Este mediodía la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el Consejo de la Magistratura sea presidido por Horacio Rosatti, actual presidente del máximo tribunal. Este fallo es consecuencia de la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2021 que dio un plazo máximo de 120 días corridos para que el Congreso de la Nación dictara una ley para reorganizar el Consejo de la Magistratura. Si bien la reforma llegó a obtener media sanción del Senado, la Corte ordenó que el órgano encargado de nombrar y remover jueces se rija por la ley del año 1997 que fue derogada en 2006. «Se trata de un quiebre del deber de obediencia de la supremacía de la Constitución Nacional. La Corte tiene la atribución de declarar la inconstitucionalidad de una ley de la Nación, pero la ejerció mal», dijo a El Grito del Sur Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y profesor titular consulto de la UBA.
En la tarde de ayer, Cristina Fernández de Kirchner replicó a través de Twitter al periodista Matías Mowszet para informar que Rosatti asumirá como presidente del Consejo de la Magistratura «gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás. «La casta de la que nadie habla», remató la vicepresidenta. Quien también reaccionó con fuertes críticas a la avanzada de la Corte fue el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. «La intromisión de la Corte sobre facultades de otros poderes se articula con el bloqueo que hace la oposición a los proyectos de reforma de la justicia. No están salvando la República: están protegiendo a los saqueadores de la Argentina y a todos sus cómplices», planteó.
En diálogo con este medio, Barcesat señaló que el accionar de la Corte «es un disparate jurídico» e instó a los supremos a que recuperen «sus incumbencias constitucionales».
¿Qué importancia tiene la actual puja de poderes que se está desarrollando en el Consejo de la Magistratura?
Es grave, se trata de un quiebre del deber de obediencia de la supremacía de la Constitución Nacional. La Corte tiene la atribución de declarar la inconstitucionalidad de una ley de la Nación, pero la ejerció mal. Sin que haya variado nada en la existencia del Consejo de la Magistratura, haber declarado inconstitucional -por falta de equilibrio en la repartición de los cargos- es un mal fallo. En todo caso el mal fallo puede ser dentro de sus atribuciones, lo que no está dentro de sus atribuciones es reponer una ley que estaba derogada por decisión del Congreso de la Nación y fijar un plazo al actual Congreso para que dicte una nueva reglamentación acorde a su doctrina.
¿Qué implicancias tiene retrotraer el funcionamiento del Consejo de la Magistratura al año 1997?
Es un disparate jurídico y debe ser tratado como tal. Frente a esto, hay dos alternativas: una es la ¨aspirina¨, que quita el dolor pero no remedia. El doctor Rosatti debe abstenerse de asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura hasta tanto el Congreso dicte una ley que ya tiene media sanción del Senado. La otra, que sería de gran valía institucional, es que el Congreso -ante la gravedad institucional del tema- convoque a una Asamblea Legislativa y emita una declaración diciéndole a la Corte que no puede dar directivas al Congreso de la Nación respecto a las leyes que dicte. El Congreso es el primero de los tres poderes que regula la Constitución.
¿Qué hay detrás de la intromisión de la Corte Suprema sobre facultades de otros poderes?
La Corte debe abstenerse de amenazar con sanciones de nulidad los actos del Consejo de la Magistratura porque eso también implica asumir funciones legislativas. Es decir, recuperar sus incumbencias constitucionales. Esto es lo que corresponde. La Corte Suprema está en un convivio con intereses políticos de la oposición y tiene un tinte golpista que de ninguna manera puede ser tolerado.
¿Coincide en la lectura de que la maniobra de la Corte Suprema es un golpe institucional?
Es una tentativa hasta acá, pero evidentemente tiene consumación y, por lo tanto, creo que es momento de aplicar lo dispuesto por el artículo 36 («Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático»). Por supuesto, también debe sustanciarse un juicio político contra los ministros de la Corte por haber firmado esta aberración jurídica. Aberración que en un tramo fue señalada por uno de sus integrantes, el Dr. (Carlos) Maqueda. Ahora hay que señalar las consecuencias de este desbarajuste, volver las cosas a su cauce y abrir inmediatamente la instancia de juicio político.
