Ana Clara Castillo forma parte de la Multisectorial Humedales, la red de jóvenes en conservación desde la cual protegen la naturaleza de diversos ecosistemas, y es guardaparque de la Administración Nacional de Parques Nacionales. Para Ana, “somos naturaleza, esto hace referencia a que todo lo que desarrolla en nuestro entorno es parte nuestra, nos afecta y conforma nuestra identidad. El ambiente es ese campo de relaciones en el que desarrollamos nuestra vida y, por lo cual, se encuentra en constante tensión. En ese sentido, conservar el ambiente tiene una estrecha relación con los derechos humanos».
Por su parte, Mercedes Pombo, estudiante de filosofía y referenta de la organización Jóvenes por el Clima, plantea: “El aumento en la intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos, una de las consecuencias más anunciadas del cambio climático, profundiza todas las desigualdades preexistentes y repercute de manera directa en nuestros derechos humanos más fundamentales”. Más aún, considera que “las catástrofes climáticas como olas de calor, inundaciones, sequías, e incendios son también catástrofes sociales que traen aparejadas problemáticas complejas como escasez de recursos y crisis de refugiados. La lucha contra el cambio climático es la lucha por el derecho a un ambiente sano, un presente digno y un futuro posible”. Por su parte, la guardaparque dice que hay muchos derechos que tienen estrecha vinculación con el ambiente, pero que hoy en día no están en agenda. “El que más se escucha últimamente es el derecho al ambiente sano, pero también tenemos derecho a acceder al agua pura, a la identidad y la educación ambiental. Más aún, nuestros pueblos originarios tienen derecho a una educación con sus lenguas y conocimientos integrados. ¿Cuántas de estas cosas se cumplen?”.
Tanto Mercedes como Ana consideran que el acuerdo de Escazú, con su reciente ratificación, es un salto fundamental para las garantías de las y los defensores ambientales. Mercedes dice que “el acuerdo de Escazú, además de ser el primer tratado para América Latina y el Caribe que aborda la problemática ambiental desde una perspectiva de derechos humanos y que vela por el acceso a la información, a la participación y a la justicia de la ciudadanía, busca dar respuesta a una problemática acuciante de que nuestra región es la más peligrosa del mundo para defensores ambientales”. Por su parte, Ana Clara complementa: “tenemos derecho a acceder a la información clara, concisa y precisa, a crear los espacios de participación ciudadana donde se responda a las preocupaciones que tenemos sobre nuestras vidas, qué comemos, cómo se usan nuestros territorios, qué bienes naturales salen de ellos. Y, sobre todo, tenemos derecho a la justicia ambiental, ya que hay muchos delitos ambientales en los cuales no hay asistencia por parte del Estado”.
En particular, este debate es central para nuestra región. Tenemos el triste récord de ser la zona más peligrosa del mundo para las y los defensores ambientales. La integrante de la red de jóvenes en conservación plantea que “es fundamental hablar de ambiente y derechos humanos en este sistema, donde unos pocos buscan acumular cada vez más ganancias a costa de nuestros territorios y nuestras vidas. Hay que poner el foco en la vida, humana y no humana, para repensar los sistemas en los que vivimos”. Más aún, dice que el acuerdo de Escazú “pone sobre la mesa todos los asesinatos a los defensores ambientales y territoriales. Hay casos icónicos en la región, como el de Rafael Nahuel, asesinado en el lago Mascardi por defender sus territorios. Pero también podemos nombrar el reciente caso de Andalgalá, donde hubo represión y varios detenidos; si bien no hubo asesinatos, hubo una clara violación a los derechos humanos”.
Para cerrar, Ana Clara postula la necesidad de crear una “democracia ambiental, donde las tomas de decisiones sean compartidas para que los territorios no sean zonas de sacrificio y la ciudadanía pueda saber qué pasa en sus territorios. Es necesario proteger la práctica ciudadana que se moviliza en rechazo a determinados procesos extractivistas, y nosotres, como defensores del ambiente, tengamos un Estado que pueda proteger nuestro derecho humano a reclamar que no contaminen nuestras aguas, no exploten nuestras montañas y que todes accedan a una alimentación sana”. Por su parte, la referente de Jóvenes por el Clima concluye: “los bienes naturales de Latinoamérica siempre fueron una espada de Damocles que justificó genocidios, golpes de Estado y desestabilización económica. La persecución y asesinato de Berta Cáceres, Chico Méndez y tantos otros defensores ambientales es indisociable de esta búsqueda de control y avance permanente de sectores de poder concentrado sobre nuestros bienes comunes naturales, tanto a nivel nacional como a nivel geopolítico”.
