Según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994), «se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes».
El 24 de marzo de 1976, una minoría de civiles, empresarios, religiosos y militares instauraron una dictadura en la Argentina después de haber ejecutado el sexto y último golpe de Estado en América Latina definido por el Plan Cóndor, una metodología de Estados Unidos implantada para castigar a países «hostiles» a sus imposiciones e injerencias. Los actores principales llamaron a este crimen político «Proceso de Reorganización Nacional», el cual se terminó en diciembre de 1983 gracias a la restauración popular de la democracia y la elección del presidente radical Raúl Alfonsín, quien prometió el castigo de todos los responsables del terrorismo de Estado.
Cabe recordar que en solo 7 años del régimen genocida hubo 30.000 desaparecidos. Durante esta dictadura, los discursos de las autoridades de facto eran xenófobos, racistas y eurocentristas. Según el ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy, «[la inmigración africana debía ser de] cuño europeo, siempre y cuando pretendamos seguir siendo uno de los tres países más blancos del mundo, pues significa una gran ventaja en calidad humana, que tenemos incluso sobre las naciones industrializadas”.
Además, las acciones represivas también se orientaron hacia muchos militantes afrodescendientes y migrantes. «Cuando hablamos de 30.000 desaparecidos, hay que pensar que no estamos frente a un conjunto uniforme de individuos y los criterios con que el Estado operó la violencia tampoco lo fueron», precisa el antropólogo Pablo Cirio.
Si bien hay pocos archivos públicos sobre la desaparición de migrantes, el laboratorio LIMSyCV de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP en 2020 había registrado 191 casos de chilenos, paraguayos, bolivianos y peruanos víctimas del régimen dictatorial (1976-1983). Entre ellos, estuvo el secuestro y asesinato de los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruíz y del dirigente político paraguayo del Movimiento Popular Colorado, Agustín Goiburú.
Este año, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, varias instituciones públicas explicaron la tragedia que vivieron las personas migrantes. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), a través de sus redes oficiales, aclaró que fueron más de 500 personas migrantes desaparecidas por el Terrorismo de Estado. En tanto, la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados de la UTEP notificó que «la dictadura aprobó la ley de migraciones llamada «Ley Videla» N° 22.439 en 1981, que fue conocida por su alto carácter restrictivo y persecutorio, en especial en su aplicación a migrantes de países limítrofes, los cuales no entraban en el ideario nacional de la Junta Militar. Lxs migrantes que quedaron desempleados y en la pobreza fueron víctimas de expulsión, por ser migrantes no deseadxs acusadxs de irregulares o por ser sospechosxs ¨subversivxs¨. Ambas excusas sirvieron a los fines migratorios de la dictadura contra la clase trabajadora». Por último, las Abuelas de Plaza de Mayo sostuvieron que los primeros nietos restituidos son los hermanos Anatole Boris y Victoria Julien Grisonas, quienes fueron hijos de un refugiado uruguayo.
Es decir, todos los sectores fueron víctimas de la tiranía instaurada por las Fuerzas Armadas, la iglesia, el empresariado y la policía con apoyo del imperialismo estadounidense en dicha época. Por eso, las y los migrantes también exigen el castigo de todos los culpables sin distinción, la restitución de la identidad de las y los desaparecidos y el restablecimiento de su memoria, verdad y justicia sin importar origen, color y clase social.
