Daniela Dosso es trabajadora social, especialista en salud mental y derechos sexuales y reproductivos, investigadora y madre protectora. Hace un año vive una pesadilla en vida desde que, con siete años de edad, su hijo Martín denunció a su progenitor por abuso sexual. En ese momento Daniela se vio envuelta en la crítica ruta que deben llevar a cabo todas las madres cuyos hijos denuncian abuso sexual paterno filial y tomó conciencia de que no se trataba de un caso aislado sino de un modus operandi.
“Cuando empecé a vivir el tema desde adentro me di cuenta de que mi caso era uno más dentro de una Justicia que no investiga ni sanciona el abuso y revincula a les niñes con sus abusadores”, asegura. “Uno piensa que vive en una ciudad progresista, pero yo misma fui viendo durante la investigación el encubrimiento judicial que hacen los grupos antiderechos que defienden pedófilos. El mismo sistema tiene profesionales que aplican el SAP a las madres o hablan de memorias implantadas y co construidas”, explica la joven en referencia al falso SAP, o Síndrome de Alienación Parental, acuñado por el profesor de psiquiatría Richard Gardner en 1985 para referirse a aquellos casos donde supuestamente los niños denuncian a sus padres por influencia de la madre que despechada busca revancha.
“Suponen que la Justicia es pro mujer cuando tenemos que enfrentar un montón de escollos. El SAP se basa en el prejuicio de que las mujeres somos todas mentirosas y despechadas, que no queremos que nuestros hijos tengan padre, cuando la realidad demuestra todo lo contrario, que somos las que buscamos encuentros de crianza compartida y coparentalidad”, enfatiza. “No hay ningún beneficio en hacer una denuncia. Al contrario, es un derrotero del proyecto de vida”.
“El falso SAP o el inexistente SAP, como lo utilizan en muchos casos, es un concepto que surge de Gardner, que no solo no era médico sino que era un abusador de menores y un pederasta”, asegura Daniela Lezcano, psicóloga especialista y perito en causas de abusos sexuales infantiles. “Si al día de hoy el concepto sobrevive es gracias a lo que llamamos lobby pedófilo, es decir todo el trabajo que hacen aquellos que intentan instalar algo que no existe, una falacia que no está sostenida por ningún manual de psiquiatría ni es reconocida por ninguna comunidad científica del mundo”.
Según la psicóloga, este término va más allá de inventar algo que beneficia a los abusadores para revertir la carga de la prueba, sino que lo que busca es crear la idea de que existe una conspiración en contra de la figura del padre de familia o el buen padre. “Esto no tiene asidero de ningún tipo, a menos que lo pienses como una postura ideológica que toman abusadores y sus cómplices para hacer creer que el abuso es algo que no se puede denunciar”, explica. En ese sentido aclara que para no revictimizar a los/as damnificados/as es necesario correr el foco y hacer hincapié más sobre el abusador que sobre la persona que sufrió el abuso: “Hay que pedir pericias del imputado y no empezar siendo una picadora de carne con las víctimas porque ellos (los abusadores) tienen síntomas que permiten delinear un perfil perverso aunque se quiera hacer creer otra cosa”.
Según UNICEF, una de cada cinco niñas y uno de cada 13 varones ha sufrido o sufre abuso sexual infantil. Por su parte, el Consejo de Europa radiografió que uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes es víctima de abuso sexual antes de cumplir 18 años y la mitad de los casos son incestuosos. Sin embargo, a pesar del volumen del crimen no se habla lo suficiente en la sociedad y cuenta con el aval de grandes negociados y grupos antiderechos. En el caso de Martín, el juez no sólo sobreseyó al acusado sino que permitió que la madre sea denunciada al igual que la médica que realizó las pericias.
“Hay una gran cantidad de estudios de abogados que defienden a pedófilos”, cuenta Dosso. “No es un hecho aislado, los tienen estudiados. A mi hijo le pusieron un párrafo en el informe diciendo que si hablaba a futuro su relato podía estar contaminado, es decir lo que hace la Justicia es ponerle un bozal legal a les niñes violando su derecho a ser oídos en el futuro”, cuenta la madre del niño cuyo expediente fue intervenido por el Ministerio Publico Fiscal al no poder hablar en Cámara Gesell. “Mi hijo tiene lesiones que fueron evaluadas por una médica pediatra. Sin embargo, el juez mandó a hacer otro examen y el cuerpo médico forense negó las lesiones que se pudieron ver a simple vista. Luego sobreseyó al acusado cambiando las pruebas y exponiendo a su hijo a la revinculación pero también permitiendo que me denunciara a mí y a la profesional que certificó el abuso, algo que en la jerga judicial es conocido como backlash”.
“Es un tema que cuesta muchísimo que esté en agenda tanto de prensa, como política y judicialmente. De cada 100 casos se llega a una condena, es decir que hay 99 que quedan en el camino y no porque no haya pruebas sino porque muchas veces no son evaluadas, no hay estadísticas. Los casos quedan en el silencio, la prensa no es permeable y si es tapa de un diario después aparecen las fake news sobre los denunciantes”, cuenta Lezcano, la primera psicóloga en el país en ser llevada a juicio oral por supuesto SAP que debió recibir amenazas hacia sí misma y a su familia por haber defendido a niños y niñas de sus abusadores. “Ahora nosotros tenemos un grupo llamado Colectivo de profesionales en lucha contra el backlash, que nos une de punta a punta del país con el denominador común de haber sido denunciados, amenazados y ultrajados. Todos hemos sido perseguidos por causas que tienen que ver con el poder; sin embargo, al día de hoy a muchos les da miedo aparecer en los medios. Siempre se nos buscó acallar. Poner en agenda esto haría temblar el poder de muchos pedófilos”.
Luego de lo sucedido, Dosso junto con amigues, familiares y organizaciones formó la campaña ¡Alerta por Martín! que busca visibilizar su caso, articular con otros espacios y alertar a la sociedad. Tanto Dosso como Lezcano formaron parte de la primera mesa de trabajo federal sobre abuso sexual que se realizó en el Congreso en el marco de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados presidida por Mónica Macha. La misma tuvo una primera edición en febrero en la que participaron entidades como Shalom Bait, Salud Activa, Red Viva y personalidades destacadas como el juez Carlos Rozanski y la actriz Thelma Fardín.
Dentro de los reclamos, uno de los principales items tiene que ver con que estos delitos no prescriban ya que no se puede poner un plazo para que los y las niñas se animen a contar de lo que fueron víctimas. “En la mesa hay sobrevivientes que vienen luchando por el derecho al tiempo, es decir la no prescripción de estos delitos. Ellos nos explican que en el desarrollo psico sexual infantil y juvenil el abuso deja secuelas de por vida y atraviesa toda la personalidad. No existe un tiempo para revertirse. Es un episodio traumático y es tan doloroso porque no solo depende de si fue o no cierto -como busca probar la Justicia- sino con quien lo realizó, si tiene autoridad o si había una asimetría de poder”, explicita la psicóloga. “Las amenazas para pervivir en silencio se van afilando a lo largo de la vida, por eso quienes trabajamos en esto tenemos muchas razones para mostrar que se puede tardar años en contar las cosas”.
Para finalizar, Dosso, que actualmente se encuentra esperando la recusación del juez Alejandro Ferro por haber actuado con parcialidad desde el comienzo, explica: “Hoy el Estado está siendo parte del problema y necesitamos que juegue a nuestro favor. Creemos que esto debe ser transversal a todos los partidos políticos a corto, mediano y largo plazo. Cuando nos dimos cuenta de que el problema era el encubrimiento, entendimos que hacerlo público era la mejor manera de encararlo y empezamos a concebir que la salida es colectiva. Tenemos que transformar esta realidad y por eso desde la campaña Alerta por Martín empezamos a pensar cómo articular con otras organizaciones. Nos interesa desde las redes sociales mostrarle a la comunidad un ejemplo claro de cómo se reproduce el encubrimiento en un caso de abuso para evitar que esto se multiplique. La campaña es nuestro lugar de comunicación”.
