«La extorsión de la Justicia jujeña empezó conmigo y ahora sigue con otros sectores»

⚖️ Impulsado por diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos, este lunes se presentó un proyecto de ley para promover la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy. "Llama la atención que con Jujuy casi todos miren para el costado", dijo Milagro Sala.

Diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos (FdT) presentaron este lunes un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para promover la intervención federal al Poder Judicial de Jujuy, frente a lo que definen como «las prácticas autoritarias» en la provincia gobernada por Gerardo Morales. La iniciativa tiene lugar mientras la dirigente social Milagro Sala se encuentra presa desde hace más de seis años.

El proyecto es impulsado por los diputados Federico Fagioli, Itai Hagman, Leonardo Grosso, Natalia Souto, Eduardo Toniolli, Natalia Zaracho y Juan Carlos Alderete. Según explicaron los firmantes, «el objetivo de la iniciativa es garantizar la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el sistema democrático». De esta forma se busca designar a un Interventor Federal y declarar en comisión a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y al titular del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy. 

En sus fundamentos, el proyecto de ley plantea que «el gobernador Gerardo Morales tiene la clara intención de vaciar el Superior Tribunal de Jujuy para armar uno nuevo y realizó pedidos de juicio político contra tres de sus integrantes actuales que se le suman a los tres ya promovidos la semana pasada». «Jujuy ha sido una matriz del modelo de armado de causas y uso político de la justicia, con el abuso de las prisiones preventivas y la designación de aliados/as en los tribunales por estas razones», agrega.

La persecución sistemática a dirigentes políticos y la criminalización de las organizaciones sociales por parte de los diferentes poderes del Estado -con una centralidad en el Poder Judicial de la provincia- ha sido otra de las insignias de la gestión Morales. Milagro Sala lleva ya 6 años y 3 meses privada de la libertad, teniendo que atravesar seis juicios orales y públicos. El ataque a la referente jujeña tuvo como objetivo desarticular a la Tupac Amaru, actor político de peso en la Provincia de Jujuy. Dicha estrategia combinó acciones institucionales del Poder Ejecutivo, una fuerte estigmatización por parte de los medios de comunicación hegemónicos y, sobre todo, la utilización del Poder Judicial.

Durante la presentación del proyecto, realizada este lunes en la Cámara de Diputados, Milagro Sala estuvo presente a través de videoconferencia y señaló que el gobierno de Jujuy «lleva adelante pinchaduras de teléfonos y hasta queman autos contra quienes protestan».

El proyecto de ley plantea que «el gobernador Gerardo Morales tiene la clara intención de vaciar el Superior Tribunal de Jujuy para armar uno nuevo y realizó pedidos de juicio político contra tres de sus integrantes actuales que se le suman a los tres ya promovidos la semana pasada».

«La extorsión de la Justicia jujeña empezó conmigo y ahora sigue con otros sectores. Tengo mucha indignación con lo que sucede en Jujuy. La Justicia debe ser intervenida porque hay personas que no pueden salir a pedir un pedazo de pan ni comida para los comedores porque les hacen la contravención. Lo mismo ocurre con los familiares de femicidios, que no pueden salir a pedir el esclarecimiento de los casos. Llama la atención que con Jujuy casi todos miren para el costado», dijo la dirigente social. Acompañaron la presentación del proyecto Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande, y Sergio Maldonado, hermano de Santiago y referente de DD.HH. También envió un mensaje grabado de apoyo el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni.  

La detención de Sala, quien hoy cumple arresto domiciliario, no es el único caso de avasallamiento a los derechos humanos: también aparecen otros como el hostigamiento y las detenciones arbitrarias recurrentes contra la Asociación de Ambulantes Feriantes y Afines Agremiados (AFAAJ), así como la imputación de delitos a las autoridades del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL). Otro hecho similar fue el juicio contravencional por una protesta realizada el 15 de diciembre de 2020, bajo la premisa «Una Navidad digna, con trabajo y sin hambre», que concluyó con multas sobre organizaciones sociales y algunes de sus referentes.  

Un Poder Judicial al servicio de Morales

Al comienzo de su mandato, el gobernador Gerardo Morales logró la ampliación del Superior Tribunal de Justicia (STJ) jujeño: éste pasó de 5 a 9 miembros mediante una reforma legislativa, con la particularidad de que dos de los diputados que votaron la modificación asumieron como integrantes del mismo: Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Quien hoy se desempeña como presidente del Tribunal, Federico Otaola, también había sido legislador de la UCR y candidato a vicegobernador en 2011 en fórmula con Morales. 

Esta serie de irregularidades fueron denunciadas por el ministro del Interior Wado de Pedro, tras visitar a Milagro Sala a comienzos de este año. «Me preocupa que el ex presidente del Tribunal (en referencia a Pablo Baca) reconozca en audios que una dirigente opositora está presa ¨por la necesidad política de su Gobierno y no por sus delitos¨», dijo el funcionario nacional.

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