El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 16, a cargo del Juez Martín Furchi, ordenó al Gobierno de la Ciudad a elaborar y remitir a la Legislatura porteña el proyecto de rezonificación definitiva, el proyecto de renovación urbana y el plan para la concreción de soluciones habitacionales para el Sector 4 de la traza de la Ex Au3 y su zona de influencia en un plazo no mayor a 180 días. También ordenó que la elaboración de estos proyectos y planes sea con la participación de las familias.
La traza de la Ex Autopista N° 3 fue uno de los proyectos de la última dictadura militar y que planeaba unir Saavedra con Puente Alsina, atravesando varios barrios de la Ciudad. Para empezar las obras se expropiaron más de 900 inmuebles, pero en 1981 el intendente de facto canceló la obra junto con el plan de autopistas.
La fragmentación en sectores de trazas hizo que algunas de ellas recibieron propuestas inmediatas, mientras que otras no. La traza está dividida principalmente en el Sector N° 5 y el Sector N° 4. El primero estuvo enmarcado dentro de la Ley N° 3.396 y las familias lograron acceder a una solución habitacional definitiva; algo que no sucedió en el Sector N° 4, el cual quedó en la espera del acceso en igualdad de condiciones.
Este sector sufrió por más de 20 años el incumplimiento de la Ley N° 324 y más de una década el incumplimiento de la Ley N° 3.396. Ambas leyes reconocen el derecho a la vivienda de las familias. Ante la negativa de cumplir con estas leyes, la violación de la Constitución y falta de respuesta del GCBA, las familias que habitan este sector presentaron una demanda ante la Justicia.
Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de «El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos», manifestó: «El GCBA es negacionista de la crisis habitacional que vive la Ciudad. Ahora está desfinanciando la política de subsidios para personas en situación de calle y ha frenado la política de reurbanización de barrios populares dejando abandonados a decenas de éstos. En este marco de deterioro de las políticas habitacionales, hace diez años que el GCBA debió cumplir con garantizar soluciones habitacionales definitivas y adecuadas a cientos de familias que hace décadas luchan por su vivienda en el Sector 4 de la Traza de la Ex Au3. Hace diez años, el GCBA solucionó el sector N° 5 de la traza porque tenía el interés inmobiliario de vender 10 manzanas de la zona que terminaron formando el nuevo barrio Donado-Holmberg. El dinero de esas ventas también estaba destinado para las viviendas de las familias del Sector N° 4, pero el GCBA decidió cambiar este destino. Ahora la Justicia ha decidido que la vivienda es un derecho humano y que una política pública habitacional creada por ley debe cumplirse».
En marzo del año pasado, la Asamblea de Vecinos/as comprometidos del Sector 4 de la Ex Au3 junto al patrocinio jurídico e interdisciplinario del Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Defensoría de Laburantes (La Defe) acompañados por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), todos colectivos pertenecientes al “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, presentaron un amparo colectivo (Expte. N° 87789-2021/0) contra el GCBA y solicitaron la medida cautelar que fue otorgada por el juez.
María Eva Koutsovitis, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, manifestó: “Lamentablemente, para que el GCBA deje de incumplir con las políticas habitacionales ordenas por ley debemos recurrir a la Justicia. Existen leyes que llevan décadas incumplidas. Hace unas semanas, en el marco de una acción judicial, el GCBA decidió cumplir con la ley 2240 de emergencia urbanística y ambiental del barrio de La Boca convocando a la Unidad Ejecutora. Esta ley había sido sancionada en el año 2006. Con el caso del Sector 4 de la Traza de la Ex au3, pasaron más de 20 años de la aprobación de la ley 324 sin que el GCBA haya dado respuestas a las familias. En este contexto también existen diferentes leyes de reurbanización de barrios populares que se encuentran incumplidas, como la ley 5235 de Barrios Nuevos y el Código Urbanístico que ordena la reurbanización de la totalidad de las villas. Mitigar la crisis habitacional no es una prioridad de este gobierno».
