El Grito del Sur conversó con estudiantes de quinto año a quienes les tocó comenzar el programa de prácticas laborales obligatorias impuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la semana pasada, que puso en alerta a la comunidad educativa, por la notoria falta de información, la falta de consulta y la improvisación con la que se está llevando adelante.
Si bien lxs estudiantes reconocen que es necesario un vínculo entre el mundo laboral y el de los estudios y plantean que es algo que reclaman desde hace tiempo, quienes comenzaron las prácticas la semana pasada se encontraron con distintas situaciones de incertidumbre e improvisación en la implementación de esta política pública que “suena bien” pero presenta “muchos interrogantes” no sólo en ámbitos educativos, sino también en aspectos legales y jurídicos.
El plan de las prácticas laborales obligatorias fue anunciado por el Ministerio de Educación porteño para 29.400 chicos que cursan la secundaria en 442 establecimientos educativos de gestión pública y privada de la Ciudad, pero en esta primera etapa iniciada el 18 de abril comenzaron 2500 estudiantes de 5to año de nivel secundario de 21 escuelas de gestión estatal y de 9 escuelas de gestión privada, que en principio están asistiendo a cursos introductorios de educación financiera, habilidades para la empleabilidad y educación emocional, entre otras capacitaciones por fuera de la escuela.
La legislación vigente no contempla la obligatoriedad de las prácticas (Ley 26.206 de educación nacional de 2006 y Ley 3.541 de CABA de 2010), pero el 7 de diciembre de 2021 la ministra de Educación, Soledad Acuña, resolvió a través de esta Resolución la obligatoriedad de las “Actividades de Aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores” (ACAP), que comenzó ahora para alumnos de más de 20 establecimientos, entre ellos, Escuela Normal Superior Nº 01 en Lenguas Vivas Pte. Roque Sáenz Peña, Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y Liceo Nº 09 «Santiago Derqui».
“Actividades de Aprox…” un eufemismo de prácticas laborales obligatorias
El Anexo I (IF-2021-37062201-GCABA-DGEGE) de la resolución explica en términos muy generales cierto criterios sobre las “Actividades de Aproximación” e indican que se desarrollarán en “contextos formativos profesionales y académicos reales por fuera del edificio escolar y con variados formatos” durante “como mínimo 120 Horas cátedra anuales que estarán distribuidas entre los diversos espacios”, y que los diversos ámbitos pueden ser: el sector productivo (privado o público), el sector de gestión de políticas públicas, el sector cultural/ comunitario, el sector de la educación superior/ científico- académico.
Además, contempla cursos introductorios, que según la información oficial publicada recientemente, tienen una duración total de 30 horas cátedra: 9 horas se dictan en las escuelas dentro del horario escolar y 21 horas en horario extraescolar en diferentes sedes: Universidad de la Ciudad (Unicaba) ubicada en Av. Paseo Colón 255; el Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico en Sánchez de Loria 2364; el Centro Metropolitano de Diseño en Algarrobo 1041; la UTN Campus ubicada en Mozart 2300 y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en Av. Córdoba 2122.
Amparo
“Arrancamos la semana pasada a ir a la Unicaba con todo el dolor que eso genera, en particular al Lenguas porque nosotros tenemos un terciario muy prestigioso y querido. El GCBA te dice ‘no solo te vamos a dar una pasantía que no vamos a pagar, que no pensamos con ustedes y que no les vamos a dejar pensar, sino que también los vamos a mandar a la Unicaba, por la que hace tres años les queríamos cerrar todos los terciarios de sus colegios’. Claramente es una chicana transformada en política pública”, introduce a El Grito del Sur Amparo López, estudiante de 5to año y presidenta del Centro de Estudiantes del IES en Lenguas Vivas «Juan Ramón Fernández», que comenzó con los cursos previos a las prácticas laborales.
Entre los problemas que observó destaca el tema de la coordinación de los horarios, las distancias, la preocupación por la currícula y por el hecho de que estas prácticas sean 100% obligatorias, porque “si no vas a la pasantía o a los cursos desaprobás todo el año”.
Si bien apunta que la propuesta de contenidos podría ser algo que les sirva, se pregunta: “¿por qué no nos agregan esos contenidos en nuestras escuelas con nuestros docentes cuando es una información que nos podría servir?”.
En cuanto al desarrollo de la cursada en Unicaba, Amparo señaló además que desde su visión “está mal organizado” porque: no cursa con su división, no les dio el aforo y son 50 estudiantes “apretujados” en un aula que “encima no tiene ventilación”, tampoco hay propuesta pedagógica “ni está pensado para que al menos te relaciones con la gente con la que estás cursando” y “no tienen calculado nada, está todo pensado sobre la marcha”, resume.
“Si realmente se hubiera pensado con las comunidades educativas, si se hubiera consultado, hubiera sido un oportunidad para nosotros y hubiera estado super bueno, porque es una discusión que nosotros damos hace un montón de tiempo de que entre la secundaria y el mundo laboral tiene que existir un vínculo que no sea solamente la necesidad”, expresa apenada.
En ese sentido recuerda que hay pibxs en su colegio que trabajan desde antes de la implementación de las prácticas, que llegan tarde a la escuela, que tienen que armar certificados para que les justifiquen las faltas, y a ellxs les serviría un montón tener otro tipo de experiencias y formación, pero “no hay interés ni vocación pedagógica, está pensado para atropellarnos en todos los sentidos”.
La dinámica de inicio de las ACAP es distinta en cada escuela: hay colegios en los que ya les dieron opciones en los que harían las prácticas y en otros no, también hay colegios que ya están empezando las prácticas en empresas al mismo tiempo que las capacitaciones, como el Liceo 9 y el Danzas 1, o que no tuvieron ningún tipo de capacitación aún ni margen de propuestas hasta el momento, sino que les dijeron “los mandamos a estas empresas y arreglense”, concluye Amparo.
Algunas de las empresas con las que el ministerio de Educación firmó convenio para las prácticas laborales son: Accenture, Megatlon, Infobae, Byma y Banco Galicia. Asimismo, también recibirán estudiantes organismos estatales, tales como los ministerios porteños de Espacio Público e Higiene Urbana, Desarrollo Económico y Producción, Hacienda y Finanzas; las secretarías de Desarrollo Urbano y la de Atención Ciudadana y Gestión Comunal; y el Banco Ciudad, entre otros, informó Acuña a través de su cuenta de Twitter.
Ramiro
“A partir del 2 de mayo, las primeras 35 horas vamos a ir a Infobae donde supuestamente haremos tareas de edición de contenidos, aprenderemos a presentar noticias. Un poco irónico porque Infobae es la reina madre de las fake news y los títulos engañosos”, señala en diálogo con El Grito del Sur el estudiante de 5to año de orientación Sociales Liceo 9 DE 10 “Santiago Derqui” e integrante del centro de estudiantes, Ramiro Orgueira.
“La información que nos llegó nos la dieron directivos del colegio que hablaron con nosotros antes de que nos mandaran ahí, y nos dijeron que tenemos que ir en grupos de 6 personas del curso durante dos semanas de lunes a jueves, las cinco horas que estaríamos en el colegio, vamos a estar en Infobae”.
Los principales interrogantes que se presentan para Ramiro y sus compañerxs es cómo se va adaptar ese sistema a la currícula, porque un grupo de 6 estudiantes va a estar dos semanas sin ir al colegio mientras el resto del curso avanza con los contenidos; también la incertidumbre de si en la empresa va a haber personas capacitadas como docentes. Además, subraya que “no es lógico que después de dos años de pandemia donde se perdieron un montón de contenidos y donde hoy tenemos gente que por ahí tiene 3 previas, perdamos 120 horas en ir a hacer prácticas laborales. La prioridad debería ser recuperar el contenido que perdimos con la pandemia”.
También se presentaron para ellxs interrogantes sobre cómo repercute el desempeño en las pasantías en las notas, y no saben qué pasaría si un padre o madre se opone a autorizar el inicio de las prácticas.
“Es un plan mal implementado, que carece de toda comunicación, que tiene un desorden de prioridades enorme el tema de la Secundaria del Futuro, porque nos llegan de la nada unas pantallas de 90 pulgadas para poner en las aulas que todavía no instalaron porque no hay quien lo instale, pero en este momento el Liceo por ejemplo falta papel higiénico, porque la cooperadora dejó de pagarlo y desde el gobierno de la Ciudad nos mandan una mensualidad que cubre solo 10 días del mes. Al no estar presentes en los colegios se hace muy difícil la implementación de lo que ellos sienten que puede funcionar”.
En cuanto a su opinión general sobre esta política pública, el alumno plantea que “es importante que haya una articulación entre los estudios y el trabajo”, pero “lo que hoy nos imponen desenmascara la desorganización del Gobierno de la Ciudad y la falta de comunicación con los colegios, los estudiantes, los docentes y las asociaciones cooperadoras, porque están muy distanciados de cómo funcionan las cosas dentro del colegio”.
En esa línea, recuerda también que el Liceo antes de la pandemia tenía un programa optativo de pasantías en el Museo Ana Frank que funcionaba bien, “estaba mucho mejor organizado porque sabían interpretar mejor las demandas de los estudiantes”.
Por todas estas incertidumbres, familias del Liceo 9 se organizaron para solicitar una reunión con el Rectorado y a la Supervisión a quienes presentarán un listado de preguntas, porque los pocos padres y madres que fueron mínimamente informados al respecto son solo aquellxs cuyxs hijxs fueron convocadxs a la práctica.
Flojos de papeles
A diferencia de las pasantías, las prácticas educativas laborales forman parte del diseño curricular de la Secundaria del Futuro, explicó el gobierno de la ciudad en un comunicado publicado a principios de este año.
En diálogo con El Grito del Sur el asesor tutelar de Cámara del Ministerio Público, Gustavo Moreno, advirtió que “la reforma ‘Secundaria del Futuro’ además de violar la legalidad en cuanto a la voluntariedad de las prácticas (Ley 3.541), implica la vulneración del derecho convencional y constitucional de las/os estudiantes a ser oídos a través de los Centro de Estudiantes, impidiéndose desde el GCBA la previa información y participación estudiantil en la implementación del plan educativo Secundaria del Futuro, el cual constituye además una vía de hecho -violando el principio de legalidad- al no haberse dictado el acto administrativo que impone necesariamente el art. 1 de la ley 33 para todo nuevo plan educativo”.
El Ministerio Público Tutelar integra el Poder Judicial de la Ciudad y tiene como objetivo el control de legalidad de los procedimientos, la promoción del acceso a la justicia y el respeto, protección de los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes.
“Se privó a las/os estudiantes de la garantía constitucional de acceso a la información pública, en virtud de la ausencia de información de infraestructura edilicia y de recursos humanos de los establecimientos educativos elegidos discrecionalmente, a lo que se sumó falta de información presupuestaria para la implementación del plan educativo”, concluyó Moreno.
Existe una causa judicial (recurso de inconstitucionalidad), tal como adelantamos en esta nota de El Grito del Sur –donde contamos todos los antecedentes-, que continúa sin avances por parte del Tribunal Superior de Justicia desde el 7 de septiembre de 2020. Es decir, hace un año y siete meses que el tribunal no da respuesta al respecto.
Por último, el gobierno aclaró que la iniciativa de prácticas laborales tampoco no contempla a los 3 mil estudiantes de las 52 Escuelas Técnicas ubicadas en el territorio porteño —39 de gestión estatal y 13 de gestión privada— ya que las mismas implementan Prácticas Profesionalizantes en en 5° y 6° año.
Regina y Sol
Regina Ciani, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior Nº 1 «Roque Sáenz Peña”, forma parte de la división que arrancó el miércoles de la semana pasada a cursar en la Unicaba. “Nos avisaron un par de días antes, nos dijeron que tenemos que ir por nuestros medios, que se iba a tomar asistencia ahí y nada más, en el colegio nadie sabía nada”.
“Estas capacitaciones son previas a la práctica laboral en nuestro caso porque nos dieron tres fechas para ir a la Unicaba, pero hay otros cursos de la misma escuela que fue solo el miércoles pasado a la capacitación y ya mañana empiezan con sus prácticas en una estación de servicio, pero tuvieron una sola capacitación y ya los mandaron a laburar en horario de clase”, explica la alumna.
En el caso del Normal 1, a diferencia del Liceo 9, a los padres y madres no les hicieron ningún permiso para ir a la Unicaba, y del colegio “no fue nadie a supervisar, no hubo ningún profesor acompañándonos mientras que cuando vamos a una visita guiada por ejemplo piden autorización y siempre hay alguien de la escuela”.
Por otra parte, Regina observa que hay profesores que a partir de las ACAP tienen que correr evaluaciones o acomodar sus clases durante los días que la división entera cursa en Unicaba y “está cerrando el bimestre, nos tienen que tomar prueba”, comenta preocupada.
Por último destaca que no tienen información acerca de a dónde van a ir a hacer las prácticas laborales.
A su vez, Sol Visconti, vicepresidenta del Centro de Estudiantes, opina que “el proyecto está bueno”, pero hay cosas que no le cierran “como que nos manden obligatoriamente, que no se nos prepare desde años anteriores, y que no hubo instancias de consulta con la comunidad educativa”.
Ambas cursan un secundario orientado a pedagogía y les tocó asistir a la clase de Educación financiera en la Unicaba. “No tiene mucho que ver con lo que estudiamos -dicen las dos-, ni lo que queremos estudiar y nos explicaron algunas cosas que ya sabíamos porque lo habían dado en Formación Ética y Ciudadana como por ejemplo: qué es el trabajo en blanco, qué es el trabajo en negro, los derechos que tenés. Pero también nos explicaron cómo funciona la AFIP, el CBU, CUIT, Clave fiscal, eso está bueno y lo dio una docente que nos dijo era universitaria”.
“El primer día estuvo bien -describen-, el lugar era casi nuevo, pero éramos muchos y había una columna en el medio del aula y no podíamos ver, no entrábamos”, en coincidencia con lo que había apuntado Amparo del Lenguas Vivas sobre la falta de cálculo en el aforo.
Repercusiones en sindicatos docentes
“Hoy las prácticas impuestas por el Ministerio de Educación de la Ciudad parecen ser un hecho, y siguen siendo lo que nosotros habíamos denunciado cuando fueron anunciadas por los medios, siguen la mismas dudas: no hay detalles sobre cómo y cuáles van a ser los espacios pedagógicos, quién va a hacer el seguimiento, que contenidos y aprendizajes se van a considerar, con qué docentes”, dijo a El Grito del Sur Marcelo Parra Sec de secundarias UTE Ctera.
“Lo que se confirma es que se restan 120 horas de clases para otras materias, que la obligatoriedad no respeta la ley de prácticas educativas, que en compromiso asumido por la ministra en el 2018 de conformar mesas de trabajo con la participación de la comunidad educativa tampoco se cumple, que el derecho de las y los estudiantes a la participación en cualquier tipo de modificación tampoco se cumple. Tanto las dudas como las certezas auguran un futuro muy preocupante para las y los estudiantes, sus familias y para toda la comunidad educativa”, concluyó.
También, desde Ademys señalaron que lxs estudiantes “no deben ser mano de obra gratuita y precarizada” y “lejos de constituir instancias de aprendizaje, estas pasantías laborales obligatorias constituyen un pérdida de horas de clase, de apropiación de conocimientos y experiencias educativas para utilizar a lxs estudiantes como mano de obra gratuita en diversos espacios laborales empresariales.
A su vez, el sindicato advirtió que como denuncian las escuelas y familias lxs jóvenes pierden horas de clase para asistir “a una fábrica de sanguches”.
