La semana pasada, diferentes organizaciones sociales -entre las que se encontraban el Polo Obrero y Barrios de Pie- realizaron un acampe de 48 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar asistencia alimentaria a comedores comunitarios, la universalización de los planes sociales y la creación de puestos de trabajo, entre otros puntos. Finalmente no obtuvieron respuesta del gobierno nacional, que en boca del ministro Juan Zabaleta planteó que hay que «buscar otra modalidad de protesta». «Comprendemos que hay derechos constitucionales y claramente lo respetamos, pero basta de apretar a los argentinos», agregó.
Estas declaraciones oficiales, junto a otras como las de Luis D´Elía quien también cuestionó la protesta, resultaron un caldo de cultivo para que los sectores más reaccionarios de la política y los medios masivos de comunicación pongan en marcha nuevamente una feroz campaña contra las organizaciones sociales y los beneficiarios de programas gubernamentales. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pidió esta semana que se le quite los planes sociales a quienes cortan calles, lo cual fue rápidamente descartado por el Gobierno.
En esta nueva avanzada contra los sectores más humildes, luego de que se conociera recientemente que 16,8 millones de argentinos y argentinas están por debajo de la línea de pobreza (según el INDEC), se inscribe la aparición del Movimiento Anti Piquetero Argentino. Éste viene siendo impulsado por el youtuber financiero y ultraderechista legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Parra. El último proyecto del integrante del partido de Javier Milei busca «castigar la presencia de menores en piquetes».
Culpar a los pobres de la pobreza
¿Hasta dónde puede llegar la discursividad reaccionaria? ¿Cuáles son los límites de lo decible en la Argentina del año 2022? «Las palabras de Larreta y otros dirigentes políticos, inclusive algunos del oficialismo, no expresan más que un debate superficial en los títulos de los medios. Creo que es un patrimonio de la dirigencia política culpar a los pobres de la pobreza y eso es absolutamente reaccionario», dijo a El Grito del Sur Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y referente del Movimiento Evita.
La campaña mediática en los últimos días estuvo a tono con los alaridos de un sector de la dirigencia política. Fiel reflejo de esto fue el programa de Antonio Laje en América TV, donde se buscó instalar que una familia tipo puede llegar a cobrar hasta $64.200 con «planes sociales». Esto implicaría, según Laje, «prestaciones sin hacer nada» a cambio.
Dina Sánchez no coincide con estos planteos. «No somos planeros, punteros ni amenazamos. Las y los trabajadores de la economía popular hemos podido a través de los mal llamados ¨planes¨ construir trabajo digno. Ejemplo de ello son las cooperativas, las cuadrillas de trabajo, las distintas unidades productivas como el polo textil, carpintería, herrería, construcción, comercializadoras, etc. Es decir, la reconversión de planes en trabajo ya la hicimos hace mucho tiempo», expresó a este medio la secretaria adjunta de UTEP y vocera del Frente Popular Darío Santillán.
Desde la vereda opuesta al gobierno nacional, Silvia Saravia reveló que no ve en esta retórica político-mediática el correlato de una progresiva derechización social. «En el último acampe no hubo provocaciones ni agresiones, la gente acompañó y comprendió lo que estaba pasando. Si hay enojo hacia nosotros, enseguida nos damos cuenta. Lo que sí estamos observando es que la dirigencia insiste en ese discurso porque la perspectiva es de ajuste y por eso se están atajando», señaló la coordinadora nacional de Barrios de Pie.
Empleo (in)digno
A lo largo de 2022, el gobierno nacional se propuso convertir progresivamente los planes sociales en empleo registrado. Durante los primeros 12 meses de la nueva relación laboral, las y los trabajadores reciben un incentivo de $15.000, abonado por el Estado Nacional, que el empleador descuenta del salario a su cargo abonando la diferencia que corresponda. Sin embargo, esta metodología esconde remuneraciones que en más de una ocasión están por debajo del salario mínimo. Esto es premiado y/o avalado por el Estado, puesto que las empresas que adhieran a este programa acceden a una reducción de las contribuciones patronales vigentes durante el primer año.
Criminalizar a quienes reciben un programa social es atacar a quienes se encuentran por debajo de la pobreza, dado que esta inversión estatal es necesaria pero resulta un paliativo en este contexto inflacionario. Al mismo tiempo, significa dejar de lado algunas de las complejidades que acarrea el mundo del trabajo en la Argentina que emergió tras la crisis del 2001. En la actualidad, el 50 por ciento de la población económicamente activa tiene problemas laborales, es decir, trabaja pocas horas, tiene sueldos que no cubren las necesidades básicas, no tiene trabajo o incluso dejó de buscarlo.
«Tenemos en la Argentina 18 millones de pobres y 7 millones de habitantes que viven de la economía popular, de los cuales 4 están registrados en el Renatep y solo 1,2 millones cobran el programa Potenciar Trabajo. El problema es mucho más profundo y se relaciona con el modelo económico, que descarta y excluye, que destruye el medio ambiente y el trabajo. Es el momento de empezar a construir un modelo distinto», concluyó Onorato.
