En marzo de 2008, recién asumida como cabeza del Poder Ejecutivo, Cristina Fernández de Kirchner definió el lock out agropecuario como los «piquetes de la abundancia». Era el comienzo de un conflicto que se extendió hasta julio de aquel año. De allí en adelante, el vínculo del kirchnerismo con los grupos económicos de poder cambiaría para siempre: la Sociedad Rural sería uno de los grandes antagonistas y Clarín, que había recibido privilegios durante el gobierno de Néstor, sería cuestionado por sus tapas y su flamante adicción a realizar periodismo de guerra. Por su parte, la militancia oficialista se vería fortalecida a raíz de esta creciente conflictividad política y, al son de la mística discursiva encarnada por la Presidenta, crecería en términos numéricos como décadas atrás no se veía.
Transcurrieron ni más ni menos que 14 años de aquellos acontecimientos. Para el kirchnerismo, el voto «no positivo» de Julio Cobos en el Senado de la Nación apenas significó un traspié coyuntural puesto que luego sobrevinieron importantes victorias estratégicas que se sostienen -en mayor o menor medida- hasta el día de la fecha: la recuperación de los fondos de pensiones administrados por ANSES, la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la estatización del 51 por ciento de YPF, entre otras medidas claves.
Cada vez que se movilizan los factores de poder en nuestro país, como telón de fondo se encuentra la conservación del statu quo que hoy tiene a casi la mitad de los argentinos y las argentinas bajo la línea de pobreza. En ciertas ocasiones, como en la campaña presidencial de 2015, los sectores del establishment recurren al gatopardismo («que todo cambie para que todo siga igual») pero la mayor parte de las veces es como si el tiempo estuviera congelado para ellos: su principal anhelo ideológico es volver a la Argentina anterior a 1930, que hoy equivaldría a dejar excluido a tres cuartas partes de sus habitantes.
Este sábado 23 de abril, productores agropecuarios y grandes terratenientes decidieron realizar un tractorazo a la Plaza de Mayo contra la política oficial. ¿Qué reclaman? Quita de retenciones y reducción impositiva hacia el sector. Uno de sus argumentos (falaces) es que de cada 100 pesos que genera el campo, el Gobierno se lleva casi 65. Lo paradójico es que este grito de guerra se produce en medio de una disparada de las ganancias rurales. Según cálculos del mercado, el margen de ganancia por hectárea tuvo un aumento promedio por encima del 40 por ciento en dólares durante la campaña 2021/2022 con respecto a la anterior. Asimismo, el aumento de los precios internacionales del trigo, el maíz, el girasol y la soja fue exponencial desde febrero cuando comenzó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, dos de los principales países exportadores de esos productos.
Seguramente por estas horas se haga referencia desde las usinas comunicacionales hegemónicas al significante «campo» como parte fundamental de la identidad y la economía argentina. No van a hablar, por ejemplo, del proceso de extranjerización que transformó el poder real dentro de este sector: los grandes pools de siembra, los fondos de inversión, los proveedores de insumos, agroexportadores y dueños de eventos biotecnológicos.
Frente a las actitudes patoteriles y el poder de lobby de las entidades agropecuarias, el Gobierno debe priorizar la defensa del bolsillo de la población. Precisamente, el desafío es que la suba en los mercados internacionales de las materias primas no se siga trasladando a los precios de los alimentos. Karl Marx decía que «el motor de la historia es la lucha de clases». El presidente Alberto Fernández pudo (o quiso) hasta ahora administrar el estado de cosas que venía de la era macrista, cuyo indefectible destino será una contundente derrota electoral en 2023. La lección de 2008 sirve para volver a creer en el rol transformador de la política, en ésta definida como el arte de lo (im)posible. Movilizar la conciencia popular para avanzar en políticas concretas y no dejarse avasallar por las fuerzas conservadoras -tal como sucedió con Vicentin a comienzos de esta gestión-, resultan dos elementos necesarios para revertir la parálisis sistemática que obtura todo horizonte de cambio social.
