«La mitad de los pibes y pibas son pobres y no hay políticas para este sector»

👫 El 51,4 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país vive en situación de pobreza. El asesor tutelar de Cámara Gustavo Moreno denuncia que el acuerdo con el FMI solo agravaría la situación de las infancias.

La discusión en torno a la solidez del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene diversos planos y niveles, la soberanía económica impera en el debate, pero esta dimensión está estructuralmente determinada por el consecuente impacto social que tendrá el plan macroeconómico. El debate público que se dio en los meses previos a la aprobación del acuerdo tuvo como eje principal los efectos económicos de la deuda, pero si acercamos la lupa vislumbramos su posible impacto en las infancias, en un país donde la mitad de los niños, niñas y adolescentes son pobres.

Gustavo Moreno es secretario General de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) y viene trabajando sobre el endeudamiento y derechos sociales hace mucho tiempo. En mayo de este año publicó el artículo “Breves reflexiones jurídicas sobre la deuda externa y los derechos sociales de la infancia”, donde destaca la relación entre endeudamiento externo de un Estado y su responsabilidad sobre los derechos sociales, específicamente los de la infancia. Allí subraya el compromiso que tienen “los organismos multilaterales de financiamiento -como el FMI-, y acreedores de los servicios de la deuda externa, con las políticas internacionales de derechos humanos, y cómo los mismos no pueden obligar a los países deudores a aceptar políticas de ajuste estructural o de reestructuración económica que comprometan estándares mínimos de derechos humanos”. En diálogo con El Grito del Sur, Moreno explicó cuál es el límite económico de cualquier acuerdo internacional.

¿Cuál es la preocupación que motiva la redacción de este artículo?

Lo que más me preocupa es que, a pesar de que el Gobierno reconoce el dato de que más de la mitad de los chicos están en situación de pobreza (51,4%), no hay una transparencia en los gastos reales destinados a las políticas públicas de la infancia. De hecho, lo único que presentó el Gobierno en el acuerdo con el Fondo fue el compromiso de mantener las políticas de asistencia que ya se encuentran vigentes, como la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo y las Becas Progresar. Yo creo que con eso no alcanza: sostener estas medidas está muy bien pero cómo vamos a hacer que esa población de chicos pobres pueda avanzar en el futuro. Existen normas internacionales que son de carácter nominal y declarativa respecto a los derechos de la infancia, pero no hay un compromiso en nuestro país de ajustarnos a esas normas en la negociación con el Fondo.

Concretamente, ¿cuáles son los derechos sociales de los niños, niñas y adolescentes?

Los derechos son múltiples. Tenés los intrafamiliares que tienen que ver con la violencia en el interior del grupo familiar. Después, los derechos sociales de las infancias que tienen que ver con la vivienda; la alimentación y la nutrición; la salud, hay enfermedades endémicas que son propias de esa edad; la educación. ¿Cómo vamos a invertir en tecnología educativa?

Parte de la coalición gobernante sostiene que se llegó al mejor acuerdo posible. ¿Estás de acuerdo con esa postura?

Mis reflexiones son jurídicas y no económicas, pero sostengo que no puede haber crecimiento con chicos pobres. Si me dicen que esto va a ser un crecimiento de la economía con poca inflación y vemos que el IPC va a superar el 60%, cuando programaron un 30% anual, evidentemente hubo un mal cálculo. No digo que sea el mejor o el peor acuerdo, pero la cotidianeidad de la gente que yo veo como Defensor de Menores no está satisfecha, ni siquiera en un distrito rico como la Ciudad de Buenos Aires. Es necesario un plan económico que refleje la realidad de los pibes. La infancia sigue siendo un número estadístico que no transforma nada, no se atiende a la urgencia de las necesidades básicas insatisfechas, que no son otra cosa que derechos sociales vulnerados. La frase “los únicos privilegiados son los niños” no se ve reflejada en los números.

¿Qué tipo de acciones debería poner en práctica el Estado para responder a estos datos alarmantes?

Se necesitan políticas focalizadas y una decisión del Gobierno de invertir parte del presupuesto en programas que eleven el nivel de la infancia y la adolescencia, y no quedarnos sólo con políticas de contención asistencial. No se trata de un gobierno o de otro, ninguno tiene un plan destinado a este sector de la población. Necesitamos contar con información sobre cuánto se va invertir en educación. Hoy, por ejemplo, tenemos un déficit en la cantidad de establecimientos del nivel inicial y para este caso la respuesta estatal debe ser tan sencilla como destinar presupuesto en infraestructura escolar.

Hay algunos proyectos de ley en ese sentido, como “Cuidar en Igualdad” que contempla, en uno de sus puntos, que se asigne parte del presupuesto en infraestructura para el cuidado de los niños y niñas.

En la Argentina estamos llenos de voluntades y de leyes que no son efectivas porque no hay una asignación presupuestaria y recursos que garanticen ese derecho. Por eso digo que las leyes son nominalistas, porque si no hay plata para poder concretarlas es un derecho vacío que no sirve para nada. Históricamente no se advierte una transparencia en el gasto público de la infancia. Podemos ver algunas variaciones, pero evidentemente seguimos con un montón de niños y niñas pobres que los vemos pasar en la calle y los naturalizamos. El Gobierno no es transparente en cómo y cuánto va a invertir los próximos recursos del gasto público y en cuáles van a ser las políticas para la infancia.

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