En lo que va de su segundo mandato como Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta hizo crecer de manera exponencial el número de cargos jerárquicos en la estructura del Ejecutivo porteño, lo que en la jerga política se conoce como “ravioles”. Entre fines de 2019 y marzo de este año realizó 39 nombramientos, repartidos entre secretarías de Estado, subsecretarías y direcciones generales, con sueldos que van desde los 360 mil hasta los 499 mil pesos brutos.
De esos 39 nuevos “ravioles” —el nombre viene del dibujo que toman en el organigrama del Estado—, seis fueron designados durante la primera ola de la pandemia, en 2020; 18 durante 2021, y los 15 restantes en lo que va de este año. La mayoría de los cargos fueron a través de direcciones generales, unas 28 en total. La lista la completan nueve subsecretarías y dos secretarías. Los datos provienen de un informe del Ejecutivo porteño en base a un pedido de acceso a la información pública de El Grito del Sur.
El caso de las direcciones generales es el más llamativo. Las 28 nuevas que Rodríguez Larreta se dio el gusto de crear en poco más de dos años representan el 11 por ciento del total de las direcciones generales con que hoy cuenta la Ciudad, más de 250 tomando todos los ministerios y las áreas de gestión, según consta en la página web del Gobierno porteño. El número pondría los pelos de punta al sector de Juntos por el Cambio que pide achicar el Estado y exige “un gesto de la política” cada vez que se intenta gravar las ganancias del poder económico concentrado.
Entre las nuevas direcciones pican en punta las que están abocadas a la comunicación y la publicidad del Ejecutivo, una de las obsesiones del Jefe de Gobierno. En marzo de este año, un decreto modificó la estructura del área y creó las DG de “Arte, creatividad y producción”, “Comunicación Interjurisdiccional”, “Vinculación Directa” y “Comunicación con el sector privado y el tercer sector”. En ese mismo lapso Larreta creó también el antes inexistente cargo de «ministro de gobierno» para hacerle un lugar al ex intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien desembarcó con su propia gente.
Algunos de los nombres designados, además, vienen con polémica. Un caso aparte es el de Gonzalo Straface, nombrado al frente de la Coordinación del Sistema Integral de Prácticas, la dirección que coordina las pasantías de los estudiantes secundarios. Gonzalo es hermano del secretario de Relaciones Internacionales porteño y mano derecha de Rodríguez Larreta, Fernando Straface. Ya había tenido un paso por la Legislatura porteña y, antes, por el ministerio de Modernización durante el paso de Mauricio Macri por la Rosada, bajo el ala del ex ministro Andrés Ibarra, conocido por haber despedido más de 30 mil empleados públicos. Gonzalo cobra unos $360 mil brutos por mes.
Ajuste en el sector público
Este medio consultó al Ejecutivo porteño sobre la planta total de empleados públicos y el mismo se mantiene prácticamente estable, con un incremento de apenas seis mil empleados desde 2019 a la fecha: pasó de 152.302 en aquel año a 156.579 a marzo de 2022.
Ese aumento prudente se explica en gran parte por la incorporación de unos 7 mil trabajadores en el Ministerio de Salud a partir de la pandemia, que se compensa con un ajuste paulatino en otras áreas sociales sensibles como Educación y Desarrollo Humano. En Salud, la planta pasó de 43.853 trabajadores en 2019 a 50.290 este año; mientras que en Educación y Desarrollo perdieron 600 empleados cada uno en ese mismo período.
Eso sí: para la campaña los recursos están. El área Jefatura de Gobierno, que depende exclusivamente de Rodríguez Larreta, se incrementó en la misma proporción en que se ajustaron Educación y Desarrollo Humano: saltó de una dotación de 4786 en 2019 a 5263 en 2022.
Del análisis fino de los datos, se desprende además que el Ejecutivo no resolvió la situación de precarización laboral, que alcanza al 74 por ciento de los estatales porteños, tal como contó El Grito del Sur.
Además, se redujo considerablemente la cantidad de personas con discapacidad dentro de la administración: pasó de 2919 a marzo de 2019 y a menos de 2730 al mismo mes de este año. Un claro retroceso, muy lejos del 4 por ciento que se le exige a los Estados por ley, aunque desde el Ejecutivo se excusaron en que “las cifras son dinámicas, por lo que se encuentran en constante cambio”.
