El debate por la nueva ley de Alquileres llegó finalmente a Diputados, cinco meses después de que el Gobierno dijera que la normativa vigente, sancionada a mediados de 2020 con un fuerte apoyo de las agrupaciones de inquilinos, “fracasó”. El epicentro será la Comisión de Legislación General, cuyos miembros y autoridades serán confirmados esta tarde. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, alcanzó un acuerdo a fines de la semana pasada con los titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del Pro, Cristian Ritondo, para que la comisión trabaje a puertas abiertas durante 30 días hábiles sin que la norma actual se caiga, uno de los objetivos que a priori tenía la oposición. Se especula que ese plazo alcanzará para que por el Edificio Anexo del Congreso circulen funcionarios y referentes de todos los actores implicados para exponer sus opiniones, y para que la rosca termine de hacer lo suyo y haya un texto consensuado para ser votado en el recinto en el mes de junio.
La letra del nuevo proyecto, según pudo averiguar El Grito del Sur, ya está consensuada a grandes rasgos entre el massismo y Juntos por el Cambio y, al menos por ahora, modificará tres aspectos sustanciales de la norma vigente. Se buscará reducir de tres a dos años la duración de los contratos, retrotraer el plazo de actualización de un año a seis meses y reemplazar la fórmula actual que permite definir los aumentos por otra, todavía en elaboración.
Con esas premisas trabajó desde noviembre pasado la diputada bonaerense Marcela Passo, del círculo más cercano a Massa. La idea que tenían en su despacho era convocar a una especie de debate en plenario de comisiones, pero los plazos del reparto de cargos legislativos y el amague de la oposición de convocar a una sesión especial para tratar sus propios proyectos (son más de tres) hicieron cambiar los planes, porque el oficialismo tenía apuro en no ceder la iniciativa. Passo no formará parte de la comisión, pero el texto base del debate que empieza hoy, de todos modos, es el que elaboró su equipo técnico.
A grandes rasgos, la idea con la que trabajaron es “devolverle la confianza al propietario”. El objetivo es reducir las regulaciones estatales y recomponer la “seguridad jurídica” del mercado, lo que creen que a mediano plazo volverá a hacer crecer la oferta de inmuebles en alquiler, que viene en una baja sostenida desde hace meses. Para ello cuentan con el apoyo de las cámaras Inmobiliarias, las principales interesadas en que haya una nueva norma.
Desde la vereda de enfrente no piensan igual. “Todos los proyectos presentados por Juntos por el Cambio y la posición del massismo son a favor del mercado inmobiliario”, sostuvo Sebastián Artola, referente de la Federación Nacional de Inquilinos de la provincia de Santa Fe. “Quieren contratos más cortos (de dos años o, incluso, hay algunos que plantean un año de duración), aumentos semestrales o cada tres meses, y que los ajustes los definan de manera unilateral las inmobiliarias y los propietarios. El resultado no va a ser otro que más aumentos en los alquileres, más imposibilidad de pagar, más inquilinos en la calle y más crisis habitacional”, agregó.
El contrapunto entre las agrupaciones de inquilinos y las cámaras inmobiliarias quedó expuesto durante las dos reuniones a las que fueron convocados por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien a fines de febrero y principios de marzo se mostró preocupado por la baja en la oferta de inmuebles y terminó por apoyar una de las iniciativas de las organizaciones sociales, de gravar un impuesto a la vivienda ociosa, lo que despertó la oposición del sector inmobiliario.
Esa iniciativa fue retomada por el diputado José Luis Gioja, que presentó su propio proyecto. Entre otras cosas, el sanjuanino proponía que el Consejo Nacional de la Vivienda avance en gravar a los inmuebles vacíos, que se incorporen topes en los precios, ayudas especiales para que los monotributistas puedan alquilar en mejores condiciones y beneficios fiscales para que los propietarios no eludan a la AFIP. También un plan de viviendas sociales para alquiler. En resumen, varios de los pedidos de las propias organizaciones sociales y de inquilinos: una profundización, por decirlo así, de la ley vigente.
En principio, la idea no está descartada, aunque desde el massismo se inclinan más por proponer incentivos a quienes vuelquen su inmueble al mercado en lugar de poner sanciones. Será uno de los debates más calientes.
La comisión estará integrada por 16 diputados oficialistas, 14 de Juntos por el Cambio y una del interbloque Federal. Por el Frente de Todos participarán Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Federico Fagioli, Carolina Gaillard, Lucas Godoy, Bernardo Herrera, Mónica Litza, Varinia Lis Marín, María Carolina Moisés, Carolina Yutrovic, Graciela Parola, Paula Penacca, Vanesa Siley, Eduardo Toniolli, Liliana Yambrún y Cecilia Moreau, que la presidirá. Al interior del bloque las posiciones no son uniformes: algunos diputados confirmaron a El Grito del Sur que, así como está el proyecto, tienen dudas sobre su voto positivo. El dictamen saldría similar a lo que pasó con el acuerdo con el FMI: con los votos de la oposición y de un sector del oficialismo.
En lo que tanto las organizaciones sociales como las cámaras empresarias están de acuerdo, aunque por motivos diversos, es en modificar el Índice de Contratos de Locación (ICL), la fórmula que establece los montos fijos de actualización anual de los contratos según la ley vigente. Se actualiza todos los meses y lo publica el Banco Central. Parte de un promedio 50 y 50 entre el índice de inflación general del INDEC y el aumento promedio de los salarios en blanco según el RIPTE. Las organizaciones piden que la inflación quede por fuera de la fórmula; la posición de las inmobiliarias todavía no se conoce.
Lo que sí está claro es que las inmobiliarias y los propietarios perdieron rentabilidad. En el primer caso, por la ley en sí, que puso un tope a los aumentos y extendió los plazos para que cobren la comisión. También los afectó la retracción de la oferta. Un especialista que trabajó en el problema lo explicaba así en diálogo con este medio: “Hoy el mercado financiero da más ganancias como inversión a corto plazo que comprar un departamento y ponerlo en alquiler, como estuvo de moda hace varios años, con otro dólar y con otra inflación. El problema es que el propietario no obtiene del alquiler la renta que razonablemente podría tener por el capital que compromete, y el inquilino no puede pagar esa renta».
El ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, también comparte que la ley fracasó, pero dijo que “hay que proteger los derechos de los inquilinos”. E introdujo otro problema, sobre el que vienen alertando organizaciones como el CELS: la mayoría de los contratos son ilegales. «Hay tres millones de alquileres y en la AFIP se inscribieron no más de 230.000 contratos”, dijo. Allí es donde más pega la inflación, porque no hay regulación estatal, perjudicando sobre todo a los sectores populares.
