El Gobierno peruano envió al Congreso de La República un proyecto de ley que propone la castración química para violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. Esta medida fue anunciada por el Presidente Pedro Castillo y aprobada por el Consejo de Ministros, tras hacerse conocido el caso de una niña de 3 años víctima de secuestro y abuso sexual en Chiclayo, ciudad ubicada al norte del país.
La popularidad del suceso conmocionó y movilizó a la ciudadanía en diversas regiones, cuyas consignas exigían justicia para la menor y todas las víctimas impunes. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), cada día 15 menores de edad son víctimas de violación sexual en el Perú, cifra que no contempla el subregistro de casos no denunciados. Para el Presidente Castillo aplicar “mano dura y medidas más severas contra los depravados”, es una manera de contribuir con la implementación de políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia. En ese sentido, la castración química “reduciría el líbido y la actividad sexual” en los agresores para sancionar y prevenir.
Anteriormente, en el 2018, el pleno del Congreso aprobó en primera votación la modificación del Código Penal que incluía la cadena perpetua para violadores de menores de 14 años y la consiguiente aplicación de castración química cuando el juez lo decidiera. La aplicación de cadena perpetua fue aprobada por unanimidad, mientras que la castración química tuvo más de 20 abstenciones y 7 votos en contra.
La abogada y directora de la organización feminista Demus, Cynthia Silva, señala que “el código penal ya impone cadena perpetúa a todo aquel que abuse de un menor de 14 años. Ante eso la castración química no tiene sentido. Esta medida carece de enfoque de género y muestra un profundo desconocimiento. Se está pensando en un castigo ineficaz para el agresor pero no en el cuidado ni recuperación de la agraviada, ni en las futuras víctimas. Aplicar la castración química es totalmente insostenible y populista”. Cabe resaltar que la desaprobación del mandatario subió de un 46% en agosto del 2021, a un 67% en abril del 2022 según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
“El Gobierno no está teniendo en cuenta lo engorroso y revictimizante que puede ser el proceso de denuncia para las víctimas. Muchos casos tardan alrededor de 10 años en obtener una sentencia y, solo así, se podría aplicar la castración química”, agrega la directora de Demus. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el Perú un 29.7% de presos por violencia sexual de menores, aún no tiene sentencia.
Desde el punto de vista de Silva, “insistir en esta medida solo patologiza y justifica la violación sexual, convirtiendo en `mounstruos o enfermos´ a los agresores, cuando en realidad, estas personas son del entorno cercano de la víctima. Suelen ser el papá, el tío, el primo, el profesor, etc. Personas comunes que están entre nosotres y buscan imponer su poder. Hablamos de crímenes que tienen detrás una masculinidad dominante y agresiva que es aprendida desde que son niñes: la falsa idea de que los hombres son personas que no pueden controlarse.”
Por otro lado, pese a la precariedad y el ajustado presupuesto en los servicios que brinda el Estado peruano, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Féliz Chero, detalló que el monto destinado a la castración química será calculado de acuerdo al número de condenas por violación a la libertad sexual, en un estimado de 2 millones de soles (más de $530 mil dólares). En esa línea, la Asociación Psiquiátrica Peruana (APP) advirtió a través de un comunicado que “no soluciona el problema”, y además agregó que la administración contínua de un fármaco es “muy costoso, y requiere de una estricta supervisión sanitaria y policial”.
¿Quiénes están en contra y a favor de la castración química?
La mediatización del caso no solo ha sido aprovechada por el gobierno de turno sino también por congresistas de bancadas de derecha como Avanza País, Perú Libre y Fuerza Popular. Así como el movimiento ultra conservador y religioso, Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), quienes obstaculizan los avances relacionados al Enfoque de Género y la Educación Sexual Integral en el país.
Al mismo tiempo, diversas organizaciones de sociedad civil, colectivas feministas y activistas de derechos humanos se han pronunciado en contra de esta medida que tildan de populista e ineficiente. A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo se manifestó al respecto resaltando que “no existe evidencia de que su implementación reduzca la incidencia de violaciones sexuales”. Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) indicó que la castración química es una forma de tortura y viola el principio constitucional de rehabilitación y reinserción social del reo además de atentar contra los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano, como la Convención Americana y las Convenciones contra la Tortura de Naciones Unidas.
Políticas públicas con Enfoque de Género y ESI para prevenir
Expertas en género y Derechos Humanos coinciden en que la clave está en adoptar medidas preventivas que sean eficientes y aterrizadas en políticas con enfoque de género en todos los niveles, cuya articulación sea principalmente con el sector salud y educación. “Es importante que se trabaje en políticas de igualdad de género, Educación Sexual Integral para relaciones igualitarias y respetuosas, pero sobre todo el conocimiento y respeto de sus cuerpos. Para ello es vital destinar un presupuesto adecuado para que estas políticas puedan llegar a todo el país de manera eficiente. Les niñes tienen derecho a vivir sin miedo, poder expresarse libremente y crecer en entornos sin violencia.” concluyó Silva, abogada feminista y directora de Demus.
