Leo Grosso recibe a El Grito del Sur en su despacho de Diputados en la previa de la votación de un acuerdo con el Fondo, al que apoya “porque no hay otro camino”, y pese a que “siempre generó dependencia y condicionamiento económico”, explica. “El modelo que nos propuso el neoliberalismo es devastador y nos empobrece”, reflexiona enseguida e introduce la charla hacia lo que nos convoca: la presentación, por cuarta vez, de una ley de protección de Humedales, resistida por los mismos grupos económicos exportadores que, precisamente, apoyaron con fuerza el proyecto de acuerdo con el FMI.
Presentar una ley por cuarta vez habla de una resistencia y también de una necesidad. ¿Será la vencida para proteger a los Humedales?
Presentamos por cuarta vez la ley de humedales, esperemos que sea la vencida. Fue un hecho político necesario con más de 400 organizaciones socioambientales para marcar el rumbo de lo que consideramos que se tiene que hacer este año: debatir en serio un proyecto de presupuestos mínimos para la protección y el uso racional de los humedales. Ese dictamen es un piso de discusión, que se construyó a partir de 8 meses de debate, 4 audiencias públicas, hablaron más de 70 expositores de diferentes sectores y lugares del país. Y a su vez, es un acuerdo político, el dictamen que se aprobó en la comisión está firmado por el Frente de Todos, el PRO y hasta la izquierda que ni estaba en la comisión. Por lo cual, queremos que el debate de la ley de Humedales de este año se dé a partir de este dictamen que logramos y que sea más rápido.
¿Cuáles son las resistencias a la ley y por qué perdió estado parlamentario?
La resistencia más fuerte son los sectores económicos concentrados del agro y los sectores de la minería. Ahí tenemos un problema grande, porque son sectores que tienen mucho poder pero no dan la cara. Vinieron todos los sectores a debatir y decir por qué estaban en contra de la ley, hasta la Sociedad Rural vino, pero de la minería no vino nadie. La cuestión es que en el debate podemos construir respuestas, porque la ley no prohíbe nada estrictamente, regula las actividades. Prohíbe la contaminación y la destrucción, pero no la cría de ganado ni la siembra. Por eso con el agro fuimos sorteando la discusión, pero con la minería no, y esos son sectores que tienen mucho poder de lobby y tienen la capacidad de construir sentido común en algunas provincias. Más aún, hubo desinformación para embarrar la discusión, lo cual llevó a que, por ejemplo, el Senado de Corrientes exprese su preocupación por la ley de Humedales pensando que se le iba a prohibir criar ganado. Y justo Corrientes, que después se prendió fuego el 11 por ciento de la provincia con enormes pérdidas para los sectores productivos, el gobierno provincial y nacional, que ahora va a tener que poner mucha plata para reactivar la economía de los sectores más afectados porque vamos a tener problemas para el año que viene en producción lechera y ganadera. Estos son los problemas de no cuidar al ambiente y los costos que se generan de ese deterioro son más altos que los de tener una producción sustentable.
En su momento dijiste que era “incompatible ser neoliberal y ambientalista”. ¿Cómo ves que se aborda la cuestión ambiental por parte de los diferentes bloques parlamentarios?
Esa frase hacía referencia a Juntos por el Cambio, porque ellos hacen mucho greenwashing. Larreta hace publicidad plantando árboles y es la ciudad que menos espacio verde tiene, Macri hacía propaganda con la energía solar de Jujuy; cuando el problema ambiental se desprende de las políticas neoliberales. Desde el campo popular tenemos el desafío de construir un modelo de desarrollo sustentable, porque eso está ligado a la justicia social ya que quien paga el costo de la crisis económica y ambiental son siempre los de abajo. Ese debate de fondo lo tenemos que dar hacia el interior del campo popular, porque hay una generación más grande que la nuestra que sigue pensando que la cuestión ambiental son las ONGs internacionales que quieren perpetuar el subdesarrollo en nuestro país. Cuando en realidad el modelo que nos propuso el neoliberalismo es devastador y empobrecedor. Acá se planteó que el paquete tecnológico del agro iba a terminar con el hambre en el mundo y tenemos el 40 por ciento de la gente bajo la línea de la pobreza, tenemos miles de comedores populares para paliar la crisis alimentaria y estos muchachos se siguen llenando de plata además de destruir el ambiente. Por eso, con el macrismo tenemos clara la disputa, pero hacia dentro todavía hay que darla, porque tenemos que regular la actividad económica y para eso es necesario un Estado fuerte.
¿Cómo hacemos para tener un Estado fuerte y regulador cuando los recursos muchas veces vienen de esas actividades que queremos regular?
Hay que iniciar una transición. El proceso no va a ser lineal, no vamos a decretar de un día para el otro que se deje de usar combustibles fósiles, ni vas a prohibir la minería. Pero tampoco es real que la regulación del Estado espante las inversiones. Ahí hay una falsa discusión entre el desarrollo y el ambientalismo. Dentro de la regulación, cabe la prohibición de algunas actividades porque la preservación de los ecosistemas que tenemos, también implica el cuidado necesario para el desarrollo de otras actividades económicas. El ejemplo de Corrientes o de las inundaciones de Tucumán son bastante claros, ¿después quién paga la remediación de esos desastres? Tenemos que pensar a largo plazo, ¿qué hacemos con los salares de altura y el litio? Un elemento central para la transición energética, ¿cómo hacemos para usarlo sin devastar los ecosistemas? Al no tener saldada esta discusión en el campo popular, las grandes corporaciones buscan ganar tiempo; con su poder de lobby cajonean la discusión para que no haya regulaciones y puedan seguir maximizando sus ganancias.
¿Cómo se enmarca esta discusión en medio del cierre del acuerdo con el FMI?
Yo apoyo el camino de negociación que tomó el Gobierno porque no hay otro camino. El otro es el camino del default y los que más sufren son los movimientos sociales, no va a sufrir el Fondo porque no le paguemos. Yo al Fondo Monetario no lo quiero en Argentina ni en el mundo, siempre generó dependencia y condicionamiento económico. Eso lo trajo Macri y nos lo clavó por 10 años, nosotros tenemos la obligación de gobernar eso para evitar un desastre. Dicho eso, tenemos que abrir un debate sobre la deuda ecológica, lo hemos planteado en reuniones internacionales de cambio climático con organizaciones ambientales y políticas. Y hago hincapié en éstas porque tenemos que lograr que la dirigencia incorpore ese concepto para decirle al Fondo que somos acreedores ecológicos. Los ecosistemas que ellos reclaman que cuidemos son bienes comunes de la humanidad y si quieren que los cuidemos necesitamos poner en discusión las deudas que tenemos. No para cambiar, porque no le podemos poner valor económico a la importancia vital que tiene el Amazonas para la humanidad, pero sí como punto en común para poner en discusión desde América Latina. Discutamos con los países centrales que se desarrollaron a costa de destruir sus ecosistemas, porque nosotros no podemos destruir esto para desarrollarnos, pero necesitamos desarrollarnos. Si solo destruimos, no va haber mundo posible, ni para nosotros ni para ellos. En este contexto de crecimiento de la militancia socioambiental, tenemos que lograr que esto sea parte de la agenda de los gobiernos populares y para eso, tenemos que construir correlación de fuerzas, militancia y movilización.
