Alquileres: crece el lobby inmobiliario y las organizaciones de inquilinos suman fuerzas

🏚️ El debate por una nueva ley de Alquileres cobrará volumen a partir de la semana próxima en la Comisión de Legislación General de Diputados. Pero la batalla entre propietarios e inquilinos ya comenzó con posiciones totalmente divergentes.

Alcanzó con una primera sesión en Diputados de la Comisión de Legislación General como puntapié esta semana del debate por una nueva ley de Alquileres para que tanto las organizaciones de inquilines como las cámaras inmobiliarias salieran con fuerza a intentar marcar la cancha. Los 35 legisladores y legisladoras del oficialismo y de la oposición que integran esa comisión, más el presidente de la Cámara baja e impulsor de una nueva norma, Sergio Massa, recibieron estos días en sus despachos sendas cartas de ambos sectores en pugna con posiciones tan explícitas como contrapuestas respecto a qué camino debe tomar la discusión parlamentaria. 

“Queremos decirlo bien claro: derogar o suspender la ley no va a bajar el precio de los alquileres, va a significar más desprotección para les inquilines”, dice la carta que presentaron también públicamente diversas organizaciones sociales y de inquilines, entre ellas la Federación de Inquilinos Nacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras, que acaban de conformar una mesa formal de coordinación para afrontar el debate. 

En la carta, titulada “El Estado no debe abandonar a les inquilines”, las agrupaciones sugieren una serie de medidas a contemplar como parte del nuevo texto que surja de Diputados: regular el precio inicial del alquiler; sostener el plazo mínimo de tres años de duración de los contratos, tal como establece la norma vigente; incorporar un nuevo mecanismo para las aumentos, basado principalmente en la evolución de los salarios; crear un “sistema público de garantías” y un organismo estatal que invierta en alquileres sociales; y “un organismo ejecutivo de regulación y control de las relaciones de alquiler”.

La intención principal de las agrupaciones pasa hoy por reorientar el punto central del debate: tanto la oposición como varios funcionarios del Ejecutivo y hasta el propio Sergio Massa coinciden a grandes rasgos en que “la ley fracasó” porque produjo una retracción de la oferta y un encarecimiento del precio, y esa idea se instaló como piso de la discusión. “Nos preocupa porque pareciera que hay un consenso sobre que toda la ley es la culpable de todos los trastornos que hoy tiene el mercado de alquileres. No sólo no es así, sino que muchos de esos problemas existían desde antes, y eran incluso más graves porque no existía una regulación estatal. La ley que tenemos vino a garantizar un piso de derechos en una relación desigual. Por eso sostenemos que cualquier mejora o modificación de la ley tiene que ser en función de que hay intereses contrapuestos entre la renta y el derecho a la vivienda”, precisó a El Grito del Sur Pablo Vitale, politólogo y co-director de ACIJ. 

En la vereda de enfrente, la Federación Inmobiliaria de La República Argentina (Fira), la Cámara Inmobiliaria Argentina (Cia), el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) solicitaron en la previa del debate que un nuevo texto “sea tratado a la mayor brevedad posible” y exigieron retrotraer de tres a dos años la duración de los contratos y dejar librado al mercado el índice de actualización. “Sugerimos permitir la libertad contractual para las partes, en la determinación del sistema de actualización y en su periodicidad”, dijeron. 

Esas premisas del sector inmobiliario son las que, al menos por ahora, tienen más pregnancia tanto en el bloque de Juntos por el Cambio como en los equipos técnicos que Massa puso a disposición de la redacción de un nuevo proyecto, ya a fines del año pasado. “Si logramos devolverle la confianza al mercado vamos a beneficiar por igual a propietarios e inquilinos”, dicen desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados sobre la orientación que tendrá el nuevo texto. 

Las Cámaras se movieron rápido y obtuvieron el apoyo de la oposición la semana previa a la conformación de la comisión de Legislación General. De hecho, una de las intenciones de los jefes de los bloques del Pro, Cristian Ritondo, y de la UCR, Mario Negri, era convocar a una sesión extraordinaria para voltear directamente la ley, lo que descartaron luego de una negociación con el propio Massa. Esta semana encararon también el lobby en el Senado: su fuerza está sobre todo en el interior del país, donde tienen mayor influencia.

La titular de Cucicba, Marta Liotto, junto a Mario Negri y Cristian Ritondo

Si bien el debate se puso en marcha el martes pasado, los expositores comenzarán a dejar clara su posición recién a partir de esta semana. La idea es que el texto esté definido dentro de un plazo de 30 días hábiles, para poder ser debatido en el recinto entre mayo y junio. 

A priori, según pudo recoger este medio, no todos los legisladores del Frente de Todos que forman parte de la comisión están convencidos de llevar adelante las modificaciones que se introducirán en la ley, por lo que puede adelantarse un debate con posiciones muy encontradas y un voto dividido en el oficialismo.

Además, los planteos de los principales interesados son contradictorios entre sí. Una muestra de eso se vio durante las dos reuniones a las que convocó que el secretario de Comercio, Roberto Feletti, para debatir con las Cámaras y las organizaciones una salida consensuada, en las que no hubo nada parecido a un acuerdo. 

De hecho, el secretario se mostró a favor de gravar un impuesto a la vivienda ociosa, como una posible solución para fomentar la oferta de inmuebles en alquiler, que viene en retracción desde antes de la ley y que también hace presión sobre los precios. Las Cámaras rechazaron esa posibilidad y denunciaron que “afecta la seguridad jurídica de los propietarios, que terminan reorientando su capital hacia otras inversiones menos riesgosas”. Hay quienes de todos modos señalan que podría ser una prenda de cambio con las organizaciones para hacer otras modificaciones más regresivas a la ley, por lo que el tema parece enterrado. Incluso es poco probable que Juntos por el Cambio acompañe “un nuevo impuesto”, tal como lo definieron. 

Así las cosas, empiezan a aparecer voces que intentan romper con el consenso instalado de que la ley es mala de por sí, y que señalan mucho más al contexto macroeconómico y a la altísima inflación como los principales problemas del mercado, con o sin norma. “El problema es que el propietario no obtiene del alquiler la renta que razonablemente podría tener por el capital que compromete, y el inquilino no puede pagar esa renta”, sostuvo en diálogo con este medio un funcionario del Ejecutivo dedicado al tema. 

“No hay datos oficiales que demuestren el impacto de la ley de Alquileres en el mercado; los datos que circulan provienen de un sector interesado en que se modifique la legislación. No existe tampoco información confiable que indique que la caída de la oferta es el resultado de la norma. Incluso hay estudios que muestran que esa caída es un fenómeno que comenzó antes de la puesta en marcha de la ley”, sostuvieron al respecto las organizaciones en su carta pública

Otro problema fue señalado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. «Hay tres millones de alquileres y en la AFIP se inscribieron no más de 230.000 contratos”, dijo, señalando la informalidad en la que todavía se maneja el mercado, que dicho sea de paso, estaba mucho más desregulado antes de la ley. 

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Matias Ferrari

Periodista, comunicador y militante social. Trabajó en Página/12 y colaboró en la investigación del libro "Macristocracia" publicado por Editorial Planeta.