El 14 de abril es el Día Mundial del Chagas. Además de ser la principal enfermedad endémica del país -alrededor de 1,6 millones de personas están infectadas-, el Chagas es una problemática socio-ambiental compleja que también requiere un abordaje social, de vivienda, educativo y comunicacional. «Hoy no aparece en ninguna política pública del Estado, no tiene prioridad pese a que lo obliga la ley. El 20 por ciento de la población con Chagas reside en nuestro país», dijo a El Grito del Sur Francisco Rodríguez Abinal, abogado y coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Históricamente, la enfermedad del Chagas estuvo asociada con entornos rurales del norte argentino y la presencia de vinchucas o chinches. Sin embargo, hoy más de la mitad de los infectados viven en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Especialistas señalan que se volvió relevante la forma de transmisión vertical: de la madre al bebé. De acuerdo con Marcelo Abril, biólogo y director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, «en el 30 por ciento de los casos el Chagas desarrolla complicaciones severas, cardíacas o digestivas a largo plazo hasta 40 años después de infectarse». Entre las afecciones posibles aparecen la miocardiopatía dilatada, la insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte súbita.
Diferentes organizaciones concientizan desde hace algunos años acerca de los alcances de esta enfermedad. Proyecto Chagas es un ciclo de tres cortometrajes con historias de vida contadas en primera persona que transmiten un mensaje actualizado sobre el Chagas haciendo énfasis en la salud socio-ambiental. Cabe destacar que la Argentina cuenta desde el año 2007 con la Ley de Prevención y Control del Chagas (Nº 26.281) que asigna carácter prioritario a las políticas que abordan esta problemática. Sin embargo, a 15 años de su sanción sigue sin reglamentarse, generando graves problemas para implementar políticas públicas orientadas a su prevención, detección y tratamiento. En el año 2021, solo se ejecutó el 5 por ciento del presupuesto asignado.
«La ley nacional de Chagas establece una serie de obligaciones y derechos. Éstas son obligatorias para el Estado nacional y las provincias que adhirieron a la ley. Hoy pedimos la reglamentación para establecer los mecanismos por los cuales se van a cumplir. Frente a este grado de discrecionalidad, las decisiones no se toman y no se cumple con la ley», planteó Rodríguez Abinal. El coordinador de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ mencionó un ejemplo al respecto: «La ley nacional de Chagas prohíbe la realización de pruebas para aspirantes a un trabajo y deja afuera la discriminación por Chagas. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo de la Nación y los provinciales carecen de un procedimiento claro para denunciar una discriminación por Chagas».
El Chagas es una enfermedad causada por el parásito llamado Trypanosoma cruzi. En las zonas endémicas, donde hay evidencia de transmisión vectorial, los factores sociales y ambientales son determinantes para el desarrollo de los insectos. Viviendas con infraestructura deficiente, convivencia con animales, zonas rurales y suburbanas y, especialmente, áreas de pobreza y marginalidad son algunos de los factores que profundizan los riesgos de contraer la infección. Por esta razón, se suma el estigma asociado con la enfermedad: comportamientos sociales discriminatorios y actitudes intrafamiliares de negación, así como diversos obstáculos para hacer el tratamiento.
«El abordaje tiene que ser integral por parte del Estado. Debe haber campañas masivas de comunicación tal como establece la ley y se suman responsabilidades a nivel educativo para explicar que el Chagas también se despliega en el ámbito urbano donde no hay vinchucas, pero sí transmisión vertical. También hay que garantizar los diagnósticos suficientes para las personas. A nivel presupuestario, se debe solventar un test serológico para personas embarazadas que en el año 2015 era para 760 mil personas y en 2021 se hizo solamente para 90 mil. El Estado nacional ha ido retrocediendo en garantizar derechos», concluyó Rodríguez Abinal.
