Corría principios de abril y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, anunció en una reunión del Consejo Federal de Educación la conformación de mesas de trabajo para avanzar con la extensión horaria en las escuelas primarias públicas de todo el país. Sin embargo, al día de hoy, diferentes sectores de la comunidad educativa cuestionan que no fueron convocados a discutir este tema, a pesar de que el Gobierno quiere implementar una hora extra por turno después de las vacaciones de invierno.
A los sindicatos les llegó la noticia a través de los medios de comunicación. Rápidamente, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) plantearon «el rechazo de toda modificación del sistema educativo que vulnere los derechos laborales, implique una sobrecarga en el trabajo docente y no esté orientada hacia la cualificación del sistema educativo». El trotskismo también rechazó la medida y la consideró «impracticable», puesto que complicaría todo el esquema horario de las familias y la jornada de trabajo de la docencia.
«Todo eso es parte de una discusión en el ámbito de la paritaria, no puede llevarse adelante sin una planificación. En esa propuesta de extensión de la jornada, tenemos que analizar las condiciones materiales y organizativas de las escuelas, los cargos y la situación de los docentes», señaló a El Grito del Sur Silvia Almazán, secretaria general adjunta de SUTEBA. El objetivo del Gobierno es sumar «38 días más de clase por año»: esto se lograría al adelantar una hora el inicio de clases del turno mañana y, por otra parte, extender una hora el turno tarde.
Limitaciones y desafíos de la jornada extendida
La Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en el año 2006, estableció en su artículo 28 que «las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley». Si bien la ampliación del tiempo escolar suele pensarse como un medio para desarrollar un amplio espectro de experiencias de aprendizaje, especialistas han advertido sobre el bajo o nulo impacto que la jornada extendida tendría en el nivel de aprendizaje (Llach, 2008). En ese marco, se ha señalado que el mayor tiempo de enseñanza permite verificar mejoras en los aprendizajes pero muy modestas, en contraste con el gran incremento de recursos que requiere su instrumentación. Cabe destacar que la propuesta inicial que dio a conocer Perczyk alcanza a cerca de 10 mil escuelas de todo el país y demandará una inversión de 18 mil millones de pesos.
«Extender la jornada es muy importante, pero cabe destacar que en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país hay escuelas con proyectos ya aprobados de jornada completa que todavía no se comenzaron a implementar y deben implementarse. Ese es el primer paso», planteó Almazán. La representante de SUTEBA reconoció que «en el ámbito nacional no ha habido reunión oficial por este tema» y agregó: «En el caso de la Provincia de Buenos Aires, a partir de un planteo consensuado en el marco del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), propusimos una reunión con el ministro Sileoni para abordar un temario bastante amplio que incluya el planteo de la jornada extendida».
Consultada por este medio, una fuente oficial del Ministerio planteó que «las partes están dialogando para ver cómo se puede implementar el proyecto. Éste va a contar con el 80 por ciento de financiamiento de la Nación y el resto de las provincias». «Todos los cambios llevan tiempo para implementarse, pero no creo que haya obstáculos. Hay acuerdo en que los chicos necesitan mejorar los aprendizajes y tener más horas de clase», señaló.
De acuerdo con un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (año 2018), apenas el 7,2 por ciento de les estudiantes de escuelas primarias públicas va a una escuela con jornada extendida. Estos datos revelan serias desigualdades y un obstáculo es la falta de recursos para contratar más docentes y ampliar los edificios.
«Este es el primer año que tenemos presencialidad plena después de dos años de pandemia, hemos recuperado en la Provincia de Buenos Aires más de 200 mil estudiantes, tenemos que seguir fortaleciendo conocimientos. Proyectos que mejoren el trabajo pedagógico de las instituciones siempre traen una mirada expectante, pero éstas tienen que ser propuestas debatidas y analizadas en el marco de la paritaria respetando siempre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación», concluyó Silvia Almazán.
