Sin la presencia de la ministra de Educación Soledad Acuña y con una Legislatura porteña vallada, este martes y miércoles referentes de sindicatos docentes y pocos actores de la comunidad educativa pudieron tomar la palabra ante diputados de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para plantear distintas perspectivas sobre el proyecto de ley de Reforma del Estatuto del Docente presentado por el Gobierno de la Ciudad, que iniciará la semana próxima su tratamiento legislativo con asesores. “Toda reforma que sea de espalda a los docentes, la rechazamos”, dijo a El Grito del Sur Eduardo López, secretario general adjunto de UTE.
El gremio presentó una serie de planteos en la Legislatura que van desde la titularización al cumplimiento del Estatuto, una ley de financiamiento educativo para recuperar el presupuesto que se perdió en estos años, volver al 30 por ciento de presupuesto que ahora es de 17 por ciento y una ley de paritarias para discutir entre trabajadores y empleadores y no mediante la Legislatura.
En cuanto a la titularización, López detalló: “Hace 10 años que estamos sin titularizar porque el gobierno porteño no hace los concursos. Pedimos la titularización de todas las áreas, niveles y modalidades, que sea fotográfica, masiva, con efecto cascada”.
Las áreas que piden titularizar están conformadas por alrededor de 10 mil docentes y son: Educación Media y modalidades, Técnica, Formación Docente y Formación Técnica Superior, Inicial y Primaria de los IFD, Equipos de Orientación Escolar, Equipo de Promoción de Vínculos Saludables, Socio Educativa, Celadores de Comedor, Artística y Cultura.
“El objetivo de estas leyes es intentar doblegar la libertad de cátedra docente porque educamos y nos consideramos maestros que enseñamos en base a las leyes y no peones de los funcionarios del Pro que tenemos que enseñar las políticas mercantilistas que ellos quieren. Hoy los profesorados están abiertos, hoy seguimos luchando”, concluyó López.
Por su parte, Marisabel Grau, secretaria de Prensa de Ademys, destacó que fueron los únicos en realizar un reclamo con cese de tareas y dijo a El Grito del Sur que el gobierno porteño “está vaciando la educación pública”. En ese sentido, también rechazan este proyecto porque consideran que se trata de una “reforma laboral” en la que el gobierno quiere “institucionalizar la designación a dedo, el premio a algunos docentes que cursen en los institutos que ellos consideran, por ejemplo la Unicaba o en instituciones privadas”.
En ese sentido denunció también “el negocio de las capacitaciones que se esconde detrás de este proyecto y el intento de vaciamiento de los profesorados en pos del establecimiento de la Unicaba”. Por otro lado, también exigen la titularización masiva para media, superior y socioeducativa porque significa tener “estabilidad laboral para un montón de docentes que la ministra Acuña quiere borrar de un plumazo”.
En la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se escucharon los aportes de les representantes de los gremios, que en su mayoría rechazaron de plano el proyecto o hicieron cuestionamientos.
Entre quienes rechazaron estuvo Angélica Graciano, secretaria general de UTE, quien recordó que las jornadas históricas de la discusión del Estatuto del docente en la Ciudad de Buenos Aires se dieron en el año 1984 y 1985 con debates en cada escuela, en cada distrito, en cada región, con conclusiones que luego la Legislatura sí tomó y lo hizo ley.
“El Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires es el estatuto de la democracia -remarcó Graciano- y todos los que participamos, estábamos convencidos de que era una herramienta fundamental para nuestros derechos, sobre todo para la estabilidad laboral, para los concursos, para el acceso igualitario a los cargos, para los antecedentes (académicos) sean tenidos en cuenta y considerados, y que además tengamos representación y todo eso sea con la representación que erigen las propias compañeras y compañeros, es decir, concursos públicos, abiertos, con igualdad de condiciones y con control de las propias trabajadoras y trabajadores. Y le agregaría, en este momento, con perspectiva de género, que es muy importante”.
En ese sentido adelantó que convocarán a plenarios de delegadxs para discutir los nuevos puestos de trabajo necesario “que no son los que propone la ley”.
Por su parte, Karina Costaguta -de la Unión Argentina de Maestros y Profesores (CAMYP)- indagó: “¿Qué entiende el Gobierno de la Ciudad sobre el fortalecimiento de la carrera docente? ¿Qué hace que un docente sea mejor que otro?, ¿Es el que más se capacita, el que carga más papeles en la plataforma online del gobierno? ¿Cómo lo miden? Los profesionales de la educación no creemos en procesos competitivos, creemos en trabajar en equipos pedagógicos, pensamos, reflexionamos y construimos conocimiento al interior de las escuelas. No trabajamos con ideales, trabajamos con realidades, situaciones que exceden cualquier evaluación parcial que cualquier funcionario pueda hacer desde su escritorio. El problema es que desprestigian la antigüedad docente y la carrera docente”.
En tanto, Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, destacó que se trata de una “reforma profunda de las condiciones de trabajo para la docencia, que no fue discutida como aquel proyecto del 84” y señaló que si bien es bueno que vayan a la Legislatura eso no implica un debate con la docencia sobre los alcances de este proyecto ni mucho menos sobre cuáles son las necesidades urgentes en las escuelas”.
También advirtió que este proyecto “introduce algo que hace tiempo el gobierno viene intentando avanzar, que es diferenciación salarial”, pero -agregó- “el punto de partida son salarios que están entre la línea de indigencia y la línea de pobreza en la docencia. Para poder llegar a fin de mes los docentes necesitamos tomar dos y hasta tres cargos. Si nosotros queremos discutir verdaderamente una mejora en la educación el problema salarial tiene que estar como primer punto, pero no como una capacitación a esas trabajadoras que después de 8 o 12 horas de trabajo tienen que salir a capacitarse sino con una reformulación de la jornada laboral donde la capacitación sea parte del horario de trabajo”.
En tanto sobre los nuevos cargos contemplados en el proyecto señaló que “no hay mención de si habrá partidas presupuestarias especiales para eso” y que “la torta -de la que habla el gobierno- sigue siendo la misma”.
Por último, la referente de Ademys apuntó que “esta reforma laboral no empezó ahora” sino que la modificación de las Juntas de Clasificación docentes en 2011 y la ley de Unicaba “fueron pasos en la eliminación de derechos” por la pérdida de transparencia y control de los trabajadores en la designación de los cargos.
Entre los sindicatos docentes que se movilizaron hacia la Legislatura este martes, también estuvieron la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Unión de Docentes Argentinos (UDA) y Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
En tanto, este miércoles también hubo un espacio en la Legislatura para el encuentro con la comunidad educativa. Allí, algunxs integrantes de las conducciones de escuelas (directivos, vices y secretarías académicas) del Distrito 9 y 1 defendieron el proyecto tal y como está presentado sin plantear ningún cuestionamiento sino más bien un agradecimiento a la gestión actual de la ministra Acuña e hicieron hincapié en la necesidad de la creación de esos nuevos cargos, sin mencionar la falta de titularización de otros cargos, ni la necesidad de mejorar las condiciones laborales, o la falta de presupuesto, ni mencionar los problemas en infraestructura, que otrxs denuncian.
En ese sentido también destacaron al proyecto como algo que les permitirá “jerarquizar” o “fortalecer” el rol docente y resaltaron que hubo un proceso de participación de sectores de la comunidad educativa del que fueron parte.
Pero también se presentaron docentes y directivos de otras áreas y escuelas que manifestaron que el proyecto es insuficiente porque los excluye y plantearon múltiples preguntas. Entre ellos se destacaron los representantes de los 29 Institutos de Formación Docente (IFD), los de los Programas Socioeducativos y de los Equipos de Promoción de Vínculos Saludables.
La rectora del Instituto de Enseñanza Superior Juan B Justo y presidenta del Consejo de rectores y rectoras de los 21 IFD de la Ciudad de Buenos Aires, Estela Fernández, advirtió que “los institutos vienen padeciendo un vaciamiento” y se los está “dejando morir” desde la ley de creación de la Unicaba en 2018 y también por la falta de titularización de los docentes para el nivel superior, que cada vez son menos y los que quedan se van jubilando. En ese sentido, explicó que lxs docentes interinos que tienen intenciones de conducir los institutos no tienen posibilidad porque su última titularización fue en 2013”.
En la misma línea, Martín García Sastre, regente del Lengüitas, Profesorado de Lenguas Extranjeras, advirtió sobre una contradicción que padecen: “¿Desde qué lugar se está fortaleciendo la carrera docente cuando los Institutos de formación docente desde el 2018 viven un proceso de franco declive? No podemos apoyar un proyecto así, donde no participamos de ninguna toma de decisión”.
A su vez, otrxs docentes que reclamaron titularización y cuestionaron el proyecto presentado por el ejecutivo porteño fueron los de los Programos socioeducativos.
“Los docentes están en las escuelas en este momento -advirtió, luego de escuchar la defensa del proyecto por parte de conducciones de otras escuelas, el docente Gabriel Lugo del Programa ‘Maestro + Maestro’, dedicado a trabajar en el proceso de alfabetización en primaria-, si no pueden tener realmente una participación activa en este proceso, esto se parece más a una ficción que a un debate real” y pidió que se desarrolle una serie de jornadas institucionales con suspensión de clases para que la docencia pueda realmente profundizar la lectura y elaborar un diagnóstico preciso de cuáles son la problemáticas y también las posibles soluciones, es decir “hacer a la docencia protagonista de los cambios necesarios”.
Además, advirtió sobre un problema de “chantaje” porque la cláusula de titularización de un segmento de los docentes de nivel medio dentro de la reforma del Estatuto “hay una cantidad de docentes que están quedando afuera de esa eventual titularización”.
En tanto, Anahí Burkart Noë, socióloga docente en el Programa Formación de Espectadores y en el Programa Adultos 2000, contó que es interina desde hace 11 años y que ven el “achicamiento y recorte en goteo”, que repercute directamente en la calidad educativa que reciben niñas, niños y jóvenes en la Ciudad. Los programas socioeducativos -explicó- trazan puentes entre la educación y las artes, y “es una huella muy importante que queda en la subjetividad de los alumnos y alumnas” en espacios vinculados con la danza, el cine, el teatro, el ajedrez.
En tanto la docente Alicia García Tuñón, jubilada de nivel medio de Artística, remarcó después de escuchar a quienes defendieron el proyecto: “¿De qué participación nos hablan? Eligieron sólo a algunos para que participaran de esas reuniones, no sabemos con qué criterios, quizás algunos son sus votantes, a algunos se les protegieron sus cargos directivos y no fueron a concursos justamente por participar de las reuniones, conozco casos”, ironizó.
Y añadió que el aumento en pesos de estos nuevos cargos, con 15 años de antigüedad, equivale a $2700.
Hacia el final, una docente de nivel inicial, Emilce Rodriguez, llegó a las corridas a la Legislatura luego de su jornada laboral y contó que este martes hubo un encuentro de la gestión que se hizo vía meet y las primeras cosas que aparecieron ahí son: “para qué, cuándo, cómo, especialista en qué temática, en dónde se va a aplicar. Ninguna de todas esas preguntas tuvo respuestas por parte de los representantes del ministerio”, aclaró. En ese sentido, Rodriguez hizo un punteo de acciones que para ella significarían un real fortalecimiento de la carrera docente: la titularización, no pretender el cierre del Palacio Ceci o del Jadín Indira-Gandhi para “hacer negocios” con el vino y la cerveza, reconocer que faltan más de 50 mil vacantes.
Por último, también el Equipo de Promoción de Vínculos Saludables, que fue creado por el Ministerio de Educación de la Ciudad en el año 2012 -hace 10 años- para trabajar como un equipo de apoyo a las Escuelas Públicas Primarias y Medias y está conformado por 36 profesionales para la totalidad de las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, llevó sus reclamos a la Legislatura. “Trabajamos para terminar contra la discriminación y la exclusión de niñas y niños promoviendo el diálogo como formas de resolver los conflictos y padecemos nosotros la exclusión y discriminación hace 10 años”, dijo Ivan Matias Sucari, sociólogo en el equipo marcando otra paradoja, al pedir se incluidos en la titularización.
La legisladora del Frente de Todos Maru Bielli cerró el encuentro con algunas aclaraciones. Destacó que hubieron sucesivas reformas del Estatuto que no se han presentado como proyectos de ley y se han hecho por resoluciones del Ejecutivo, también que hay proyectos presentados en la Legislatura con anterioridad a este proyecto que plantean la titularización de lxs docentes y que éstas encabezarán la discusión en la Comisión. A su vez, pidió revalorizar a los institutos de formación docente e invitó a lxs legisladores a salir de la Legislatura y recorrerlos como una actividad institucional de la comisión de Educación.
“Creemos que este proyecto se queda corto en muchas cuestiones y que son dos proyectos que engloban dos temas muy profundos, complejos y distintos: la importancia de la titularización y la importancia de estos nuevos cargos”, concluyó Bielli.
