Los conflictos entre barrabravas quedaron expuestos otra vez tras el regreso del fútbol argentino este año a la normalidad pre-pandemia. Algo que pareció enterrado durante casi dos años volvió a tener lugar con la vuelta de los estadios llenos y el control de las zonas aledañas, que históricamente permiten a estos grupos organizados la posibilidad de obtener cuantiosos ingresos.
Lo ocurrido este último fin de semana es síntoma de que este tipo de turbulencias volvieron para quedarse, al menos en el corto plazo. En Independiente, Pablo «Bebote» Álvarez volvió a la carga con un acto de fuerza en el que buscó amedrentar a César «Loquillo» Rodríguez, quien actualmente comanda una de las facciones de la barra. Ya en septiembre del año pasado, esta feroz disputa había generado un tiroteo en Avellaneda que se dio precisamente en vísperas del regreso del público a la cancha. En River, el clima tampoco está calmo: la Policía de la Ciudad detuvo este domingo a 253 miembros de Los Borrachos del Tablón, muchos con «derecho de admisión» tras aquel ataque que sufrió el micro de Boca en diciembre de 2018. Entre ellos está Héctor «Caverna» Godoy, uno de los líderes de la barra.
Sebastián Rosa, becario doctoral del Conicet especializado en sociología del delito, seguridad y deporte, analizó este fenómeno en diálogo con El Grito del Sur: «Las barras no solo están ligadas al fútbol, sino también a una serie de actividades para conseguir beneficios económicos, las cuales muchas de esas también estuvieron frenadas. En la pandemia seguramente no deben haber tenido muchas ganancias, pero las barras no son solamente una actividad de gestión de dinero sino de gestión de vínculos, de lazos sociales y de encuentro por fuera de la cancha».
Si bien existen mecanismos democráticos para poner un freno a este accionar violento de las barrabravas, el contexto político-institucional en el Rojo de Avellaneda no resulta auspicioso. La Justicia suspendió las elecciones luego de que la Junta Electoral proscribiera al Frente Unidad Independiente, encabezado por el periodista Fabian Doman. De esta forma, la entidad presidida por el camionero Hugo Moyano se encuentra en un limbo hasta tanto se desarrolle el acto electoral y se renueven los mandatos.
En ese sentido, Rosa señaló que «la inestabilidad tampoco es un buen proceso para los negocios porque para ello se precisa del orden y de poder gestionar mercados. La imprevisibilidad no es lo mejor para los negocios, más aquellos que incluyen parte de ilegalidad. Cuando el contexto es de inestabilidad político-institucional, los conflictos entre barras quedan más expuestos y aparecen grietas en esos pactos que regulan los negocios entre tres patas: barrabravas, dirigentes y policías».
Entre la criminalización y el silencio
En 2019, un proyecto de ley para castigar a las barrabravas llegó a recibir media sanción de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa tenía como objetivo «instrumentar un régimen penal especial en materia de espectáculos futbolísticos denominado Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos». Esta política de criminalización no contó con el apoyo del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y de otros importantes dirigentes de clubes argentinos. Más allá de la retórica del expresidente Mauricio Macri, que incluso llevó este tema al debate presidencial de 2015, el sociólogo y becario del Conicet aseguró que «lo que hizo el gobierno del Pro fue maximizar la política de represión y control sin cortar sus vínculos con las barras. Éstas no sufrieron ningún problema mayor durante el gobierno de Macri».
Al mismo tiempo, desde el gobierno nacional y la AFA se encuentran sumidos en un profundo silencio y prefirieron no salir a repudiar los últimos hechos violentos que involucran a barrabravas. «En líneas generales, las formas estatales de tratar la violencia en el fútbol son las mismas desde hace más de 30 años. Desde la famosa ley De la Rúa en 1985 hasta acá, toda la legislación construida y las políticas responden a una misma lógica hiperrepresiva, de control y de vigilancia que se aplica al conjunto de los hinchas, entendidos como posibles sospechosos. Al mismo tiempo, la mayoría de los clubes -a través de sus dirigencias- y los partidos políticos importantes tienen su vínculo propio con las barras. Esto termina generando impunidad», concluyó Sebastián Rosa.
