Existe un consenso social generalizado que indica que el régimen de licencias parentales vigente debe modificarse y ampliarse. Sin embargo, el proyecto de Ley “Cuidar en Igualdad” -enviado al Congreso de la Nación y presentado el lunes pasado por el Presidente- es aún más integral y abarcativo. La ambiciosa iniciativa no se limita a los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia, sino que busca crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA) que tiene como objetivo reconocer el derecho de todas las personas a recibir y brindar cuidados, así como también el derecho al autocuidado.
Antes de adentrarnos en los puntos claves de esta nueva normativa, es necesario preguntarse qué se entiende por “trabajo cuidado” y a qué tareas corresponde. El documento del proyecto de ley lo define como “todas las actividades que hacemos a diario para asegurar nuestra subsistencia y la de los demás. Cocinar, limpiar, ordenar, hacer las compras o estar al cuidado de niñas, niños, personas mayores o personas con discapacidad que requieran apoyos de algún tipo. Son tareas relacionadas con la reproducción, el bienestar y el sostenimiento de la vida, porque todas, todes y todos fuimos, somos y seremos cuidados en algún momento de nuestra vida”.
La novedad de esta iniciativa, amparada en legislaciones de países como Italia, Francia o España, es que reconoce a nuevos actores en la cadena del cuidado, superando estereotipos en la división sexual del trabajo que impactan de manera negativa y desigual dentro del hogar, generan discriminación hacia las mujeres y LGBTI+ en el mundo del trabajo y excluyen a la diversidad de conformaciones familiares del acceso al derecho a cuidar y recibir cuidados.
Lucía Cirmi, economista feminista y subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, aseguró a El Grito del Sur que el derecho que se pretende subsanar con esta medida es “la distribución social del trabajo cuidado”. Para la funcionaria, el fin último tiene que ver con “volver a los cuidados una cuestión de Estado y que no sea sólo una cuestión familiar”. Que deje de ser un trabajo del espacio privado que se relega a las mujeres para que se exteriorice y se haga partícipe a toda la sociedad. Cirmi explicó que el proyecto establece cuatro poblaciones prioritarias: la primera infancia, las personas mayores que requieren de algún grado de apoyo, las personas con discapacidad y las personas que brindan cuidado. En esta última se abren dos vertientes: quienes brindan cuidados en el ámbito familiar y quienes trabajan de manera asalariada en los cuidados.
Uno de los puntos más llamativos de esta batería de medidas, además de reconocer e incluir a nuevos actores que estaban invisibilizados en las tareas de cuidados, es la ampliación de licencias preexistentes y la incorporación de otras que no existían en nuestra legislación. Concretamente el proyecto prevé:
-Extender la licencia para personal gestante de 90 a 126 días. La categoría “personal gestante” incorpora a otras identidades de género a la licencia, en consonancia con los avances normativos y culturales en materia de diversidad y género.
-Ampliar licencias para personas no gestantes de 2 a 90 días. Se prevé que sea de forma progresiva y escalonada por un período de 8 años a partir de entrada en vigencia la Ley.
-Crear licencias para futuros adoptantes y licencias por adopción. Serán 90 días para personas gestantes y no gestantes.
-Reconocer el derecho a cuidar a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos a través de la creación de una asignación para personas gestantes, no gestantes y por adopción.
-Incorporar una asignación para el personal de las casas particulares de, como mínimo, un Salario Mínimo, Vital y Móvil.
-Promover el trabajo de cuidados remunerado, obligando al Poder Ejecutivo a crear un registro nacional de trabajadoras y trabajadores del cuidado.
La subsecretaria agregó que este proyecto “impacta positivamente en la productividad de los trabajadores y trabajadoras, no hay que esperar a ser un país más desarrollado sino que es un vehículo para ser mejores”. Uno de los ejes más objetados de esta política es la responsabilidad que asumen las empresas en el costo de su implementación. “Nosotros resolvimos eso financiando las licencias por la seguridad social. Es decir, los empleadores y empleadoras cubren este derecho de forma solidaria como cualquier otra asignación del Estado”, explicó Cirmi. “Esto quiere decir que 2 millones de personas van a tener el derecho al goce de la licencia por primera vez en su vida”.
En cuanto al carácter obligatorio de las licencias, la funcionaria expresó que “si no son obligatorias los varones no las toman porque, en el mundo del trabajo, lo opcional tiene otro costo con nuestro empleador”.
Para que las tareas de cuidado, inestimables para el sostenimiento de la vida, no recaigan casi exclusivamente en las mujeres, sobrecargando en especial a las mujeres más pobres, se ideó este conjunto de medidas. De esta premisa parte Natalia Gherardi, abogada y Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una de las organizaciones que participaron en la redacción y elaboración del proyecto de ley. “Es importante promover un cambio cultural profundo: el cuidado debe ser concebido como una responsabilidad social compartida”, expresó.
“En los estudios que hemos desarrollado desde ELA, con empresas de distinta envergadura que llevan varios años implementando políticas de cuidado, descubrimos que los empleadores reconocen que hay una mejora en el clima laboral, se fortalece el compromiso con el lugar de trabajo y esto contribuye a la productividad”, argumentó Gherardi. Algunas de las grandes empresas que, bajo distintas modalidades, pusieron en práctica este tipo de políticas son Microsoft, Avon, Natura, Santander y Red Link, entre otras.
Para que todes les destinataries del plan integral de cuidado accedan plenamente a este derecho, deben sortearse varias barreras que, en la actualidad, potencian la desigualdad. Para la especialista, “el obstáculo más importante es la residencia donde se garantiza el cuidado, hay una gran deuda con la disponibilidad de servicios para el cuidado de personas mayores, primera infancia y un sistema de apoyos que contribuya a la autonomía de las personas con discapacidad”.
Esta iniciativa no es única, los distintos bloques tienen proyectos en temas de licencias de cuidados, pero sí marca un precedente en la inclusión de sujetos que, con la normativa actual, se encuentran desprotegidos por causas de distintas índole.
