Las tasas de trabajo informal en Argentina son preocupantes. Y si bien no existen datos concluyentes que puedan orientar con seriedad el debate, sabemos que alcanzan una magnitud de las que todavía no se han sacado suficientes conclusiones. Así, las estadísticas con las que contamos, sin una evaluación integral, pueden resultar contradictorias, o al menos construir una imagen de la realidad que no es aquella que viven a diario millones de argentinos y argentinas.
Según los últimos datos del INDEC, el desempleo cayó al 7 por ciento en el cuarto trimestre de 2021, el nivel más bajo de los últimos 5 años, algo que podría ser motivo de celebración si no se contemplara que de los 300 mil puestos de trabajo creados entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado, solo 100 mil fueron “en blanco”. A esta cifra se le puede añadir que el 33,3 por ciento de los asalariados -un poco más de 3 millones de trabajadores- no posee descuentos jubilatorios ni cobertura social. Situación que se agravó durante la pandemia y cuya solución no está a la vista.
Otro factor a tomar en cuenta es el progresivo incremento de la subocupación, que pasó del 8,2 por ciento en el primer trimestre de 2020 al actual 12,1. Y un dato más: durante la cuarentena se perdieron alrededor de 185.000 puestos de trabajo formales. Estos trabajadores y trabajadoras, que quedaron fuera del mercado laboral, se reintegraron nuevamente pero de modo informal. Esto explica de alguna manera que los indicadores de ocupación se han mantenido similares a los de la pre-pandemia, pero con un traspaso relativo del sector formal al informal. El boom que protagonizó el reparto por aplicación es quizá el ejemplo más notable de esta traslación.
Pero el asunto no se detiene allí. Un análisis reciente del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), utilizando datos del INDEC y un relevamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, concluyó que alrededor del 35 por ciento de las y los trabajadores se encuentra en la informalidad. La cartera que encabeza Matías Kulfas identificó, sobre 14 sectores analizados, aquellos que tienen un nivel de empleo no registrado más elevado: el servicio doméstico (75%), la construcción (67,8%) y la agricultura y ganadería (55%). No sorprende en lo más mínimo que estos sectores sean al mismo tiempo los que poseen primas salariales más bajas.
En este contexto, no se debe obviar el lugar que ocupa la llamada Economía Popular en nuestro país. Un fenómeno que se ha ido consolidando en las últimas décadas reconfigurando los lazos sociales y en particular las relaciones de trabajo, y que reivindica un tipo de producción que se relaciona estrechamente con la economía familiar o la producción de bienes y servicios para mercados locales o con baja institucionalización. Para algunos, este nuevo tipo de formalización de ciertas prácticas laborales ha permitido sostener los ingresos de los sectores más vulnerables, integrándolos al mercado de trabajo. Para otros, en cambio, ha convertido en regla la informalidad y la precarización de ciertas relaciones laborales, en nombre de -si se me permite la expresión- una nueva subjetividad económica que vino a “competir” con el trabajo de calidad y bien pago.
Más allá de la óptica con la que se analice la cuestión, los datos del Registro Nacional de los Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) son irrefutables y pueden ofrecernos ciertas pistas hacia dónde ha migrado una parte importante del empleo: de julio de 2020 al 12 de febrero de 2022 se registraron 3.225.268 personas. El informe indica que en 9 provincias del noreste y noroeste del país (Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) hay más inscripciones al registro de la economía popular que al empleo asalariado privado destacándose que 1.091.493 de personas se encuentran inscriptas en la Provincia de Buenos Aires.
Por si fuera poco, un informe del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA) -vinculado a la CTA- estima en base a datos oficiales un muestreo mayor, ubicando en el universo de la economía popular a 4.278.751 personas. Sin embargo, en base a las estimaciones que proyectan desde la UTEP, los cálculos son mayores y la población que podría encuadrarse en dicha categoría ronda las 6 o 7 millones de personas, un número cercano al de trabajadores no registrados según el INDEC.
Si bien es cierto que conceptualmente la economía popular no debería ser sinónimo de informalidad, la realidad parece demostrar lo contrario: solo alrededor de un 5 por ciento de trabajadoras y trabajadores inscriptos en el ReNaTEP se encuentran anotados en alguna categoría tributaria.
Entre las medidas que ha adoptado el oficialismo para revertir esta situación sobresale el Decreto 711/21 de Alberto Fernández, cuyo objetivo es convertir los planes sociales en trabajo formal y empleo genuino y establece que los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social deberán instrumentar, para quienes reciben el beneficio de los programas de ayuda social, los mecanismos que les permitan acceder a una relación de trabajo formal. También cabe destacar el proyecto de ley “Programa integral más y mejor trabajo argentino” impulsado por la senadora del FDT, María de los Ángeles Sacnun, que busca facilitar el acceso al empleo formal a través de incentivos para empresas que contraten trabajadores que reciben programas sociales.
De todas maneras, el mapa de la informalidad en la Argentina es complejo, y requiere de un abordaje multisectorial, con una fuerte presencia estatal para ubicar en el centro del debate la necesidad de un empleo genuino, de calidad y con salarios dignos.
