El ciclo lectivo de este año arrancó con “más de diez millones de alumnos y alumnas” de todos los niveles educativos presentes en las aulas, según dijo el propio presidente Alberto Fernández este martes frente a la Asamblea Legislativa, pero el Gobierno no dio hasta ahora precisiones públicas sobre cuántos perdieron su vínculo con la escuela producto de la pandemia, cuántos y cuántas necesitan de la ayuda del Estado para seguir estudiando. Tampoco hay números concretos sobre el alcance de los programas “Acompañar” y “Volvé a la Escuela”, las dos políticas públicas implementadas con ese objetivo por el Ministerio de Educación durante estos dos últimos años. Con esas preguntas, pendientes desde que la primera cuarentena desnudara la situación, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elevó varios pedidos de acceso a la información pública a los Ejecutivos de Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, con casi el mismo resultado en todos los casos: no hay datos oficiales fehacientes para dimensionar la problemática ni resultados reales para mostrar.
“Es una situación verdaderamente alarmante, porque si los distintos Estados no tienen información concreta sobre cuántos pibes y pibas necesitan ayuda para vincularse con la escuela y recuperar su trayectoria educativa, entonces la política pública para garantizar ese derecho no está tampoco cumpliendo sus objetivos”, explicó a El Grito del Sur Bárbara Zanino, abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.
Ante la ausencia de datos oficiales actualizados, desde ACIJ estiman que al menos unos 500 mil pibes y pibas quedaron afuera de la escuela este año. El cálculo es una proyección de las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, previas a la pandemia. El promedio da “uno por aula”, de acuerdo al informe que publicaron en su página web. Ese número “podría aumentar hasta a 3 adolescentes por clase en el nivel secundario, donde la situación creemos que es mucho más grave si se mira la evolución de las trayectorias educativas”, aclaró Zanino.
ACIJ comenzó a realizar un monitoreo de la situación “al promediar la primera ola de la pandemia, cuando diversas organizaciones sociales comenzaron a denunciar que crecía la deserción escolar por la falta de conectividad y computadoras”, sobre todo en los barrios populares, explicó Zanino. Pero en los casi dos años desde el inicio de la pandemia, no hay datos concretos, ni a nivel de los Estados locales ni nacional. Tampoco de los resultados de los programas Acompañar y Volvé a la Escuela, lanzados en 2020 y 2021, respectivamente. “Todas las jurisdicciones respondieron que el relevamiento lo realizaron, por eso nos resulta aún más llamativo que no se quieran dar a conocer, como corresponde”, agregó. Por eso, la ONG advirtió que realizará acciones judiciales contra el Gobierno de la Ciudad y las provincias de Buenos Aires y Salta.
La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, dijo a principios de este año que hubo 6.500 chicos que sufrieron deserción escolar durante la pandemia y que fueron recuperados, en una suerte de intento de polarizar con los números de la Provincia y del resto del país. El gesto le salió mal: al referirse al porcentaje de pibes y pibas que no lograron reengancharse, sostuvo que «están perdidos en el pasillo de una villa, ya cayeron en la actividad del narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar», lo que le valió duras críticas de la comunidad educativa. “Para nosotros no sólo fueron declaraciones estigmatizantes, como ya se ha dicho, sino que desnudan un enfoque muy distante del de garantizar derechos. Nadie está perdido si el Estado vela por garantizar esos derechos básicos, y la educación es uno de ellos”, consideró Zanino.
Si bien tampoco existen datos sobre el nivel socio-económico de los chicos afectados, el problema se inscribe en un contexto en que la pobreza infantil superó ya el 54 por ciento en todo el país de acuerdo al último índice del INDEC. “Según los datos existentes pre-pandémicos, sólo el 43 por ciento de los pibes de los niveles socioeconómicos más bajos terminaba el secundario. Ya era muy bajo antes de la cuarentena. Por eso insistimos en la necesidad de que se implementen políticas específicas”, sostuvo la abogada de ACIJ.
Respecto de la conectividad, otra de las claves para garantizar la escolaridad en estos tiempos, el Presidente prometió también este martes “llevar conectividad dentro de los próximos 90 días a 2.700 escuelas que no tenían” y llegar a “10.000 escuelas más”, durante este año. Además, reiteró que el Gobierno está repartiendo unas 600 mil computadoras del programa Conectar Igualdad y anunció un millón más en etapa de licitación. “Por supuesto que es un avance, pero no alcanza. Tampoco la presencialidad es garantía por si sola de plena escolaridad. Por eso salimos a decir que no todos ni todas volvieron a las aulas. El enfoque de las políticas públicas debe ser transversal e interdisciplinario y eso no se está viendo, y la ausencia de datos fehacientes lo único que genera es mayor preocupación”, concluyó Zanino.
