El pasado jueves 17 tuvimos la segunda reunión de la mesa de alquileres en la Secretaría de Comercio Interior, convocada por su titular Roberto Feletti. Cada uno de los sectores que la integramos habíamos quedado en hacer llegar propuestas, las que hicimos públicas en la semana. Entre las principales iniciativas, planteamos la regulación del precio inicial de los alquileres, la creación de un impuesto a los inmuebles ociosos y el pleno cumplimiento de la ley a través del control del Estado.
En Argentina el precio de los alquileres está desregulado desde que, en el año 1977, Martínez de Hoz tomó la decisión de liberar los precios y dolarizar la vivienda, siendo el puntapié del derrotero que explica la inquilinización del país, el aumento progresivo de la cantidad de viviendas vacías y la actual crisis habitacional. Según el censo nacional, en 1980 había 1.092.267 viviendas deshabitadas, en 1991 un total de 1.547.290, en 2001 la cifra llegaba a 2.328.923 y en el último del 2010 un total de 2.494.618.
En muchísimos países del mundo (Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Países Bajos, etc.) existe un impuesto al inmueble ocioso, el cual se ha mostrado como una herramienta eficaz para poner un freno a la especulación, aumentar la oferta y, a la vez, morigerar la presión del mercado sobre los precios. Lamentablemente, los mismos sectores económicos que muchas veces nos ponen a estos países como ejemplos a seguir, rechazan este tipo de instrumentos como cualquier iniciativa que tienda a regular el mercado inmobiliario.
De hecho, en la última reunión sus propuestas se limitaron a plantear la necesidad de bajar de tres a dos o un año el plazo mínimo del contrato de alquiler (¡algunos, incluso, llegaron a proponer contratos de alquiler de un año!), y que los ajustes pasen de ser anuales a semestrales. Claramente en esto no estuvimos de acuerdo. Por supuesto que la ley es perfectible, como toda ley, y si es para mejorarla y ampliar los derechos de los inquilinos vamos a estar acompañando, y de hecho presentamos propuestas en este sentido, pero la realidad es que los proyectos que están dando vueltas son más un retroceso que un avance.
Por su parte, la Secretaría de Comercio quedó en avanzar hacia una propuesta de impuesto al inmueble ocioso, así como la creación de un canal de denuncias y control de la nueva ley a través de Defensa del Consumidor, lo que será trabajado y debatido en la próxima reunión de la mesa de alquileres.
Seguiremos diciendo: el acceso a la vivienda no puede quedar más en manos del mercado y los especuladores. Es deber del Estado garantizar el acceso a un alquiler justo y el derecho a la vivienda.
