada, sobre todo en provincias como Chaco, Salta y Santiago del Estero. Pero al mismo tiempo no hubo una sola mención a la situación que atraviesa Corrientes, casi dos meses después de los incendios que devoraron casi el 10 por ciento de esa provincia del litoral, un ecocidio en el que el Estado dejó mucho que desear.
“Durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Glasgow, Argentina presentó un objetivo más ambicioso que el de 2016. Aumentamos 27,7 por ciento nuestros compromisos de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y nos comprometimos a alcanzar la neutralidad de carbono al 2050, lo que nos convierte en uno de los países que más ha aumentado su meta en la lucha contra el cambio climático”, dijo Fernández.
“Estas acciones se consolidarán en instrumentos como el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y en la Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo, que presentaremos a fin de año en la COP 27 en Egipto. Hemos enviado el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación Ambiental, con el objetivo de establecer criterios aplicables a todo el territorio nacional para proveer un piso de protección ambiental”, agregó.
“Para cuidar nuestros ecosistemas fortaleceremos con mayores recursos el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y además enviaremos la modificación de la Ley de Bosques Nativos”, prometió.
