Para el gobierno porteño hay menos gente en situación de calle que hace un año. El conteo oficial realizado a mediados de abril por censistas del programa Buenos Aires Presente (BAP), al que accedió El Grito del Sur, arrojó como resultado unas 2548 personas sin techo en la Ciudad, de las cuales 1010 duermen a la intemperie y otras 1538 lo hacen en paradores y centros “de inclusión”. Unas 25 menos que al mismo mes de 2021, cuando se registraron 2573 en total, 968 en la calle y 1605 a resguardo.
Si se toma únicamente el registro de las personas contadas en “ranchadas” o durmiendo solas a la intemperie, el número permanece prácticamente estable. En 2017 fueron 1066; en 2018, 1091, y en 2019, 1147 (en 2020 no se realizó por la cuarentena). “Es una constante que no es casualidad, el número oficial es una construcción política”, explicó Jorgelina Di Iorio, investigadora del Conicet y militante de la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle. “El resultado construye política pública y cada vez hay menos recursos disponibles”, remarcó.
“Pareciera que ni las sucesivas crisis, ni la pandemia, ni los cambios de gobierno, nada impacta en el conteo de la Ciudad, que curiosamente da todos los años el mismo resultado, alrededor de los mil. Es una tendencia que se da incluso desde los primeros censos oficiales, hace una década”, sostuvo Di Iorio.
El relevamiento oficial de este año en la Ciudad tuvo una particularidad: sirvió como una suerte de ensayo para que el INDEC realizara el suyo propio como parte del capítulo destinado a la gente en calle del censo nacional de población, una novedad histórica para el organismo. Los funcionarios nacionales prácticamente calcaron la metodología implementada todos los años por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y la Dirección de Estadísticas y Censos porteña. Para las organizaciones, precisamente por ese motivo, se desperdició una oportunidad inigualable para conocer la dimensión y la profundidad de la problemática.
“Nosotros nos cansamos de resaltar que la metodología de la Ciudad incurre en un subregistro. Si bien nos parece inclusivo que el INDEC haya incorporado a la población en calle por primera vez en el censo, debió convocar a las organizaciones que conocen la calle y la recorren todos los días para ir a fondo”, remarcó Di Iorio.
En la misma línea, la ONG Proyecto 7 presentó una denuncia ante el INADI por discriminación contra el titular del INDEC, Marco Lavagna. El argumento es que los propios censados y sus organizaciones no fueron consultadas ni invitadas a participar. Incluso hicieron un acampe frente a la sede porteña del organismo. Para su referente, Horacio Ávila, hay más de diez mil personas sin techo en la Ciudad, diez veces más que las que contó la Ciudad.
Consultado por este medio, el funcionario encargado del apartado de gente en calle del INDEC afirmó que la metodología implementada busca “una foto” de esa población durante una sola noche, para “evitar duplicaciones”. Es el mismo argumento que esgrime la ministra de Desarrollo porteña, María Migliore.
“Mas allá de cuántos días dure el censo, el problema pasa por la intención política. Hubo distritos del interior, como Paraná o San Salvador de Jujuy, en las que se hizo una campaña de concientización con la gente en calle para que sea censada, igual que el Gobierno nacional hizo con todo el resto de la gente para el día del censo se quede en su casa. Quedó demostrado que no es tan difícil. En la Ciudad, por el contrario, pasaron con funcionarios de Espacio Público y efectivos de la Policía porteña para barrer las calles y que el número fuera menor”, contestó Di Iorio.
Voceros del organismo aseguran que los datos definitivos del censo nacional podrían conocerse durante los próximos ocho meses. La preocupación de las organizaciones pasa porque seguramente dé menos incluso que el de la Ciudad. Eso podría impactar en la implementación de la ley nacional de personas en situación de calle sancionada a fines del año pasado por el Congreso y que todavía espera para ser implementada y que los programas de inclusión habitacional y laboral cuenten con fondos para funcionar.
Desde la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, en tanto, lanzaron una campaña en redes sociales en la que se ven personas de distintas ranchadas portando un cartel con la consigna “A mi no me censaron”. “Varios compañeros se animaron a decir que no fueron censados. Y son muchos, y mostraron sus caras. La intención era mostrar que hay vidas que cuentan”, concluyó Di Iorio.
