La «guerra contra las drogas», yugo opresor contra las personas afrodescendientes

✍️ En la Argentina y el resto de América Latina, las políticas punitivas en torno a las drogas han sido históricamente utilizadas para someter, dominar, oprimir y perseguir a las poblaciones afrodescendientes.

Recientemente las drogas estuvieron en el centro de la escena nacional por el caso de la “cocaína adulterada”, situación que habría tenido origen en el barrio popular conocido como “Puerta 8”. No pareciera casualidad que este trágico evento haya tenido su epicentro en un barrio popular, donde los fenotipos predominantes nada tienen que ver con lo que llamamos personas blancas. En la Argentina, como en otros países de América Latina, las políticas punitivas en torno a las drogas han sido históricamente utilizadas para someter, dominar, oprimir y perseguir a las poblaciones afrodescendientes. La invisibilización histórica de nuestros cuerpos ha hecho que no se mencione al racismo como un problema y no se analicen estas cuestiones bajo su prisma.

Para comenzar a pensar la cuestión del racismo y las drogas, tenemos que hacer hincapié en la invisibilización y negación de los pueblos negros como parte de la sociedad argentina. Otro de los mecanismos de borramiento de la negritud en el país ha sido la determinación de quién es y quién no es considerado negrx. Como bien explica Lea Geller en “Categorías raciales en Buenos Aires. Negritud, blanquitud, afrodescendencia y mestizaje en la blanca ciudad capital”, en Argentina existe el llamado “negro racial” o “negro mota” que es la persona con piel oscura, nariz ancha, cabello enrulado negro, labios gruesos, etc. Este “negro racial” es identificado como “negro verdadero” y “no puede” ser más que extranjero. Vale decir que, conforme al Censo de 2010, solamente el 8 por ciento de las personas que se consideraron afrodescendientes son extranjeras. Esta percepción social disminuye sensiblemente a la población negra. Geller también señala: “Todo lo que queda fuera de esta categoría estricta pasa a conformar la categoría de lo no-negro o de lo “normal” (Frigerio, 2006). Y como por definición lo normal en Argentina es lo “blanco”, se configura la blanquitud como una bolsa clasificatoria amplia basada en la percepción visual que incorpora todo lo que no entra en la estrechez de lo negro racial. 

No está zanjada la cuestión con estos señalamientos porque falta el más importante para nuestra nota. En Argentina, según Geller y Frigerio, existe otro tipo de negro que es leído como connacional, como “normal” y entonces como blanco. Este tipo de negro queda determinado como una “forma de ser” y ligado estrictamente a lo popular entendido como algo negativo. Esos negros serían “los descamisados”, “los villeros”, “los grasas”. Estas personas suelen tener tonalidades más oscuras, a veces rulos, a veces labios anchos, etc. ¿Por qué? Porque estas personas suelen ser descendientes de afrodescendientes, de indígenas o ambas. Todo esto fue dicho a efectos de que el lector comprenda y repiense que lo entiende como negro. Los negros que no se leen como “verdaderos” lo son habitualmente, solo que ni ellxs lo saben porque su historia fue borrada con la esclavitud y la vergüenza del estigma creado por las clases dominantes, el estigma de no ser como ellxs (fenotípicamente blancxs y culturalmente europexs). Rita Segato lo explica bellamente en “El color de la cárcel en América Latina”:

“El ideal mestizo bajo el cual se formaron los Estados nacionales de América Latina- y que, en algunos países, como Brasil, la antropología ayudó a construir – fue el brazo ideológico que secundó la represión que obligó a la multitud desposeída a temer y silenciar memorias que vinculaban sus vidas con una historia profunda anclada en el paisaje latinoamericano. Se perdió así, en el calderón del mestizaje, el rastro del parentesco de los miembros de la multitud no blanca con los pueblos, americanos o africanos, de sus antepasados. Se cortaron los hilos que entretejían las historias familiares y que daban continuidad a una trama ancestral. El crisol de razas fue la figura que garantizó la opacidad de la memoria”.

Las políticas punitivas en torno a las drogas han sido históricamente utilizadas para someter, dominar, oprimir y perseguir a las poblaciones afrodescendientes.

Ahora que hemos hecho un pequeño análisis de lo que se considera “el negro” en nuestro país y desmitificado algunas cuestiones podremos pasar al análisis de las políticas punitivas relativas a las drogas como forma de subyugación de las poblaciones afrodescendientes y racializadas con énfasis en indígenas y afroindígenas.

Invito a quien está leyendo esta nota a que cierre los ojos por un momento y piense en una persona que está privada de su libertad: ¿De qué color tiene la piel? Coincidirá conmigo que al menos no es blanca. Esto es así y está demostrado en los países que tienen estadísticas al respecto. Podemos señalar por ejemplo a Brasil. Una investigación de Sergio Adorno (1995) revela las diferencias en las detenciones en flagrancia entre negros y blancos (58 por ciento y 46 por ciento respectivamente y también una mayor proporción de negrxs condenadxs (68,8 contra 59,4).

Asimismo, en Estados Unidos un estudio de Löic Waquant señala que un hombre negro tiene más de una posibilidad sobre cuatro de purgar al menos un año de cárcel y un latino una sobre diez, contra una sobre 23 de un blanco. Dice Waquant que lxs negrxs representan un 13 por ciento de los consumidores de drogas (lo que corresponde a su peso demográfico), pero son un tercio de las personas arrestadas y las tres cuartas partes de las encarceladas por infringir la legislación sobre estupefacientes.  

En el caso de Argentina, bien sabemos que no tiene estadísticas al respecto aunque es importante mencionar que ha habido una recomendación de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la N°899 del año 2019 que insta al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal a que entre los datos indagados se incluya la pregunta: «¿Es usted afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano?».

Volviendo al país del norte, éste implementó a partir de 1971 en el gobierno de Nixon la conocida “guerra contra las drogas”. Se creó un chivo expiatorio conformado por lxs hippies, negrxs y latinxs a efectos de desarticular la organización popular de estos sectores que peleaban en contra del racismo y la guerra de Vietnam. Estados Unidos aumentó considerablemente las tasas de prisionización persiguiendo y combatiendo a sectores oprimidos que luchaban en contra del status quo. A quien le interese este proceso puede verlo bien desarrollado en el documental “Enmienda XIII”. En 1994 John Ehrlichman, un consejero de Nixon, admitió los verdaderos propósitos de esta “guerra”.

Foto: EFE/Carlos Ramírez

Más allá de la falta de estadísticas (en el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena no hay divisiones por autopercepción étnico-racial), podemos ver que -en consonancia con los procesos de organización popular que se dieron a partir del año 2002 como resultado de la crisis de 2001- hubo un aumento del 252 por ciento en las detenciones por drogas, según lo indica el CELS. La intención del Estado, representado por el Poder Judicial y las distintas policías, fue aleccionar y desarticular la organización popular de los sectores vulnerables conformados, en gran medida, por mujeres racializadas. El CELS develó que el 43 por ciento de las mujeres presas lo están por delitos relacionados a las drogas, siendo éstos la primera causa de detención para ellas. Asimismo, en 2017 el 70 por ciento de las mujeres trans que estaban privadas de la libertad sufrían de este castigo por el mismo motivo.  

Estos datos, insuficientes en principio pero indicativos, muestran una realidad que la Argentina se niega a ver pero no a construir. No es ninguna casualidad que la organización popular se haya visto atravesada por la persecución policial. El poder real en nuestro país es racista y nuestras relaciones sociales tienen este denominador común que impide el desarrollo igualitario del país mediante la organización de quienes más intereses tienen en crear oportunidades para la población que más la necesita.

Como vimos y sostenemos, la selectividad del poder punitivo del Estado está orientada a evitar que “lxs negrxs” se organicen y puedan combatir el status quo. El poder más blanco de todos los poderes del Estado, el Poder Judicial, profundiza la persecución de quienes históricamente combatieron las bases del colonialismo y el neocolonialismo. Es importante poder identificar estas cuestiones en Argentina a efectos de que podamos avanzar y tener una patria libre, justa, soberana y antirracista.

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Ali Delgado

Abogado, activista antirracista y docente universitario.