Los civiles también son cómplices

⚖️ A casi 46 años del golpe de Estado, en qué instancias se encuentran las causas que juzgan a civiles que colaboraron con la dictadura.

Foto: Télam

Por su poder de síntesis y a la vez su carácter revelador, las cifras suelen ser una herramienta informativa útil si lo que se busca es encender, pronto, de toque, una alarma en quien lee. Y en esta cuestión, el proceso de justicia sobre los civiles empresariales que fueron cómplices o partícipes de los crímenes de la última dictadura cívico militar eclesiástica, no hay quien pueda negar la necesidad de hacerlo. A casi 46 años del golpe de Estado genocida y a casi 16 de la reanudación de los juicios de lesa humanidad, son tan solo tres los actores civiles económicos –personal jerárquico de empresas– que han recibido condenas por su complicidad o participación en el terrorismo de Estado y apenas una docena los que están siendo investigados.

Marcos Levín, dueño de La Veloz del Norte, fue el primer empresario en recibir una condena por crímenes de lesa humanidad. Sucedió en 2016, a una década de avance y surgimiento de causas judiciales vinculadas al terrorismo de Estado. El otro expediente que llegó a juicio oral y culminó con condena a civiles fue el de los secuestros y las torturas sufridas por trabajadores metalúrgicos de la Ford: los ex gerentes Pedro Müller y Héctor Francisco Jesús Sibilla fueron condenados en 2018 en un fallo confirmado recién el año pasado y celebrado en todo el mundo. Y ahí paramos de contar las buenas noticias en esta arista del universo de lesa humanidad, pues todos los otros expedientes vienen cuesta arriba.

Hay, desde hace una década y media, una veintena de expedientes que investigan vínculos de gente que, de traje y corbata, entregó listas de obreros a represores, aportó recursos a la estructura del terrorismo de Estado e incluso habilitó instalaciones de sus fábricas y empresas para que las violaciones a los derechos humanos de los 70 pudieran concretarse. Sin embargo, algunos pocos han tenido avance en los últimos tiempos y muchos han evidenciado resistencias del Poder Judicial.

Apertura de un nuevo tramo de la Causa Campo de Mayo donde se juzgarán los delitos cometidos contra trabajadores de Mercedes Benz, ferroviarios, aviadores y del área 400. Gentileza Anccom.

El cómplice de Mercedes Benz

Este miércoles 29 de marzo, Juan Ronaldo Tasselkraut tiene cita en el despacho de la jueza federal de instrucción número 2 de San Martín, Alicia Vence. El hombre, que hasta no hace muchos años fue gerente de Producción de la planta que Mercedes Benz tiene desde hace décadas en González Catán, debe prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que lo investiga por su complicidad en el secuestro y la desaparición de un puñado de obreros de esa fábrica en los primeros años del terrorismo de Estado, algo que Tasselkraut intentó evitar por todos los medios.

Desde 2014, las querellas y la Fiscalía le vienen pidiendo a Vence que cite al ex gerente a dar explicaciones: desde hace mucho tiempo más se sabe, por testimonios directos de sobrevivientes, que no fue ajeno al ambiente de cacería que se vivenció en el país desde mediados de la década de los 70 y del que fábricas como la de la automotriz multinacional fueron escenario directo.

Héctor Aníbal Ratto, un metalúrgico que trabajó en la planta de González Catán -secuestrado en 1977 y liberado- declaró en más de una oportunidad –desde la Conadep y el Juicio a las Juntas, en todas las ocasiones que tuvo– que a él se lo llevaron en agosto de 1977 de la fábrica, que Tasselkraut evitó que lo secuestraran dos agentes de civil, pero habilitó a que un pelotón del Ejército lo cargara en un camión, y que en medio de esas horas de espera frente a lo inevitable, oyó al gerente brindar por teléfono la dirección de la casa de uno de sus compañeros, Diego Nuñez, quien horas después fue secuestrado desde allí. Nuñez está desaparecido, como el resto de los casi 20 trabajadores de la automotriz que “perdieron” durante la última dictadura.  

Héctor Aníbal Ratto.

El ex gerente, único civil vinculado a Mercedes Benz en años de terrorismo de Estado que permanece vivo, estaba citado para el 9 de marzo pero a través de su abogado defensor, el ex juez del Juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz, intentó anular la medida. Por ahora, no lo logró.

Los delitos contra les obreres del Villazo: Acindar
Marzo llegó con una buena noticia: la elevación parcial a juicio de la causa que investigó la represión de 1975 sobre trabajadores de Villa Constitución en la que fueron asesinados 30 obreres y más de 300 secuestrades, torturades y luego “blanqueades” en diferentes cárceles. ¿Por qué es importante que el debate oral y público de esta causa esté cerca? Porque involucra a un ex directivo de Acindar como responsable de esos crímenes. Roberto José “Pocho” Pellegrini fue jefe de personal de la planta que Acindar –cuyo presidente entonces era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego fue el ministro de Economía de la dictadura– tiene en esa ciudad santafesina.

La acusación sindica a Pellegrini como el nexo entre las fuerzas de seguridad que desarrollaron las acciones represivas y los obreros de Acindar que en 1974 participaron del Villazo, una actitud de resistencia obrera frente a la burocracia sindical que hizo historia en el país. Varies testigues aseguran que fue él quien entregó los legajos de les obreres perseguides a la represión.  

Visita al CCDyE Campo de Mayo junto a la Comisión de Sobrevivientes, familiares y compañeros. Gentileza Anccom.

“Esta elevación parcial es fruto de una larga batalla judicial que incluye una pelea en la Cámara de Apelaciones, que dictó falta de mérito en relación a múltiples homicidios y el delito de la asociación ilícita, que seguiremos peleando. A priori, es una buena noticia y esperamos que se fije fecha pronto para el juicio”, resumió Federico Pagilaro, abogado querellante en representación de la APDH. El CELS, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Unión Obrera Metalúrgica son las otras querellas de la causa.

Luego de esa maniobra de la Cámara de Apelaciones, Pellegrini quedó como el único civil en camino a juicio, en una lista de 25 acusados que provienen del Ejército, la Policía Federal, la provincial y la Prefectura Naval. Ricardo Oscar Torralvo, ex jerárquico de Acindar, fue beneficiado con la falta de mérito, algo que la APDH y el resto de las querellas discutirá en la Cámara Nacional de Casación. El otro civil empresario que fue investigado en la causa, el ex jefe de relaciones industriales de Acindar Pedro Aznares, falleció el año pasado, impune.

La represión sobre los ingenios azucareros: La Fronterita y Ledesma
En las últimas semanas del año pasado, la Justicia federal tucumana elevó a juicio la causa que responsabiliza a cuatro ex directivos del ingenio azucarero La Fronterita por secuestros, torturas, abuso sexual, violación y homicidios en contra de decenas de obreres de esa fábrica. Muches de elles eran no solo trabajadores, sino también referentes sindicales.

Pedro Blaquier. Foto: Télam.

El ex administrador del ingenio, Alberto Figueroa Minetti, y los otros ex directivos Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, habían sido beneficiados con la falta de mérito años atrás, pero la Cámara de Casación revirtió esa decisión y obligó a la Justicia federal tucumana a seguir investigando. Finalmente, en septiembre de 2021 fueron procesados. Se espera que debate oral y público contra ellos comience en el transcurso de la primera mitad de 2022.

El otro juicio que está en espera latente es el que tiene al amo y señor del Ingenio Ledesma (y de toda la provincia de Jujuy podemos decir), Carlos Pedro Blaquier, y a Alberto Lemos, administrador del ingenio. La causa está elevada desde mediados de 2021, tras permanecer casi una década demorada en instancias recursivas por insistencia de Blaquier y complicidad del Poder Judicial. Cuando la Corte Suprema finalmente ya no pudo más hacerse la desentendida, destrabó el trámite: en julio anuló el fallo de la Cámara de Casación que mantenía blindado a Blaquier y dio luz verde para la realización del juicio en su contra.

Sin embargo, al parecer, es demasiado tarde: Blaquier, de 94 años, fue considerado incapaz de afrontar el debate por el Cuerpo Médico Forense. Mientras se esperan algunos datos más para terminar de confirmar esta cuestión, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación evalúa denunciar a los jueces de la Casación que avalaron la impunidad.

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