En 2017, luego de acudir en vano a la Justicia, Flavia Saganías hizo un posteo en su cuenta de Facebook denunciando que su ex pareja y abusador de una de sus hijas se encontraba en libertad, merodeando por Capilla del Monte, donde ella residía. El texto, que revelaba la identidad del agresor, causó la indignación de la madre y el hermano de Flavia, con quienes ella no tenía relación, que decidieron trasladarse desde la Provincia de Buenos Aires a Córdoba para agredir al acusado. En el enfrentamiento el nivel de violencia escaló y los familiares terminaron incendiando la casa del abusador.
Lejos de lo que se espera y en una escena pesadillesca, luego de la golpiza la Justicia decidió condenar a la madre protectora a 23 años de prisión por ser autora intelectual del hecho al “instigar” los delitos y a la madre y hermano de Flavia por haber sido coautores, mientras que Gabriel Fernández, el agresor, quedó en libertad.
“Antes de hacer el posteo Flavia denunció en la fiscalia de Cosquín el abuso sexual de su hija. En ese momento, el fiscal realizó algunas pruebas de rutina pero no lo manejó de la manera adecuada. Expuso a la nena que fue revictimizada, retirada de su casa en un móvil policial, trasladada más de cien kilómetros hasta un centro de salud, revisada de manera muy violenta y obligada a responder frente a un cuerpo de peritos», explica Carlos González Quintana, abogado defensor, quien insiste en que Flavia visibilizó su caso para alertar a la comunidad del peligro que significa un abusador libre.
«En ese contexto ella no dio información y a raíz de eso el fiscal decide, en un tiempo récord de menos de dos meses, archivar la causa por no tener prueba suficiente de los abusos. Recién ahí nace en Flavia la necesidad de alertar sobre la inacción de la Justicia, el desamparo total y la negligencia del fiscal de Cosquín”, agrega González Quintana. “El posteo fue una fuerte interpelación a la Justicia en relación a este tipo de casos”.
El 27 de noviembre de 2019 Flavia fue condenada por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje (Córdoba) -sin pruebas suficientes y con una medida aleccionadora- a 23 años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio, abuso sexual en grado de tentativa, incendio y privación ilegitima de la libertad. De allí fue trasladada al penal de Bouwer donde pasó siete meses presa. Después de varios pedidos por parte del equipo técnico, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje otorgó la prisión domiciliaria y la mujer pudo reencontrarse en Capilla del Monte con sus cinco hijes. Sin embargo, como explicaron desde el colectivo Justicia para Flavia Saganías en el comunicado que publicaron a un año de su condena, “la prisión domiciliaria fue planteada en base al interés superior del niñx y cada día de tardanza en conceder el beneficio a esta madre protectora significó un flagrante menoscabo de los derechos de los niños y niñas, quienes fueron injustamente dañadxs al hacerles extensivas las consecuencias de la medida de coerción impuesta a su madre”.
“Sabiendo incluso el tribunal que Flavia era madre de cinco chicos decidieron llevarla esposada en un camión a una cárcel de máxima seguridad donde permaneció siete meses. Gracias al trabajo que nosotros hicimos, conseguimos la prisión domiciliaria que pende de un hilo y que en cualquier momento puede revocarse y volver a la cárcel”, agrega Gonzalez. “Hay cinco niños que dependen de ella, por lo cual que vuelva a prisión sería un desastre emocional, económico y afectivo no solamente para los hijos más pequeños sino para los adolescentes y para la niña que, al día de hoy, sigue siendo sobreviviente de un abuso que no ha sido investigado, con su abusador en libertad”.
En octubre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso de casación para rever la condena. Sin embargo, la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio formal ingreso al Recurso de Queja por denegatoria de justicia que presentó la defensa, razón por lo cual serán los cuatro jueces a cargo los encargados de revisar el caso. En ese marco, desde las colectivas que la acompañan convocaron el miércoles 27 de abril a una conferencia de prensa para visibilizar el caso y siguen bregando por la absolución de Flavia.
Mientras tanto, la prisión domiciliaria se encuentra en el juzgado de Cruz del Eje donde se mantiene bajo el designio de una jueza de ejecución penal que, por ahora, ha decidido sostenerla. Sin embargo, esto podría perderse pronto porque este beneficio depende de la minoría de cinco años de edad de los hijos de Flavia. “Acortar la prisión domiciliaria a los 5 años del niño o niña es un criterio irracional, arbitrario, infundado e injusto”, plantea González Quintana.
“En el caso de Flavia se cometieron todos los atropellos posibles a los derechos de las mujeres y de las infancias. Es un caso que fue juzgado por un tribunal y por un juzgado popular que en ningún momento puso la mirada en las víctimas que son la mujer adulta y la niña. En ningún momento se contempló en la violencia sexual y la violencia judicial que recibieron Flavia y su hija, algo que para nosotros es fundamental”, cuenta Carlos y acepta que la idiosincrasia del pueblo se puso en juego a la hora de decidir el destino de la víctima.
“Cuando pedimos que la Justicia falle con perspectiva de género pedimos que se analice la situación poniendo la misma mirada en todas las partes que han sufrido las diferentes violencias que atraviesan el caso y no en una foto estática que es lo que sucedió en la casa del abusador. Para que esto suceda debieron desencadenarse muchas violencias previas que no han sido tenidas en cuenta por quienes juzgaron ese caso”, concluye el letrado.
Finalmente el colectivo Justicia para Flavia Saganías manifestó: “Correr el velo de impunidad y silencio que rodea esta causa seguirá siendo el objetivo para continuar el camino que resta, en esta red de sororidad que no parará de tejerse. Sabemos que no existen muros para la verdad y hoy Flavia somos todas. Con la convicción que nunca dejará de latir en la lucha colectiva, vamos a seguir juntas hasta su absolución”.
